Mauricio Macri tiene varias cuentas pendientes con la Justicia, en algunos casos más escandalosas de lo que públicamente ha quedado en evidencia a través de los medios de comunicación, cíclicamente con campañas electorales de fondo. El jefe de Gobierno porteño está procesado como integrante de una asociación ilícita que hacía espionaje telefónico desde el ámbito de su administración y de la Policía Metropolitana, y que tuvo entre las víctimas a su propio cuñado, Daniel Leonardo, así como al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein. Tuvo suerte hasta ahora, porque gracias a la burocracia judicial todavía su caso no entró en la etapa de juicio oral. Además del expediente por el accionar de la UCEP (ver aparte), también es investigado por haber revelado cuándo y dónde se iba a realizar un aborto no punible a una mujer violada y está implicado en el expediente sobre la represión en el Hospital Borda. Fue denunciado, a la vez, por incumplir 29 fallos sobre derechos sociales y económicos para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.

La historia de las escuchas estalló en octubre de 2009, justo cuando estaba en plena conformación la Policía Metropolitana, con Jorge “Fino” Palacios –el comisario de histórica confianza de Macri– a la cabeza. Todo empezó cuando Burstein recibió un llamado anónimo en su casa, que atendió su hija, a quien le dijeron: “A tu papá lo está escuchando el Fino Palacios”. Después de que Burstein hizo la denuncia, que le tocó al juez Norberto Oyarbide, quedó en evidencia una trama asombrosa: tanto él como otras personas tenían sus teléfonos pinchados con órdenes judiciales emitidas desde dos juzgados de Misiones que los vinculaban con causas penales hasta por homicidio con las que no tenían absolutamente nada que ver. Con esas órdenes la Secretaría de Inteligencia (SI) realizaba las escuchas. El patrón común, además de que los pedidos de pinchadura venían de Posadas, era un personaje: el ex policía y espía Ciro James, que retiraba las grabaciones de la ex SIDE y sistemáticamente, antes y/o después, se comunicaba con Palacios.

Dos de las víctimas de las escuchas tenían alguna relación con Macri: Burstein porque había sido un ferviente opositor a la designación de Palacios en la Policía Metropolitana debido a su papel en el encubrimiento del atentado a la AMIA, por lo que fue procesado; y por otro lado había sido intervenido con la misma mecánica el celular del cuñado del jefe de Gobierno, el parapsicólogo Daniel Leonardo, casado con Sandra Macri. El espía James y Palacios se conocían desde muchos años antes, de la Policía Federal. El joven quería ingresar a la Metropolitana. Pero desde el año anterior a su fundación, ya tenía un contrato como asesor legal del Ministerio de Educación porteño por 6 mil pesos, que se inició en 2008, por la misma época en que escuchaban las conversaciones de Leonardo. Sin embargo, no hay ningún trabajo suyo documentado en esa función de abogado, sólo escuchas telefónicas.

La investigación penal llegó a determinar que con la misma metodología y siempre con colaboración de policías y funcionarios judiciales misioneros habían sido escuchados el abogado Francisco Castex, el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno Federico Infante (directivo de TyC Sports), dos ejecutivos de supermercados Coto y Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro, del Exxel Group), entre otros. La Sala I de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri en una de sus resoluciones del “armado” de una “estructura de inteligencia subterránea” “prohibida por la ley”. El líder de PRO, decía el tribunal, se habría encargado de “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”, además de que afirmaba que “sabía y participó” de las pinchaduras a Leonardo y Burstein.

Una vez que Oyarbide dio por terminada la investigación, a mediados del año pasado, quedaron en condiciones de ir a juicio Macri, James, Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, un secretario judicial, un grupo de policías misioneros y el ex juez José Luis Rey, destituido por estos hechos. El otro juez procesado, Horacio Gallardo, falleció en plena causa. El ministro de Justicia porteño quedó desvinculado del caso. Recientemente se sumó el número dos de Palacios, con quien compartía oficina en una consultora, Osvaldo Chamorro. La mayoría de las imputaciones son por asociación ilícita, violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica.

La mayor demora en el trámite de la causa se debió a que el procesamiento de Macri estuvo bajo revisión de la Cámara de Casación Penal durante dos años, a pesar de que ese tribunal revisa procesamientos solo en casos excepcionales. En éste, se tomó todo este tiempo para dejarlo firme. Entretanto, Macri fue reelecto jefe de Gobierno. Este año la Cámara Federal rechazó todos los planteos de los imputados que quedaban pendientes, la fiscalía y las querellas pidieron llevar el caso a juicio oral. Hace algunos días el juzgado –en el que Oyarbide subrogaba y quedó a cargo de Sebastián Casanello– terminó de tramitar todas las impugnaciones de las partes contra esa elevación a juicio, que ahora sí se supone que será el próximo paso. Es difícil, de todos modos, imaginar a Macri y compañía en el banquillo hasta dentro de varios meses.

Mientras tanto, contra el jefe de Gobierno se abrieron y se cerraron causas. En marzo la Cámara del Crimen dispuso que se lo investigue por haber revelado el hospital público y la hora en que se practicaría en Capital un aborto no punible a una mujer que había sido violada y que era víctima de una red de trata, que quedó totalmente expuesta. El anuncio permitió que una organización llamada Pro Vida presentara un amparo para evitar la interrupción del embarazo, a lo que una jueza accedió. La Corte Suprema tuvo que intervenir rápidamente para autorizarlo. La denuncia penal, que apunta a Macri, a la ministra de Salud Graciela Reybaud, al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, y la jueza Myriam Rustán de Estrada había sido archivada, pero el tribunal de alzada dispuso reabrirla. Una de las imputaciones es violación a la ley de datos personales. También incumplimiento de deberes.

Otras causas, como la de la campaña contra Daniel Filmus dos años atrás, que se basaba en una encuesta telefónica trucha con datos falsos sobre su padre, rozaron al jefe de Gobierno, que no quedó directamente implicado. Esa causa puntual, que afecta a Jaime Durán Barba, quedó empantanada desde que está en la justicia porteña.

El año pasado quedó cerrada una causa contra Macri por irregularidades en la licitación para la explotación del llamado mobiliario urbano. También fue archivada una pesquisa por supuestos sobreprecios en las bicisendas.

Pero este año, en abril, a raíz de la represión en el Hospital Borda que la Policía Metropolitana desplegó para desalojar el taller protegido 19, Macri volvió a ser denunciando. El violento operativo, sin orden judicial, pretendía facilitar la demolición del taller, a pesar de que estaba protegido por una medida cautelar. Por el accionar de cerca de 300 efectivos policiales sufrieron heridas severas cerca de medio centenar de personas. Tanto Macri como el ministro de Seguridad, Montenegro, el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, así como el jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, fueron alcanzados por varias denuncias penales por abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. Los expedientes quedaron hace un tiempo concentrados en manos del juez Jorge López y el fiscal Eduardo Cubría.

A todo esto se suma que el gobierno porteño tiene como práctica sistemática, por la que Macri también tiene causas en trámite, la de incumplir sentencias judiciales especialmente en materia de salud, vivienda, educación y alimentación. En el área de salud son muchas las disposiciones judiciales ignoradas como las que disponen que el gobierno aporte equipamiento, infraestructura e insumos. Otras disposiciones judiciales reclaman respuesta al déficit habitacional y la culminación de obras en las villas 31 y 31 bis. La lista sigue, las investigaciones contra el líder de PRO aún tienen destino incierto.