Las sospechas por corrupción llegaron ayer a golpear el corazón de la monarquía de España. La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, fue imputada por la Justicia española en el caso donde es investigado su marido, Iñaki Urdangarín, pesquisa que representa un hecho inédito en la historia democrática de España. La hija del monarca formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, organización a través de la cual su marido y el ex socio de éste, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público. A más de un año del procesamiento del duque de Palma, el juez que instruye el caso, José Castro, considera que la “cesión por parte de la infanta de su imagen” para conseguir contratos públicos para el Instituto Nóos fue clave para que la organización tuviera éxito. Ante la citación judicial sin precedentes de un miembro del núcleo de la familia real española en calidad de imputado, un vocero de la Casa Real dijo lacónico: “No comentamos decisiones judiciales”.

El magistrado tomó esa decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la medida, y tras la última entrega por parte de Torres de correos electrónicos de Nóos al magistrado. Lo cierto es que, por el momento, Cristina Federica de Borbón y Grecia, de 46 años, tendrá que declarar el próximo 27 de abril a las 10 de la mañana en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la causa.

En el escándalo de corrupción Nóos están procesados, además de Urdangarín y Torres, la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario general de las infantas, Carlos García Revenga. Desde fines de 2011, el juez Castro investiga a Urdangarín y su ex socio por haber desviado a paraísos fiscales unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, entidad sin fines de lucro, para la organización de cinco eventos.

De acuerdo con la investigación, los contratos fueron otorgados por ambos gobiernos regionales, en manos del derechista Partido Popular (PP), sin que mediara concurso ni licitación. “La única finalidad perseguida” con la creación del Instituto Nóos era “contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro” para “acceder a fondos públicos a través de convenios”, aseguró el magistrado en el escrito que fijó a fines de enero una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarín y su ex socio.

A pesar de que parte de los fondos públicos de Nóos fueron desviados a la empresa Aizoon, que Urdangarín comparte al 50 por ciento con la infanta Cristina, y que ella formaba parte de la junta directiva de Nóos, el juez había rechazado imputar a la hija del rey. Sin embargo, luego de las últimas declaraciones de Urdangarín, su ex socio y el secretario de las infantas Carlos García Revenga, en febrero, y la entrega de nuevos correos electrónicos, el magistrado cambió de opinión.

En su nueva resolución de diecinueve folios, el juez Castro sostiene que todo parece indicar que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga –ambos miembros de la junta directiva de Nóos– era la de una utilitarista figuración. Asimismo, el magistrado señala que está fuera de discusión que la infanta y Revenga prestaron su consentimiento para que se utilizaran sus nombres, tratamiento y cargo e incluso que ella fuera socia copartícipe –junto a Urdangarín– de la entidad mercantil Aizóon, a la que se desvió parte del dinero apropiado indebidamente. Según el juez, a partir de la declaración de Torres y de los numerosos mails que aportó y después de escuchar la declaración de Revenga surge una serie de indicios que hacen dudar de que la infanta desconociera que su esposo utilizara su nombre para beneficiarse en el ámbito de influencia de Nóos. Por lo tanto, “conviene, en cualquiera de los sentidos, despejar la incógnita” para “no dejar que la instrucción se cierre en falso, en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”, indica el magistrado.

En su primera declaración ante la Justicia, Urdangarín atribuyó a su ex socio la responsabilidad sobre las empresas investigadas, lo que desencadenó una guerra entre ambos. La estrategia de Torres fue la de revelar correos electrónicos para demostrar que la infanta Cristina y el rey Juan Carlos estaban implicados en los negocios de Urdangarín, cuyas actividades intentaron desvincular de la corona de España.

En uno de los últimos mails entregados al juez, Urdangarín le pide a su esposa que revise un comunicado que quiere enviar a los clientes de Nóos y que debe recibir su visto bueno antes de enviarla con copia oculta al rey y su esposa Sofía. La imputación de la infanta supone un duro golpe a la monarquía española, salpicada por numerosos escándalos en un momento en el que España atraviesa una feroz crisis económica, con uno de cada cuatro trabajadores desempleados, y política, con el gobernante PP también implicado en un caso de corrupción.