Desde Barcelona

La Justicia europea se pronunció ayer en favor de los desahuciados y en contra de la legislación española, por considerar que incumple la normativa comunitaria encargada de velar por los derechos de los consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la ley sobre desahucios del país ibérico no garantiza la suficiente protección de los ciudadanos, al no permitir que un juez frene un desalojo si comprueba que las cláusulas del contrato hipotecario fueron abusivas. Con esta sentencia, los jueces españoles podrán decretar la paralización cautelar de la ejecución sin la necesidad de esperar a la apertura de otro juicio, como ocurría hasta hoy. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización que aglutina a millares de personas expulsadas de sus casas, la noticia se recibió con euforia: “¡Hemos ganado. El fallo nos da la razón –dice Chema Ruiz, una de sus portavoces– y confirma que estamos ante unos contratos de hipotecas con cláusulas abusivas que generan indefensión”.

La sentencia del tribunal europeo no obliga explícitamente a modificar la ley española pero sienta jurisprudencia, ya que deberá ser tenida en cuenta por los jueces de este país ante los procesos de desahucio. Además, representa una fuerte presión para el gobierno de Mariano Rajoy dado que, si no incorpora el cambio, se expone a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea. El Partido Popular era consciente de ello ayer mientras debatía en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular que la PAH, con el respaldo de más de 1,4 millón de ciudadanos, presentó el pasado mes para regular la dación en pago de las viviendas. Esta presión se evidenció en el hecho de que el líder del Ejecutivo esperara conocer la sentencia para, al fin, dar un paso más en la tramitación del proyecto de ley.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, también defendió el dictamen europeo y manifestó que es “inmediatamente aplicable” en España. “El gobierno tendrá que modificar la actual ley hipotecaria, al tratarse de una normativa comunitaria”, remarcó el magistrado.

Quien, sin duda, celebró la sentencia fue el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, autor de la pregunta que hizo que el Tribunal de Luxemburgo cuestionase la legislación hipotecaria española. Seijo quería saber si la norma que permitió al banco catalán Catalunya Caixa expulsar de la vivienda a Mohamed Aziz y exigirle el pago de toda la deuda era conforme a la legislación de la Unión Europea. La respuesta fue negativa: la ley española es contraria a una directiva europea de 1993 sobre protección de los consumidores, porque no permite a los jueces adoptar medidas cautelares tales como la paralización del desalojo. La sentencia “va a modificar totalmente las reglas del juego sobre ejecución hipotecaria”, advirtió el titular del Juzgado Mercantil No 3 de Barcelona durante una entrevista concedida a la prensa.

Lo que el tribunal europeo no pudo precisar es qué se entiende por “cláusula abusiva” y señaló que tendrá que ser el propio juez nacional el que lo valore de acuerdo a cada caso. El juez Fernández Seijo, con relación a la situación concreta (y a la vez representativa de otros cientos de miles) de Mohamed Aziz, planteó al tribunal sus dudas, tal como lo refleja el diario El País: “¿Es abusivo que el banco considere vencido el préstamo por el no pago de una sola cuota hipotecaria? ¿Es abusivo fijar unos intereses de mora del 18 por ciento cuando el tipo de interés ordinario pactado con el banco fue de un 4,87 por ciento?” Pese a que ante estas preguntas el tribunal no dio respuesta, la autorización de parar el desahucio de este vecino de Barcelona con una medida cautelar demuestra que la Justicia europea considera ilegales ciertas aplicaciones de la ley española hipotecaria.

El caso de Mohamed Aziz se convirtió en todo un emblema de la lucha colectiva contra los desalojos, iniciada hace dos años durante los acampes de los indignados. “Gracias a aquellas movilizaciones, un juez elevó a Europa la petición de que se clarifique si las condiciones impuestas por los bancos eran abusivas”, recuerda Chema Ruiz, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La sentencia ahora sirve de precedente para que cualquier juez en España pueda recurrir a ella para identificar como abusivas otras hipotecas y paralizar deahucios.