La policía volvió a correr por las calles de Madrid a los manifestantes que se movilizaban ayer para denunciar la represión durante la protesta realizada un día antes frente al Congreso de los Diputados. Miles de españoles volvieron a congregarse cerca del Parlamento, exigieron una vez más la renuncia del presidente Mariano Rajoy, del fin de la política anticrisis centrada en el ajuste y la libertad de los manifestantes detenidos (también hubo 64 heridos). En un día negro para España en los mercados, luego de un tiempo de relativa calma, con la nación en su segunda recesión en tres años y con un desempleo del 25 por ciento, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aprovechó una conferencia en Nueva York para elogiar a los españoles que no se manifiestan. “No se los ve, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis”, dijo Rajoy desde la America Society.

Rajoy también pareció referirse a Alemania, Holanda y Finlandia, que enviaron una carta en la que cuestionan que el fondo de rescate de la Zona Euro pueda ayudar directamente a la banca española. “La crisis por la que atraviesa hoy Europa es de confianza. Y no hay nada que dé más confianza que cumplir los acuerdos que se adoptan, y no hay nada que dé más confianza que sembrar certidumbres, y no hay nada que dé más desconfianza que sembrar incertidumbres”, protestó el mandatario. Más temprano, en declaraciones que provocaron la nueva convocatoria a manifestarse frente al Congreso, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, destacó el papel de la policía durante la represión al decir que había actuado magníficamente durante la protesta.

Asimismo, justificó el accionar de las fuerzas de seguridad afirmando que la policía se vio obligada a responder ante la violencia de algunos manifestantes. Desde los pasillos del Congreso, Fernández Díaz calificó la protesta como “manifiestamente ilegal” a pesar de que la Delegación del Gobierno en Madrid había autorizado la movilización. El ministro señaló que gracias a la actuación policial se impidió que un grupo de personas lograra ocupar el Parlamento y “coaccionara a los diputados, lo que está expresamente prohibido”.

Por su parte, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo desde el Congreso que a Rajoy se le está yendo el país de las manos. “El gobierno ha huido del Congreso. Tras la manifestación de ayer, los políticos se equivocarían si sólo hablaran del orden público. Hay un gran malestar social de fondo y es necesario una respuesta del gobierno”, señaló Rubalcaba en la Cámara baja, a unos 300 metros de donde volvían a juntarse miles de personas.

En pleno incremento de la tensión social por el ajuste implementado por Rajoy frente a la crisis, el Ejecutivo llegó a calificar de golpistas a los manifestantes y les advirtió que impedir el normal funcionamiento de las instituciones es un delito que está penado con hasta un año de prisión. Por el contrario, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares acusó al gobierno de Madrid, en manos del PP, de aplicar a una movilización democrática una estrategia antiinsurgencia.

Lejos de amedrentarse por las golpizas recibidas el martes, los españoles volvieron a movilizarse por las calles madrileñas. Más de mil policías rodearon las inmediaciones de la Cámara baja del Parlamento español, por segundo día consecutivo, donde a su vez se dispusieron vallados de seguridad para impedir el paso hacia el edificio. Los manifestantes comenzaron a concentrarse por la tarde en la Plaza de Neptuno, a unos 300 metros del Congreso, convocados por la misma plataforma ciudadana, 25-S. Rodea el Congreso, que había organizado la primera protesta.

Poco a poco la concurrencia fue aumentando hasta llegar aproximadamente a las 5000 personas, en su mayoría jóvenes que portaban pancartas. A diferencia de la protesta de anteayer, en la segunda manifestación no hubo detenciones ni heridos. Los asistentes, de a ratos parados y otras veces sentados, gritaron consignas contra la policía y el gobierno y exigieron la liberación de los 35 detenidos, que serán interrogados por la Audiencia Nacional y podrían enfrentar penas de prisión de seis meses a un año por protestar ante el Congreso mientras éste sesiona. Los detenidos están acusados de “intentar atentar contra el normal funcionamiento de las instituciones”, dijo un portavoz de la policía.

La jornada más violenta de los últimos tiempos que sacudió esta semana a Madrid se desató en la Plaza de Neptuno, donde la policía reprimió varias veces con gases, balas de goma y porras a los manifestantes, que respondieron arrojando botellas, latas, palos y piedras. Los disturbios, transmitidos por canales de todo el mundo, arruinaron una campaña internacional para recuperar la imagen y credibilidad de España ante los inversores que lleva adelante Rajoy en Estados Unidos, adonde viajó para participar por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los mercados, la prima de riesgo española volvió a dispararse y trepó ayer hasta los 460 puntos, en un reflejo de las dudas de los inversores de la capacidad de España de sortear la tempestad sin acudir a un rescate soberano, cuyo pedido Rajoy viene demorando.