Desde Barcelona

Hubo una vez en que el sistema sanitario público español era uno de los mejores de Europa y la atención médica gratuita, un derecho inalienable. Pero llegó la crisis y la salud cayó directo entre tijeras. Los recortes presupuestarios deterioraron las condiciones laborales del personal sanitario y están provocando despidos masivos. El 2013 arranca con largas listas de espera de pacientes, la calidad de la asistencia empobrecida y un sinfín de protestas en todo el país por la progresiva privatización del sistema de salud.

Para reflexionar sobre estos temas, nos reunimos en la sede de Barcelona de la Unión General de Trabajadores (UGT) con cinco representantes de sindicatos y plataformas que trabajan por la defensa de un servicio público de calidad. El primero en tomar la palabra es Joan Canals, médico y representante de políticas sanitarias de uno de los sindicatos más fuertes de España, Comisiones Obreras (CCOO): “El Decreto que puso en marcha los recortes es un retroceso impresionante en nuestro sistema público porque deja sin derecho a la atención sanitaria a miles de personas que pagan, con sus impuestos, la financiación de la sanidad. La retirada de la tarjeta a inmigrantes o el copago farmacéutico de un euro por receta son buen ejemplo de ello”. Canals advierte, además, que debido a la gran trascendencia mediática “las reducciones en salud pública se hacen ahora de forma menos descarada: en vez de cerrar la planta de un hospital, quitan la mitad de las camas o hacen que unos quirófanos funcionen los días pares y otros los impares”.

Iko, integrante de la Comisión de Sanidad del Movimiento 15 M, aporta su testimonio no sólo como militante sino como médico de atención primaria en un ambulatorio de Barcelona: “Lo primero que hemos notado es la precarización de la vida por la retirada de ayudas a los más desfavorecidos por la crisis. El ninguneo a esta franja de la población se refleja también en nuevos trastornos de salud, muchos de los cuales son psicosomáticos (como consecuencia de la depresión) o provienen de complicaciones por malnutrición”. El deterioro de la calidad de vida, lejos de mitigarse, se agudiza si la atención primaria se lleva a cabo, tal como asegura Iko, de forma masificada. “No se están cubriendo bajas de enfermedad o maternidad y entonces los cupos de pacientes para los médicos que quedan, aumentan. Todo se hace rápido y mal.”

Por otra parte, Iko destaca que se están cerrando múltiples centros de urgencia. “Se incumple la ley que determina la cantidad de kilómetros entre una localidad y su sala de emergencias. Esto satura las guardias hospitalarias, lo cual contribuye también a empeorar las condiciones de la sanidad pública y derivar pacientes a la privada”, denuncia el pediatra.

Miguel Giménez, representante del área de sanidad de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y enfermero de un hospital muy prestigioso de Barcelona, el Vall d’Hebron, explica que un grave problema es el de la imposición de altas rápidas para no asumir los costos de las internaciones. “Ahora muchos médicos nos estamos empezando a negar a dar estas altas precoces porque hemos comprobado que es un procedimiento que no tiene sentido. La mayoría de los pacientes tiene que volver a ingresar por molestias o infecciones y, al final, todo sale más caro.”

Isabel Martínez, secretaria de Sanidad de la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC), analiza el impacto de los recortes desde el punto de vista de los profesionales. “Desde el 2010 sufrimos la bajada de un 5 por ciento del sueldo (me incluyo porque trabajo como enfermera) y en el 2011 hemos hecho el esfuerzo de aceptar que nos quitasen parte de nuestros derechos laborales, como los días personales o las pagas extras, para tirar adelante. Pero eso no sólo no ha sucedido, sino que estamos mucho peor” asegura Isabel, quien, además, recalca que el problema no es únicamente económico: “Todo esto influye en el ánimo de los trabajadores. Nos da vergüenza saber que no estamos haciendo las cosas bien”.

El acuerdo es generalizado a la hora de analizar las causas que se ocultan tras los tijeretazos. “Todo esto forma parte de una campaña para desprestigiar a la salud pública y que así más gente se vaya a la privada. La atención primaria es un plato muy suculento porque genera elevados beneficios y poco gasto. Nuestros políticos, que trabajan en la sanidad pública como gestores y son socios de la sanidad privada, traspasan fondos de un sector a otro como en una puerta giratoria. Lamentablemente, tienen mucho que recortar porque tienen mucho negocio que hacer todavía”, manifiesta Iko, médico y militante del Movimiento de los indignados.

Los citados coinciden también en señalar que la privatización de la sanidad, en el caso de Cataluña, se encuentra ya en una fase avanzada. Roger Bernat, portavoz de la Asociación Catalana por la Defensa de la Sanidad Pública (Acdsp), ejemplifica este hecho con lo que ocurre en uno de los principales hospitales de Barcelona, el Clínic, donde opera, dentro de las mismas instalaciones estatales, una empresa con ánimo de lucro. “Allí los médicos llevan todos la misma bata, pero la mitad son públicos y la mitad privados”, asegura Roger. “A un usuario es frecuente que se le dé a elegir entre el lado público, y esperar como mínimo seis meses para ser atendido, o ir por lo privado, pagar y tener todo solucionado en una semana. Hacer esto ya no es ilegal porque las leyes lo permiten.”

Para concluir el debate, los invitados a la mesa de sindicatos exponen sus propuestas acerca de cómo sanear la salud pública. Isabel Martínez (USOC) ve fundamental racionalizar el gasto: “Se le echa la culpa a la población pero el despilfarro lo tenemos en farmacia y tecnología. Hay veces que puedes investigar algo con una radiografía y acabas haciendo una resonancia porque detrás hay empresas con intereses. Para evitarlo, necesitamos una guía de práctica clínica hecha por profesionales independientes, no subvencionados por multinacionales”, afirma la sindicalista.

Miguel Giménez (CNT) y Roger Bernat (Acdsp) son partidarios de la acción en la calle: “Hagamos una huelga y hasta que no se solucione el problema político no paramos. Tenemos que recuperar el saqueo de la infraestructura sanitaria que nos han hecho”.

Iko (Comisión de Sanidad del 15M) no quiere pasar por alto las victorias que a través de la lucha social se fueron consiguiendo: “Gracias a los reclamos populares se ha modificado el artículo del decreto que dejaba sin asistencia sanitaria a las empleadas del hogar y a los mayores de 26 años sin trabajo. También hubo centros que se han reabierto tras las protestas. Hay que seguir armando redes”.