La Fiscalía General de Colombia reportó ayer que grupos de paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en ese país confesaron los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. Estos hechos dejaron más de 50 mil víctimas.

El informe de la Fiscalía añadió que desde que los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a entregar información sobre fosas clandestinas, las autoridades han encontrado 4767 cuerpos, en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander. La información, revelada por la cadena de radio RCN, señala que las confesiones de los ex integrantes de las bandas de ultraderecha mencionan en total a 50.509 víctimas. Entre los casos referidos por los delincuentes en las indagatorias se encuentran 25.083 asesinatos, 10.925 casos de desplazamiento y 3459 de desaparición forzada. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que se calcula que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de los paramilitares permanecen enterrados en fosas comunes.

Las AUC reunieron a varios grupos paramilitares que se crearon en los años ’80 mediante la financiación de terratenientes y narcotraficantes con la supuesta intención de combatir a la guerrilla, aunque terminaron involucrados en negocios de tráfico de drogas y cometiendo múltiples delitos de lesa humanidad contra campesinos. Esos grupos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que pidió al Congreso aprobar una ley por la cual los paramilitares no pueden recibir penas superiores a ocho años de prisión. Según la administración Uribe, unos 32 mil integrantes de esa organización se desmovilizaron.

En tanto, Uribe anunció ayer que demandará a dos ex congresistas que aseguraron que los grupos paramilitares apoyaron su elección en 2002. El ex mandatario adelantó en su cuenta en Twitter que sus abogados entablarán una “denuncia penal” contra Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, ex legisladores que fueron condenados por haber mantenido nexos con las desaparecidas AUC. En un comunicado, divulgado el martes a la noche, Uribe sostuvo que Pineda y De la Espriella recibieron presiones de Saltavore Mancuso, uno de los antiguos jefes máximos de las AUC que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce mandos paramilitares, para que declararan en su contra en esta causa.

Los dos legisladores participaron el martes como testigos en un proceso judicial contra Mancuso, quien ha intervenido en la audiencia por medios virtuales. Este ex paramilitar confirmó el apoyo a la elección de Uribe e, incluso, aseguró que financió un mitin político realizado en una localidad del noroeste del país. Pineda y De la Espriella afirmaron el martes en un tribunal de Bogotá que esa organización ultraderechista apoyó la elección de Uribe en 2002. Según ellos, el apoyo lo ordenó Mancuso.

Los ex legisladores de origen liberal aseguraron que ambos, por decisión de Mancuso, hicieron de interlocutores ante Uribe, quien fue reelecto en el 2006, año de la disolución de las AUC, dentro de un proceso de paz con su gobierno. Como consignó el diario colombiano El Tiempo, los ex legisladores declararon que ellos le comunicaron a Uribe, a principios del 2002, el apoyo de las autodefensas a su campaña. Según informó el periódico, De la Espriella fue uno de los primeros políticos condenados por las alianzas con los “paras”, y hasta su captura en el 2006 era uno de los congresistas más cercanos al gobierno de ese momento. El ex congresista indicó que las autodefensas supuestamente financiaron algunos de los gastos, como la compra de 50 mil camisetas, que encargaron directamente a China y a Panamá, e incluso, habrían manejado la logística de transporte y seguridad, incluidas las giras de Uribe en Córdoba. De la Espriella también habló de una reunión que se habría realizado cuando Uribe era presidente.