A dos mujeres les negaron el acceso a abortos no punibles, aun después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo pasado. La denuncia forma parte del informe que elaboraron diez organizaciones de la sociedad civil para llevar al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza en Ginebra. El trabajo sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos señala que cada año mueren 77 mujeres por causa de abortos practicados de manera insegura. “En Argentina hay más de un aborto clandestino por cada dos nacimientos. Según cifras del Ministerio de Salud, en 2009 se registraron 745.000 nacidos vivos. Estimaciones realizadas en 2006 indican que en el país se practican entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, dicen las ONG sobre la legalización del aborto.

El informe se enfoca especialmente en el acceso al aborto no punible. “Las consecuencias de la obstaculización sistemática han llegado a provocar severos daños físicos y psíquicos a las mujeres, incluso la muerte”, dicen las ONG y rememoran el caso de Ana María Acevedo, una joven de 20 años, del norte de Santa Fe, que en 2007, “teniendo cáncer y estando embarazada, murió por la negativa de los médicos tanto a realizarle el aborto terapéutico que solicitó, como a brindarle tratamiento para el cáncer, argumentando que el tratamiento era incompatible con el embarazo”.

El informe firmado por Cedes, Insgenar, Cladem, Ela, Foro por los Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, Cels, Foco, Feim y ADC toma otro ejemplo del incumplimiento de ese derecho, previsto en el Código Penal y reforzado por el fallo de la Corte. “Una mujer en Entre Ríos, quien por padecer una cardiopatía severa, que implicaba un embarazo de alto riesgo para su vida, solicitó un aborto no punible que le fue negado por los médicos. Luego de cuatro meses de internación en un hospital, alejada de su familia, llegó a dar a luz, aunque, como consecuencia, sufrió un accidente cerebrovascular que la ha dejado paralizada de por vida”, continúa el trabajo que se presentará en Ginebra.

Porque el acceso al aborto no punible debiera estar garantizado, las ONG subrayan justamente que la decisión de la Corte “no ha sido acompañada de ningún pronunciamiento público por parte de la autoridad máxima de la política sanitaria del país, esto es, el Ministerio de Salud de la Nación”. De hecho, algunas organizaciones requirieron al ministro de Salud que se expida sobre el fallo y que convoque una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para acordar con los ministros de Salud provinciales la atención de abortos no punibles. “El ministro de Salud no respondió a este pedido”, subrayan las ONG. Esa falta de respuesta se combina con la resistencia de otras autoridades. “Varios gobernadores y ministros provinciales manifestaron públicamente sus dudas respecto de la adhesión que en las provincias debe hacerse del fallo de la Corte Suprema (Salta, Mendoza, La Pampa) y Salta agregó dispositivos procesales que obstaculizan y demoran el acceso de las mujeres a esta práctica”, añaden. En abierta contradicción con el fallo, el decreto reglamentario firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey impone que las mujeres en condiciones de acceder a un aborto no punible deberán presentar “la denuncia penal de violación o la declaración jurada, realizada con la asistencia del defensor Oficial o de Menores Incapaces, según corresponda”.

Un capítulo sustancioso es el referido a la legalización del aborto. Los datos relevados indican que “en los hospitales públicos de todo el país se registran casi 60.000 internaciones por abortos inseguros al año. Del total, alrededor del 15 por ciento corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50 por ciento a mujeres de entre 20 y 29 años. En la última década, la mortalidad por aborto aumentó en las mujeres menores de 15 años, y las mujeres muertas por abortos fueron más jóvenes que quienes fallecieron por otras causas vinculadas con la maternidad”.

El informe puntualiza la existencia de un amplio movimiento de la sociedad civil para reclamar la despenalización y legalización del aborto y la modificación de la legislación para lograr que el Estado garantice sin discriminación de ningún tipo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación en los hospitales públicos. “Este reclamo cobra mayor urgencia teniendo en cuenta la reciente sucesión de casos en los que mujeres perdieron la vida por un aborto inseguro”, apuntan. El documento elaborado colectivamente señala que “un triste ejemplo ocurrió en noviembre pasado en Salta, cuando una niña de 13 años murió por un aborto séptico”. También consignan lo ocurrido el 1° de noviembre pasado con el tratamiento del proyecto de ley de la Campaña para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “La jornada culminó con un dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Sin embargo, al día siguiente, y en condiciones de muy poca transparencia, el dictamen fue impugnado alegando que se habían contabilizado mal los votos. Una vez más, al día de la fecha, ninguna autoridad se pronunció al respecto.”