Desde Roma

El papa Francisco insiste. No quiere por lo visto que el tema financiero en el Vaticano, que tanto ha dado que hablar últimamente, se le vaya de las manos. A él, el Papa que viene del fin del mundo y que poco o nada ha tenido que ver con las finanzas de la Santa Sede. Al parecer, no quiere que se diga lo que ya algunas malas lenguas críticas le atribuyen: “Cambiar todo para no cambiar nada”, la célebre frase de El Gatopardo, de Tomasi di Lampedusa, que refleja lo que ocurre muchas veces en el mundo de la política. Y para desmentirla, no sólo ha impuesto nuevas normas de control de las finanzas vaticanas y específicamente del lavado de dinero y de la eventual financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva –adecuándose a la normativa internacional–, sino que ha nombrado un Comité de Seguridad Financiera que coordinará todos los organismos económicos y financieros de la Santa Sede (es decir, de la curia romana) y de la Ciudad del Vaticano (o administración del territorio de 0,44km2 en Roma).

Pocas veces en un documento vaticano se ha hablado de “financiación del terrorismo” y de “armas de destrucción de masas”, un lenguaje que recuerda los primeros años de este milenio, después del atentado a las Torres Gemelas, cuando en el mundo se difundió el pánico de los atentados terroristas y de las armas de destrucción de masa piloteado por Estados Unidos. Pero muchos de esos pánicos se convirtieron luego en leyes internacionales que hoy siguen teniendo vigencia.

“La promoción del desarrollo humano integral, a nivel material y moral, exige una profunda reflexión sobre la misión de los sectores económicos y financieros y sobre su concordancia con el fin último que es la realización del bien común”, escribió el Papa al comenzar su Carta Apostólica. Y continuó: “Por este motivo la Santa Sede, de acuerdo con su naturaleza y misión, participa de los esfuerzos de la comunidad internacional dirigidos a la protección y a la promoción de la integridad, estabilidad y transparencia de los sectores económicos y financieros y a la prevención y lucha contra las actividades criminales”.

Francisco sancionó esta nueva normativa bajo la forma de una Carta Apostólica o Motu Proprio, es decir un documento vaticano de su propia iniciativa y de aplicación prácticamente inmediata, a partir del 10 de agosto. “Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede adoptando los principios y los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional en materia de prevención y lucha contra el reciclado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción en masa”, dijo más adelante.

Esta Carta Apostólica, explicó el Vaticano, es la continuación de otra emitida durante el papado de Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010 más precisamente, y que se refería a la prevención y lucha contra las actividades ilegales en materia monetaria y financiera. De hecho, el Motu Proprio de Francisco es mucho más completo y responde, explicó a la prensa el portavoz vaticano, padre Federico Lombardi, a las recomendaciones del Comité Moneyval del Consejo de Europa, organismo de la Unión Europea que monitorea en los países miembros de la UE, los asuntos relacionados con el reciclado de dinero y la financiación del terrorismo.

El documento está compuesto sólo de cuatro artículos pero, de hecho, aseguran los expertos, amplía las funciones de control, entre otros, sobre el IOR o banco vaticano y sobre APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), uno de cuyos contadores fue arrestado recientemente (y sigue en la cárcel) acusado de lavado de dinero y otros delitos financieros. Esta nueva normativa será aplicable a todos los organismos internos de la Santa Sede y a los empleados, así como a todas las organizaciones sin fines de lucro que tengan personalidad jurídica vaticana y sede en la Ciudad del Vaticano. Se trata de medidas de “prevención” por un lado, pero también de otras contra “sujetos que amenacen la paz y la seguridad internacional”.

Además, el Motu Proprio instituye una nueva comisión de control, llamada Comité de Seguridad Financiera, que tendrá la función de coordinar a todos los entes que se ocupan de temas financieros dentro de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta nueva comisión estará presidida por el actual asesor de la Secretaría de Estado Vaticana, monseñor Peter Brian Wells. El organismo deberá reunirse cada cuatro meses. De él participarán además, entre otros, el secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, el promotor de Justicia (o fiscal vaticano que, por ejemplo, se ocupó del caso del mayordomo que robó la documentación a Benedicto XVI) y el jefe de la gendarmería vaticana.

En materia financiera el papa Francisco ha tomado varias medidas desde el comienzo de su mandato en marzo. Entre ellas, creó una comisión para estudiar la reforma del IOR y otra para investigar sobre las finanzas vaticanas. La comisión de ocho cardenales de todo el mundo que están asesorando al Papa en materia de reestructuración de la Santa Sede y la Iglesia en general, se reunirán en Roma en octubre.