La policía francesa registró diferentes domicilios del ex mandatario Nicolas Sarkozy en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte de la heredera del imperio de cosméticos L’Oréal. Según informó el diario Le Monde, los operativos en París fueron realizados por policías de la brigada financiera y encabezados por el juez que instruye la causa, Jean-Michel Gentil. El allanamiento es un potencial problema legal que amenaza a Sarkozy, desde que perdiera su inmunidad el 15 de junio, un mes después de dejar su cargo. Los investigadores recogieron pruebas en las oficinas parisinas del ex presidente, en el domicilio donde vive con su mujer, Carla Bruni, y en su despacho del estudio de abogados de Arnaud, Claude y asociados, del que el ex mandatario conservador es socio, agregó el diario francés, citando fuentes de la investigación.

Las pesquisas se centran en las finanzas de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, heredera de L’Oréal. Una larga disputa familiar por su fortuna escaló en 2010 y derivó en una profunda investigación y el posterior escándalo político, cuando surgieron acusaciones de que Bettencourt había financiado ilegalmente al partido de Sarkozy durante su exitosa campaña presidencial de 2007. Aunque el líder francés siempre negó toda responsabilidad por esas acusaciones, sus críticos –con el Partido Socialista (PS) del actual presidente, François Hollande, a la cabeza– cargaron sobre el ex mandatario en medio del escándalo, cuestionando también su manejo de la crisis económica y acusándolo de demasiado amigable con los ricos.

Un contador de Bettencourt dijo en 2010 que la mujer le dio 50.000 euros en efectivo para el tesorero del partido de Sarkozy, destinados a su campaña presidencial, una cifra muy superior al límite legal, de 4600 euros. La pesquisa tuvo lugar mientras Sarkozy se encuentra de vacaciones con su familia en Canadá, informó su abogado, Thierry Herzog. El juez Jean-Michel Gentil, a cargo de la investigación, realizó los allanamientos acompañado por una decena de policías. Al parecer, estima que al menos 15 mil euros en efectivo fueron a parar a las arcas del partido de Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), y fueron entregados directamente por la millonaria familia Bettencourt.

El magistrado apoya su investigación sobre los testimonios de ex empleados de la multimillonaria, que afirman que vieron a Nicolas Sarkozy en la casa de los Bettencourt a principios de 2007. François-Marie Banier, artista y amigo de la millonaria, anotó en su diario personal el 26 de abril de 2007 una confidencia que le hizo Bettencourt. La mujer habría hablado de un pedido de dinero de Nicolas Sarkozy al que ella dijo sí, según el diario Le Monde.

Además, el juez Gentil parece haber reconstruido el recorrido de un sobre con dinero de la millonaria a Eric Woerth, ex tesorero de la UMP, a través de Patrice de Maistre, el ex hombre de confianza de la anciana de 89 años, arrestado en marzo pasado por haberse aprovechado de la mujer, enferma de Alzheimer y viuda. “Estas requisas son inútiles”, dijo Herzog, y aseguró haber aportado hace 15 días todos los elementos necesarios a la investigación.

Según el abogado, los documentos demuestran la imposibilidad absoluta de pretendidos encuentros secretos con Liliane Bettencourt, considerando que todos los traslados y lugares a los que se dirigió el ex presidente en 2007 se produjeron bajo el control de los funcionarios de policías encargados de garantizar su seguridad. Herzog aportó la identidad de esos policías para que puedan certificar que hubo una sola cita, el 24 de febrero de 2007, en su domicilio, con André Bettencourt, marido de Liliane, fallecido en noviembre de ese mismo año.

A su vez, Le Monde mencionó en su edición electrónica sobre otro allanamiento en el gabinete de abogados del que Sarkozy es socio, lo que no fue confirmado por las fuentes cercanas a la investigación. El caso Bettencourt, que en principio partió de un diferendo familiar entre la millonaria y su hija por sospechas de abuso de debilidad, desbordó al terreno político y provocó la dimisión del ex ministro de Trabajo de Sarkozy, Eric Woerth, a raíz de sospechas de conflictos de intereses y de financiamiento ilícito de campañas electorales. Once personas, entre ellas Woerth, fueron inculpadas en el marco de este caso.

Con la finalización de su inmunidad presidencial, la situación de Sarkozy podría complicarse por otros asuntos judiciales, en particular el llamado caso Karachi, desencadenado a partir de un atentado perpetrado en esa ciudad de Pakistán. Dos familias de víctimas presentaron el 18 de junio una demanda judicial contra el ex presidente, acusándolo de haber violado el secreto de la instrucción sobre el caso. Los jueces sospechan que en esa causa hubo pago de comisiones de los contratos de venta de armas que sirvieron para financiar la campaña presidencial del ex primer ministro Edouard Balladur en 1995. En aquella época, Sarkozy era vocero de Balladur. Una de las hipótesis que se barajan en la investigación es que el atentado fue un acto en represalia por el cese del pago de las comisiones.