Las FARC reclamaron ayer garantías para las fuerzas de oposición en Colombia. Al mismo tiempo pidieron una reparación integral al partido Unión Patriótica (UP), cuyos miembros fueron masacrados por paramilitares en los años ’80, entre otras propuestas sobre participación política, tema que debaten actualmente con el gobierno en la mesa de diálogo en La Habana. En una nueva batería de enunciados sobre este punto, la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidió la expedición de un estatuto de la oposición política y social para garantizar, entre otros, el derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna.

La postura del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos es otra, ya que considera que el objetivo final de las conversaciones con el grupo rebelde es poner fin a la violencia. “Este no es un proceso para que las FARC hagan política sino para pactar el fin del conflicto”, advirtió el jefe de los negociadores gubernamentales, el ex vicepresidente Humberto de la Calle. “Si pactamos un acuerdo final, podrán hacer política, sin armas, en democracia, una vez que se hayan desmovilizado”, agregó.

En esta ronda de conversaciones, ambas partes abordaron el tema de la institucionalidad. “Tal institucionalidad comprende la promulgación de una legislación, incluida la política criminal, para la proscripción de las prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que deterioran el sistema político y de representación, el régimen electoral y los diferentes poderes públicos”, expresó el grupo guerrillero.

En el comunicado, las FARC reclamaron que el gobierno colombiano se comprometa a desmontar de forma efectiva, real y material las estructuras paramilitares del país y proscriba toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición. Además abogaron por la conformación de una comisión de la verdad histórica que tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra la UP, los crímenes contra sus militantes y simpatizantes, y el exterminio de otras fuerzas políticas opositoras.

En esa línea, insistieron en la necesidad de un resarcimiento integral para la UP que incluya la devolución de los escaños que tenía en el momento de su mayor representatividad, y el reconocimiento expreso de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional, en ese tema. La UP es un partido colombiano de izquierda nacido en 1985 por un acuerdo entre el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC y que sufrió el asesinato de miles de sus militantes a manos de paramilitares y fuerzas del Estado.

El pasado 9 de julio, el Consejo de Estado de Colombia resolvió devolver a esta formación su personalidad jurídica, lo que permitirá a la UP participar en las elecciones del próximo año. El gobierno colombiano y las FARC iniciaron el domingo en La Habana el duodécimo ciclo de sus conversaciones de paz, que siguen centradas en el debate sobre la participación política de la guerrilla una vez que se alcance un acuerdo definitivo de paz.