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El drama de los desalojos por impago hipotecario irrumpió ayer en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, donde el gobierno español se vio obligado a explicar las medidas adoptadas para contener esta grave situación, que afecta a las personas más vulnerables, muchos de ellos inmigrantes. “El tema fue tratado en la Cumbre, ya que hay nacionales de los países iberoamericanos que fueron objeto o posible objeto de desahucio”, dijo el canciller español, José Manuel García-Margallo.

También el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, abordó el asunto en una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, según explicaron a Télam fuentes de La Moncloa. El inicio de la XXII Cumbre Iberoamericana, que reúne en Cádiz a los jefes de gobierno y de Estado de Latinoamérica, España y Portugal, coincidió con un nuevo suicidio relacionado con los desahucios, el tercero en menos de un mes.

Un hombre de 50 años se arrojó al vacío desde la ventana de su departamento en la ciudad de Córdoba el mismo día que iba a ser desalojado, aunque el hecho estuvo motivado por un conflicto familiar, según la prensa local. El gobierno español aprobó ayer mismo un decreto ley con medidas para paliar los desahucios que deja fuera a muchos afectados y no resuelve el grave problema de los que ya han sido expulsados de sus viviendas y mantienen deudas de por vida con los bancos.

Esta es la situación de muchos ecuatorianos, la comunidad de inmigrantes más numerosa en España después de los marroquíes. “Hace meses denuncié en España cómo era el abuso del sistema hipotecario, pero cuando regreso a Ecuador me doy cuenta de que tenemos la misma ley”, dijo Correa en una entrevista con el diario El País. “Cuando usted ve el caso de las hipotecas se trata de un abuso del capital sobre los seres humanos. El coste de la crisis debe caer sobre todo sobre el capital, sobre las corporaciones, y aquí recae totalmente sobre los seres humanos”, analizó.

El decreto del Ejecutivo permite suspender por dos años el desalojo de familias numerosas, con rentas bajas, o de quienes tienen personas a cargo, que se encuentran desempleadas o son víctimas de violencia. “En circunstancias normales los préstamos deben ser cumplidos, pero estamos en una situación excepcional, que obligó a todos los países a recurrir al rescate del sector financiero por parte del público; por eso, si hay que ayudar a los bancos también hay que tener en cuenta la realidad y sufrimiento de las víctimas de la crisis”, argumentó el canciller español.