El descontento hacia las políticas impulsadas por el gobernante Partido Popular volvió a ganar las calles de España. Miles de personas volvieron a manifestarse ayer en 57 ciudades españolas para exigir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que someta a un referéndum la puesta en práctica de las severas políticas económicas de ajuste que están profundizando la crisis. Los sindicatos les advirtieron a Rajoy y su gabinete que si no da marcha atrás con esas medidas, convocarán a una huelga general que paralizará la Península Ibérica. Poco antes del inicio de las marchas, los líderes de las dos grandes centrales de trabajadores del país, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, aseguraron desde Madrid que el presupuesto de Rajoy sólo “traerá más recesión y más paro (desempleo)”, a un país que ya cuenta con más de cinco millones de desocupados.

Las protestas más multitudinarias se produjeron en la capital española, Barcelona y Sevilla, entre otras ciudades, donde decenas de miles de manifestantes clamaron que se convoque a un paro total de actividades. Estas manifestaciones tienen lugar tras la aprobación del presupuesto 2013, que incluye el mayor ajuste de gasto en la historia de la democracia, mientras el Ejecutivo mantiene la incertidumbre sobre si se solicitará o no a Europa un rescate soberano.

“Si hay huelga general, será responsabilidad del gobierno. Si aceptan convocar el referéndum, se abrirá un escenario totalmente distinto. Si no, seguiremos avanzando hacia la huelga general”, dijo Fernández Toxo en conferencia de prensa. Según el sindicalista, el camino elegido por Rajoy puede provocar una crisis social, por lo que llamó al presidente a corregir el rumbo antes de que la situación sea explosiva. Por su parte, Méndez sostuvo que el presupuesto del gobierno representa “un camino a la perdición”, condena al pueblo español a mayores sacrificios y, a la vez, son inútiles para mejorar la credibilidad económica del país.

Desde los sindicatos y las más de 150 organizaciones sociales que integran la denominada Cumbre Social no se descarta la convocatoria a una huelga general que tendría lugar el 14 de noviembre, iniciativa que coincidiría con el paro de actividades anunciado en Portugal. La intención de la medida de fuerza que por estas horas analizan los sindicatos españoles sería coordinar la lucha contra los recortes que se llevan a cabo en el sur de Europa. Pero antes de anunciar la que puede ser la segunda huelga general desde que Rajoy llegó al poder, los sindicatos y organizaciones sociales intentan mantener vivo el pulso contra el gobierno en las calles, donde confluye el malestar y la indignación contra los recortes en todo el país.

Con el lema “Más paro, más recortes, menos protección. ¡Quieren arruinar el país! ¡Hay que impedirlo!”, más de 70 mil personas, según los organizadores, marcharon en Madrid. La manifestación que copó las principales arterias de la capital partió de la Plaza Neptuno, concluyó en la Puerta del Sol y contó principalmente con la participación de trabajadores y empleadores públicos de sectores pertenecientes a educación, sanidad y servicios sociales, que están afectados directamente por los recortes. También estuvieron políticos vinculados con la izquierda parlamentaria y el Partido Socialista (PSOE), que se sumaron a la protesta en Madrid. El diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien participó en la marcha de ayer en esa ciudad, afirmó que los presupuestos del Ejecutivo aumentan el sufrimiento social y no van a reactivar la economía.

“Los ciudadanos tienen toda la razón en no reconocer la legitimidad del gobierno, tras la imposición de los presupuestos”, subrayó. Hace poco más de una semana, la capital española fue escenario de la mayor agitación social que vivió el país en los últimos meses en rechazo a la política de ajuste, en el marco de la protesta originada por la plataforma 25-S. “Rodea el Congreso” fue la iniciativa de los indignados, que pretendían rodear el Parlamento hasta conseguir la dimisión de Rajoy.

El comunicado leído al finalizar la manifestación de la Cumbre Social repudió “la deriva autoritaria que está adoptando el gobierno”, con la “represión de las manifestaciones”, en referencia a los enfrentamientos entre policías y manifestantes que tuvieron lugar el 25-S y los días siguientes, que dejaron más de 60 heridos y una treintena de detenidos. El Ministerio del Interior trata de “descalificar cualquier manifestación de rechazo a las políticas del gobierno, convirtiéndolas en un problema de orden público”, expresaron ayer los organizadores de la manifestación en un comunicado.

La última gran movilización de los sindicatos y organizaciones sociales de España tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, tras las vacaciones estivales, también en reclamo de un referendo de las políticas de ajuste. Lejos de rectificar el rumbo, Rajoy –quien se encuentra volcado de lleno a las campañas electorales, de cara a las elecciones del 21 de octubre en Galicia y el País Vasco– reafirmó en los últimos días su compromiso con la reducción del déficit a través de la implementación de planes de ajuste reclamados por Bruselas.

No obstante, el mandatario español sigue mostrando determinación en la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste, incluso ante un eventual rescate soberano, que podría decidirse una vez que los socios europeos analicen el presupuesto presentado por España y que vendría acompañado de más recortes.