El Senado comenzó a debatir ayer un proyecto para penalizar a los clientes de prostitución cuando paguen por sexo con víctimas de trata, y otra iniciativa que avanza en el castigo de la violencia machista al habilitar la posibilidad de llevar adelante juicios por violencia intrafamiliar, instancia que hasta ahora no existe en el país. En caso de que el maltratador vuelva a agredir, una vez dictada la sentencia, el juez podrá imponerle tareas comunitarias, ordenarle el pago de una multa en beneficio de la víctima o comunicar sobre sus conductas violentas a su empleador, entre otras medidas. Los dos proyectos se discutieron durante casi cuatro horas en un plenario de comisiones, en el que participaron senadores del oficialismo y la oposición. Expusieron como expertos invitados la coordinadora del Programa de las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eva Giberti, y el juez federal Carlos Rozanski, quienes asesoraron en la redacción de ambas propuestas legislativas.

Giberti destacó que a las víctimas de trata “se les destruye su subjetividad y se transforman en alguien al servicio del patrón, ya que pierden sus derechos, su nombre, su familia y su nacionalidad”. “El sujeto que asiste a satisfacer su necesidad de poder con las víctimas de la trata, cae en una ficción creyendo que va a tener una relación sexual consentida y permitida”, señaló.

“Sin cliente no hay trata, y sin sanción al cliente va a ser muy difícil avanzar en el castigo a la trata. El cliente de trata es lisa y llanamente un delincuente y debe ser penado de esa manera”, consideró Rozanski. El proyecto que busca penalizar al cliente-prostituyente en caso de trata fue presentado en abril por el senador Aníbal Fernández. Las penas previstas van de uno a seis años de prisión y se elevan de cinco a diez años, en caso de que se pague por menores. La senadora Graciela Di Perna, del Frente por la Integración, de Chubut, planteó que deberían ser más altas.

La segunda iniciativa que se debatió apunta a la protección, sanción y erradicación de la violencia y el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar. Y fue presentada por Fernández y la senadora Elena Corregido, del oficialismo.

Los dos proyectos se empezaron a tratar en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de la Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda. La reunión estuvo encabezada por el senador del FpV Pedro Guastavino, presidente de Justicia y Asuntos Penales. Estuvieron Fernández, Corregido, Ana Corradi, Marina Riofrío y Pablo González por el bloque oficialista. Y por la oposición, los senadores Gerardo Morales, de la UCR, Norma Morandini, de la Alianza Frente Cívico, y Liliana Negre de Alonso, por el partido de los Rodríguez Saá, además de Di Perna, entre otros.

Rozanski destacó la buena disposición con que fueron recibidas ambas iniciativas por los senadores de la oposición y la amplia concurrencia que hubo en la reunión. El magistrado explicó a este diario que actualmente no está previsto un juicio por violencia intrafamiliar. La iniciativa establece que la denuncia podrá realizarla cualquier persona, incluidos los menores de edad, y en cualquier fuero judicial. En el caso de los niños y niñas podrán hacerlo tanto en una instancia judicial, como policial y administrativa. El magistrado deberá dictar medidas urgentes y temporarias de protección a las víctimas (como la exclusión del hogar del violento y la prohibición de acercamiento, entre muchas más), que luego podrán ser confirmadas en caso de condena, y establecerse en forma definitiva. El juicio estará a cargo de un magistrado del fuero de Familia. El proyecto prevé una serie de sanciones, entre ellas, condenar al agresor a hacerse cargo de los gastos generados por su conducta violenta. Si el agresor repite actos de violencia, luego de recibir una sentencia condenatoria, el juez podrá obligarlo a realizar un curso de reflexión o información sobre la temática, cumplir con tareas comunitarias, pagar una multa a la víctima e, incluso, podrá disponer que se notifique de los hechos de violencia al empleador, a la asociación profesional, sindical u organizaciones intermedias o deportivas a las que pertenezca. Giberti explicó que el proyecto “incorpora fenómenos que son absolutamente nuevos”, como por ejemplo que “cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos en el ámbito del grupo familiar puede denunciar” y “no precisa testigos”. La iniciativa protege a los cónyuges, convivientes o ex convivientes, de igual o distinto sexo, y a todos los vinculados por una relación afectiva o de convivencia o de cuidado o atención, descendientes o ascendientes, y quienes tengan o hayan tenido una relación de noviazgo o pareja.

“Los senadores de la oposición hicieron aportes que fueron bienvenidos”, señaló Rozanski. Al término de la reunión, Fernández indicó que se buscará llegar a un consenso en ambas iniciativas, para finalmente votar un dictamen y llevar los temas al recinto.

“No estamos discutiendo la prostitución sino la trata”, aclaró el senador Fernández, sobre la primera iniciativa. El senador dijo que tuvo una charla “muy fuerte” con las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que reivindican la prostitución como trabajo y se oponen a sancionar a los clientes. Fernández aclaró que él no comparte esa postura. “Pero el planteo que yo les hice, que duró minutos, es: bueno, ustedes dicen que es un trabajo, supongan que les respeto que sea un trabajo, ¿a ustedes les place trabajar al lado de una mujer que es objeto de trata, que es esclava? No, entonces listo, no discutamos más, estamos los dos en el mismo camino. Si ustedes reivindican su derecho a prostituirse, entonces si ustedes me dan una mano y no dejan que al lado de ustedes haya alguien que sea objeto de trata, que sea esclavo y que lo sometan a cualquier tipo de práctica sexual por dinero, entonces estamos en el mismo barco, sigamos defendiendo lo nuestro”, indicó Fernández.