El cerco que persigue a Mariano Rajoy se cierne sobre su mano derecha en el Partido Popular. El juez Pablo Ruz, al frente de la investigación por la llamada “contabilidad B” (pagos en negro) del PP, citó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, para que declare el 14 de agosto en calidad de testigo. La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe presentarse ante la Audiencia Nacional para contar lo que sabe sobre el pago de sobresueldos y donaciones que diferentes funcionarios del PP habrían recibido en los últimos años de mano de empresarios. Un día antes y sobre esos presuntos delitos, los antecesores de De Cospedal, los ex secretarios generales del PP, Javier Arenas y Francisco Alvarez Cascos darán sus explicaciones –también como testigos– en los tribunales madrileños. Además fueron citados el empleado de caja del partido Antonio Ortiz y su actual gerente, Cristóbal Páez. El magistrado embargó ayer cuentas bancarias y propiedades de Luis Bárcenas porque el ex tesorero no pagó una fianza civil fijada en 43,2 millones de euros, unos 57,4 millones de dólares, aproximadamente.

Consultada por la prensa española, De Cospedal dijo sentirse encantada de responder a las preguntas del juez Ruz y que en la Audiencia Nacional tendrá la oportunidad de contestar a las calumnias y mentiras.

“Entra dentro de la normalidad que desde algunas de las partes se pueda decir que comparezcamos como testigos”, se despachó por su parte Arenas, actualmente vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP. De este modo, el magistrado responde a un pedido hecho el 20 de junio por los abogados de la querella en el caso Bárcenas para que estas personas den detalles sobre el procedimiento para la recepción de donaciones anónimas que el partido conservador habría acumulado desde 1989 hasta la actualidad.

Todo esto ocurre a pocas horas de que Rajoy enfrente a la oposición en el Parlamento, donde, se espera, deberá atajar un arsenal de preguntas para saber si recibió o no sobresueldos o dinero en negro. Como si fuera poco, la querella –nucleada en Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Asociación Justicia y Sociedad, Federación Los Verdes y Ecologistas en Acción–, presentó ayer un escrito en el Juzgado de Instrucción 5 a cargo de Ruz para que ese tribunal proceda a la práctica de cuarenta diligencias vinculadas con la “contabilidad B”. Entre las medidas más importantes que aparecen en el documento, al que tuvo acceso Página/12, se solicita información completa y detallada sobre la contabilidad y facturación de todas las empresas que aparecen mencionadas en los papeles de Bárcenas.

Otra de las acciones requeridas por la querella pide que el Juzgado de Instrucción 5 envíe un oficio al Tribunal de Cuentas para que aporte al expediente datos sobre gastos de campaña informados a ese organismo por el PP desde el año 2002 y para todos los procesos electorales que se llevaron a cabo hasta la actualidad. Los abogados de la querella en el caso Bárcenas tienen especial interés en los comicios parlamentarios de 2001 en Galicia, las elecciones generales y autonómicas en Andalucía de 2008 y los comicios generales de noviembre de 2011. Esta diligencia busca desentrañar la trama respecto de los aportes al PP efectuados por empresarios imputados en la causa.

Sobre el método usado para recaudar y repartir el dinero reflejado en los papeles de Bárcenas, los abogados piden al juez que reúna información de las compañías telefónicas para analizar el tráfico de llamadas entre los imputados. Una vez conseguido el detalle de las comunicaciones, deberán remitirse a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que ese organismo elabore un informe sobre el intercambio de contactos entre los imputados, con el foco puesto, especialmente, en el por entonces tesorero Alvaro Lapuerta y el gerente y después tesorero del PP Luis Bárcenas.

Los abogados solicitaron además un informe pericial caligráfico sobre las firmas que figuran en los bordes de los papeles que el ex tesorero filtró al diario El Mundo, documentos que fueron entregados al juez Ruz el 15 de julio por el mismo Bárcenas. Los abogados intentan verificar si esas firmas pertenecen o no a Lapuerta. Asimismo, la querella exige una diligencia para que se ingrese y registre el domicilio de Bárcenas, ubicado en calle Príncipe de Vergara 34, Madrid, “por existir indicios de encontrarse allí efectos o instrumentos de los delitos investigados, libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación”.

Entre los testigos que la querella pide que el juez llame a declarar se encuentran Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero. Esta requisitoria se apoya en una reunión realizada en marzo de 2010 en la sede del PP de la calle Génova entre Rajoy, Javier Arenas Bocanegra y Bárcenas, y de la que habría participado la mujer. Iglesias deberá declarar sobre el contenido y temas abordados durante ese encuentro para definir la posible comisión del delito de encubrimiento de quienes asistieron a esa reunión.