Más allá de la polémica sobre las cifras, seiscientos mil manifestantes según los sindicatos, 300 mil según la policía, los gremios franceses que se oponen a la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el gobierno liberal de Jean Pierre Raffarin escribieron ayer en las calles de París otra página en la historia de las luchas sociales francesas. Compacta, alegre, imaginativa e interminable, la manifestación que partió de la Plaza de la Nation tardó varias horas en llegar a su destino final, Place d’Italie. Recién al caer la tarde los últimos grupos cerraron un desfile que con bombos, cantos, dibujos y platillos dijo mil veces no a las dos iniciativas más controvertidas del gobierno: la que atañe a las jubilaciones y la que concierne a la educación nacional.
En el primer caso, los conservadores en el poder pretenden que la jubilación de la función pública sea similar a la del sector privado. Ello implica que el período de cotizaciones pase en los próximos años de 37 años y medio a 42. En el segundo, el ministro de Educación impulsó una reforma para descentralizar más de 100 mil puestos de trabajo haciéndolos pasar de las manos del Estado a las de las regiones. Combinados, ambos proyectos impugnados por la mayoría de los sindicatos y apoyados por una izquierda resucitada desencadenaron una batalla social que dista de augurar horizontes tranquilos.
Mayoritariamente funcionarios oriundos de la educación nacional llegaron a la capital francesa en trenes y autobuses provenientes de todas las regiones del país. “37 años y medio para todos, público y privado”, “Luchamos para ganarla, lucharemos para conservarla: la jubilación es nuestra”, “Público, privado, huelga general”, decían los cánticos y lemas que se escucharon durante toda la tarde. “El gobierno ha perdido el camino, pongámoslo en la vía”, decía una pancarta debajo de la cual un dibujo mostraba al primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin, al ministro de Educación, Jean Luc Ferry, y al ministro de Asuntos Sociales, François Fillon, atados en las vías de un ferrocarril.
Sin embargo, pese a la amplitud de la movilización, nada permite vaticinar que el gobierno dará marcha atrás. Con el principio enunciado por el premier: “no es la calle la que gobierna”, François Fillon, el ministro francés de Asuntos Sociales, aclaró que el proyecto de ley sobre la reforma del sistema de jubilaciones no “volvería a negociarse “ y advirtió además que era “el sector público el que se negaba a aceptar la armonización entre lo público y lo privado y que, por consiguiente, eso es algo que el gobierno no puede tolerar”.
Legitimados por la amplitud de la manifestación, los sindicatos que rechazaron el proyecto de reforma se mantienen también en pie de guerra social: “Si el gobierno no entiende el pedido para que se reabran las negociaciones, entonces definiremos con los asalariados otros tipos de acciones”, declaró Bernard Thibault, el líder de la CGT. Los dos actores no parecen dispuestos a moverse de sus posiciones en torno de un tema que siempre ha generado enormes tensiones sociales en el país. Un proyecto de reforma similar elaborado en 1995 por el gobierno conservador-liberal del ex primer ministro Alain Juppé desató uno de los movimientos sociales más importantes que Francia conoció luego de las manifestaciones de 1968, en el llamado Mayo francés.
La semana que se inicia está plagada de huelgas convocadas por diversos sectores, principalmente el de la educación nacional, el más paralizado de todos. El gobierno se dispone a adoptar la reforma este miércoles. Si así ocurriese, los sindicatos ya anunciaron una multitud de huelgas que podrían paralizar el país a partir del lunes 2 de junio. Presente en la manifestación de ayer, François Hollande, el primer secretario del Partido Socialista francés, juzgó que el gobierno “no debería presentarse en el Consejo de Ministros con un texto tan rechazado”. La CGT, el PS, los comunistas y los ecologistas se preparan para una guerra social sustentada por la función pública, el sector más caprichoso del sistema francés.