Amnistía Internacional (AI) advirtió su preocupación por la situación de los pueblos originarios y las dificultades para el acceso al aborto no punible en la Argentina. Los obstáculos que encontraron en Argentina algunas mujeres que tras ser violadas intentaron interrumpir sus embarazos, a pesar del fallo de la Corte Suprema que confirmaba este derecho, fueron denunciados por el organismo. Sin embargo, destacó como un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales la sanción de la ley que permite el cambio de nombre y sexo en el documento, sin la exigencia de contar con la aprobación de un juez o un médico. Asimismo, AI reconoció la política de Estado que desde 2003 busca juzgar a represores y genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El informe destaca las consecuencias que tuvo la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida para encarcelar a los responsables. El organismo también recordó la Masacre de Trelew, en la que dieciséis presos políticos fueron ejecutados en 1972 tras un intento de fuga de una prisión de la provincia de Chubut. Por este caso fueron condenados a cadena perpetua en octubre tres antiguos oficiales de la Armada.

Por otra parte, el informe destacó el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas mientras no se realice un estudio nacional para delimitar los territorios. En ese sentido, mencionó las amenazas y los actos de intimidación que sufrieron el jefe de la comunidad toba qom La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad en Formosa. “Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial”, advirtió AI. “El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, asumidos por el Estado nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado argentino”, manifestó la directora ejecutiva de la organización en Argentina, Mariela Belski.

El informe cuestiona fuertemente la falta de garantías para que las argentinas accedan a la interrupción voluntaria de embarazos. “Son varias las provincias del país que no cuentan con protocolos de interrupción del embarazo respetuoso de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal”, enfatizó el organismo. En marzo de 2012, un fallo de la Corte Suprema argentina estableció que cualquier mujer que quedase embarazada a consecuencia de una violación debía tener acceso a un aborto legal y seguro sin necesidad de autorización judicial, pero, según el informe, esta medida se incumplió en varios lugares del país. Belski afirmó que los órganos de expertos independientes que interpretan los tratados de derechos humanos apoyan cada vez más la postura de que debe garantizarse el acceso a un aborto legal y seguro si el embarazo de la mujer es consecuencia de una violación o si supone un riesgo para la vida o la salud de la madre. “Tanto las mujeres como los hombres deben poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin coacción, discriminación ni violencia”, destacó.