Desde Roma

El primer ministro italiano, Mario Monti, trató de convencer ayer a los sindicatos y a los representantes de las regiones y municipios de que los nuevos recortes, que serán impuestos por decreto-ley entre esta semana y la próxima, tratan sólo de reducir gastos inútiles y no los servicios a la comunidad. Se habla, entre otras cosas, de eliminar el 20 por ciento de los dirigentes de las empresas públicas y el 10 por ciento de los empleados, cosa que a las tres centrales sindicales –especialmente el último punto– no las termina de convencer.

“No queremos hacer cortes nivelados, como si fuera con un hacha”, dijo Monti en el encuentro. La operación llamada spending review, es decir revisión de los gastos públicos que impulsa la Unión Europea, quiere hacer ahorrar al Estado italiano, en principio, unos 4200 millones de euros para evitar el aumento del IVA en octubre. El IVA, Impuesto al Valor Agregado que se paga con la mayor parte de los productos que se compran, fue aumentado del 20 al 21 por ciento hace pocos meses. Pero la spending review que piensa hacer Monti y su equipo económico, integrado entre otros por el viceministro del Tesoro, Vittorio Grilli, según otras fuentes querría llegar a los 10.000 millones de euros de ahorro y contemplaría también recortes en las consultorías externas del Estado –muy difundidas en Italia– y en la adquisición de bienes y servicios, además de intentar la reunificación de algunos entes públicos. En particular, el gobierno habría identificado dónde realizar recortes en los bienes y servicios para la administración pública –desde el papel hasta las computadoras o los artículos de limpieza por ejemplo–, pero también en la salud pública, donde se tendría pensado reducir costos en materia de limpieza y de la comida que reciben los enfermos –que, por lo demás, muchos ni siquiera comen porque se hacen traer la comida de casa–. Se habla asimismo de la posibilidad de establecer precios fijos para ciertos insumos de la salud pública, como por ejemplo las jeringas o los stent cardiovasculares, basándose en los precios convenientes conseguidos por ciertos hospitales.

Y aquí se abre otro capítulo, que no está abiertamente tratado en las propuestas del gobierno, pero que indirectamente podría verse considerablemente afectado: la corrupción. Cuando se trata de ganar una licitación pública para proporcionar insumos al Estado, la corrupción de los dirigentes marcha a grandes niveles. Un caso muy grave de esta naturaleza está siendo investigado por la Justicia de Milán, que presuntamente indicaría como responsable al presidente de la región Lombardía, Roberto Formigoni –supercatólico militante de la conservadora Comunión y Liberación– , quien desde su posición pública habría favorecido a las clínicas privadas de propiedad de congregaciones religiosas o de representantes de su organización, en detrimento de los hospitales públicos.

Los sindicatos ya hablan de nuevas huelgas y manifestaciones. Las centrales CGIL (izquierda), CISL (centro) y UIL (socialista) coinciden en que no se puede hacer pagar el pato a los empleados públicos que, como los trabajadores de otros sectores, están sufriendo los efectos de las precedentes maniobras económicas que aumentaron la edad jubilatoria, los impuestos, los gastos de salud y la desocupación, entre muchas otras cosas. “Hemos encontrado un gobierno reticente a nuestros pedidos –dijo la líder de la CGIL, Susanna Camusso, al salir del encuentro–. Estamos preocupados. Por ahora nos mantenemos en alerta en vistas a la movilización. Es evidente que si el gobierno piensa proceder con los recortes de los empleados y de los servicios, no hace más que tirar nafta sobre una situación ya explosiva.” El líder de la UIL, Luigi Angeletti, cree que no se podrá evitar la huelga. Pero la cosa no está definida todavía, como subrayó el conductor de la CISL, Raffaele Bonanni. “Si se quiere reducir el costo de las jeringas, está bien. Pero si se trata de eliminar a la enfermera que pone las inyecciones, entonces nos opondríamos”, comentó por su parte Pierluigi Bersani, secretario general del Partido Democrático (centroizquierda), que por el momento apoya al gobierno.