El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó finalmente la ley habilitante que le permite durante un año gozar de cierto poder legislativo para luchar contra un hecho puntual: la corrupción. Sería un enorme error analizar esta iniciativa, avalada por el artículo 203 de la Constitución de 1999, exclusivamente en clave jurídica. Este hecho político, desde el simbolismo y el pragmatismo, ha de ser interpretado como una respuesta a lo que se ha venido llamando la guerra económica contra el pueblo venezolano por parte de buena parte del sector empresarial privado (interno y externo) en los últimos tiempos. Esta solicitud fue precedida por un discurso sin parangón en la etapa Maduro, sin espacio para la broma ni el chiste. Maduro, en tono muy estadista, hilvanó un relato compacto, sin fuegos artificiales, tratando de explicar en profundidad la necesidad y urgencia de esta medida excepcional. La corrupción era presentada como un fenómeno complejo, de múltiples dimensiones, con raíces estructurales que tienen perversos efectos coyunturales. En ningún momento el presidente escatimó críticas hacia dentro, mostrando así que no es una ley de corte partidario, sino que se presenta como propuesta de Estado. Pero no sólo se quedó en la crítica hacia sus propias filas, sino que dio un paso al frente con la intención de construir sólidamente –hacia futuro– más socialismo bolivariano en base a más democratización económica.

En un momento del discurso, salió un dato que no debe pasar inadvertido: el 70 por ciento del PIB venezolano aún está en manos de los grandes poderes económicos. Pocas veces se escucha una sentencia tan firme respecto al desigual régimen de acumulación a pesar de los intentos del gobierno por cambiarlo. De esta forma, se hacía toda una declaración de intenciones: la década ganada por el chavismo aún no es suficiente. La apropiación de ciertos sectores estratégicos y la política altamente redistributiva de la renta petrolera es sólo un primer punto de partida –más que necesario– para seguir avanzando en un proceso revolucionario que permita una reproducción ampliada del socialismo. Mientras que exista un poder privado ultraconcentrado en muy pocas manos, y éste sea aún un importante pivote económico del patrón de desarrollo bolivariano, estarán las condiciones objetivas dadas para desestabilizar a partir de una estrategia multinivel desabastecimiento-inflación-dólar-medios de comunicación.

Samir Amin siempre puso su ojo en la burguesía compradora como centro de preocupación por considerarla como un déficit estructural si lo que se perseguía era una economía independiente, justa y soberana. Esta burguesía en Venezuela es la importadora, aquella que no produce, solamente dedicada a la compra-venta, importando afuera y vendiendo adentro. Este es el centro de gravitación de tantos problemas de la economía venezolana.

Cierto es que hay que ser más eficiente desde la propia administración pública; que ha de construirse una fuerte institucionalidad del Estado capaz de coordinar virtuosamente el triángulo de las Bermudas de la economía venezolana: fronteras-tributos-divisas; que se debe fomentar más cultura socialista donde no quepa la corrupción; que aún resta más política de control de precio por parte del Estado y del poder popular.

Pero además de todas las deudas a saldar, el otro problema es que la burguesía compradora acapara la mayor parte de las divisas, apenas produce, no genera valor agregado, casi no exporta, importa con dólar oficial del 6,3 y vende hacia adentro como si hubiese comprado con dólar paralelo (a 50), e incluso acapara sin vender. La inflación puede ser explicada por muchas razones, pero indudablemente también está relacionada con este comportamiento. El chavismo consiguió un crecimiento de consumo, cada vez más democrático, que genera una demanda interna no satisfecha por esa burguesía compradora, y tampoco por la capacidad productiva pública. Este punto es sin duda la madre de muchas batallas especulativas y acaparadoras. Si esta ley habilitante justamente permite erradicar estas prácticas al mismo tiempo que comienza a instalar la necesidad de seguir con el legado de Chávez de una gran transformación productiva, de más productos que satisfagan la demanda interna, y con más y nuevos productores, la economía dejará de estar paulatinamente en pocas manos. Sólo así, la paz económica será sostenible por muchos intentos de guerra económica que ellos procuren.

* Doctor en Economía.