Cada 15 de octubre, los catalanes recuerdan que ese día de 1940 fue fusilado el president (gobernador) de Cataluña Lluís Companys en el castillo de Montjuïc, de Barcelona, por la dictadura de Franco. Es por eso que el diputado Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y los concejales Blanca Arbell y Toni Bou Castellá (de la misma agrupación) presentarán hoy una querella contra el Estado español en el despacho de María Romilda Servini de Cubría por ese asesinato emblemático. La denuncia se sumará a la causa abierta en Argentina contra el franquismo, bajo la aplicación de la jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad.

Tardà, sentado en un bar de Congreso, anticipó a Página/12 los argumentos de la querella, un asunto que lo desvela, tanto como el reclamo independentista, del que no tiene duda de que no habrá marcha atrás, porque “a la sociedad catalana le cambió el chip”. El diputado en el parlamento nacional de España tiene fama de no callarse nada, como cuando una vez dijo “muera el Borbón” y provocó todo un escándalo entre los monárquicos. “Venimos aquí porque no somos independientes. Si Cataluña fuera un estado independiente, ya hubiéramos juzgado a los responsables de los crímenes contra la humanidad y del genocidio lingüístico que sufrieron los ciudadanos catalanes durante la dictadura franquista. Además, hubiéramos reparado a las víctimas como han ido haciendo todas las democracias, como es el caso argentino. La única sociedad que no ha hecho los deberes fue el Estado español. Es más, el modelo español es conocido internacionalmente como el modelo de impunidad.”

–¿Cuáles son los argumentos de la querella que presentan? ¿Contempla sólo el asesinato de Companys?

–Fundamentamos la querella en base a la categoría de crimen contra la humanidad, atendiendo al hecho de que Naciones Unidas ya condenó al Estado español en la resolución del año 1946 como estado cómplice y colaborador de las fuerzas del eje fascista europeo. Creemos que es aplicable la jurisprudencia de Nuremberg bajo la categoría de crimen contra la humanidad. Sabemos que si prospera la querella de Companys, caerán todas las demás. Companys se fue de Cataluña en el ‘39, con el status de refugiado político, y a pesar de ello fue entregado por las autoridades francesas a la Gestapo alemana, que a la vez lo entregó a la policía española. En Barcelona, fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y fusilado como un escarmiento al pueblo de Cataluña. Esto representa un gran dolor: estamos enterrando a los hijos de los fusilados, personas que llevan treinta años de democracia luchando para que se haga justicia.

–Era esperable que ustedes quisieran aprovechar la puerta de esperanza que abrió la Justicia argentina para determinar las responsabilidades de los crímenes de la dictadura española.

–Recurrimos a la Justicia argentina porque en España, en 1977, se aprobó una Ley de Amnistía que es perversa, porque equipara víctimas y verdugos. Al año siguiente se redactó la actual constitución española, que dice que el Estado deberá regular leyes y normas en función de aquello que tiene aprobado Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Hubiera sido normal que se derogara la amnistía, pero no sólo no lo hizo el Estado, sino que ha edificado un modelo de impunidad basado en dicha ley. Un proceso que culminó en 2007 con la Ley de Memoria Histórica. Según ésta, no es posible reconocer a las víctimas jurídicamente como tales y los tribunales franquistas solamente son ilegítimos; no dice que son ilegales y en consecuencia tampoco las sentencias son ilegales. La Ley de la Memoria cierra el proceso de un modelo de impunidad que nació en 1977.

–¿Es por eso que Esquerra Republicana de Catalunya no votó a favor de la Memoria Histórica cuando se consideraba que era un avance con respecto a los derechos humanos?

–Sí, votamos en contra y explicamos que era una gran trampa. No fue fácil, porque si había una ley de la memoria era gracias a nosotros. El Partido Socialista ganó en 2004 de forma inesperada, por la tragedia del 11 M, con una mayoría relativa. Era imprescindible el apoyo de los republicanos catalanes para que fuera investido Zapatero. Y una de las condiciones que impusimos fue que se elaborara una ley de la memoria. Ante el fascismo de la derecha española, Zapatero era la esperanza. Era un hombre lo suficientemente joven para no haber tenido protagonismo en los años setenta y se comprometió a aprobarla. Pero luego no lo hizo.

En octubre de 2004, por primera vez hubo dos debates que no se habían dado nunca en el Parlamento español: uno fue plantear la anulación de la sentencia de nuestro presidente Lluís Companys, figura internacionalmente reconocida como símbolo del antifascismo. El gobierno dijo que sí, que lo iban a hacer con la Ley de la Memoria. Otro planteo fue el de instar al Estado español a dilucidar sus responsabilidades en el Holocausto, porque la España franquista era aliada de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Al final, la Ley de la Memoria no incluyó ninguna palabra sobre la colaboración de Franco con Italia y Alemania, y tampoco anuló la sentencia de los miles y miles de catalanes que fueron fusilados. Ahora todo ha reventado. Ahora el gobierno español tiene dos peligros: esperamos que el año que viene podamos forzar el referéndum de autodeterminación catalana y, por otro lado, la justicia universal se va abriendo camino a pesar de los inconvenientes que pone el Estado español. El camino se abrió en Argentina.

–¿A ustedes no les genera conflicto reclamar la independencia y al mismo tiempo mantener el postulado de izquierda de ser solidarios?

–Nosotros vivimos en una Europa democrática y también en la Europa expoliadora. Somos una nación que el próximo año va a conmemorar la pérdida de las libertades, la caída de Barcelona en 1714. Somos una nación milenaria, venimos de muy lejos. Queremos recuperar aquello que habíamos tenido y que Argentina recuperó hace 200 años. Queremos ser una nación normal. Después de 300 años seguimos existiendo como los irlandeses, los vascos, los escoceses. Somos un partido de izquierda republicano y queremos el derecho de autodeterminarnos, derecho a decidir. Antes de final de año todo el mundo sabrá qué día vamos a convocar un referéndum, se hará antes del referéndum escocés, y se sabrá cuál es la pregunta. Que luego el Estado español no lo permita, no lo sabemos. De forma solemne Cataluña va a convocar la consulta, lo que no significa dejar de ser solidarios como lo hemos sido siempre. No aceptamos una España que se niega a reconocer que es un Estado plurinacional y pluricultural. Hubo dos grandes manifestaciones el año pasado y este 11 de septiembre, al mundo le quedó claro la vía catalanista: pacífica y masiva. El problema es de la administración española. Que Rajoy haga como Cameron, que aceptó el referéndum de los escoceses y que va a hacer lo posible para que pierdan. Llevamos 14 peticiones en dos años pidiendo autorización para realizar la votación. Ahora estamos elaborando una ley de consultas, y si no obtenemos la autorización, vamos a aplicarla para realizar el referéndum. A no ser que nos encarcelen a todos.

–¿Por qué Esquerra ha pactado con Convergència i Unió, siendo éste un partido conservador y pro ajuste?

–CiU ha formado parte del statu quo post franquista, se ha aliado con la derecha y con la izquierda. Ahora, hubo un cambio en la sociedad catalana y de lo que se trata es de acumular fuerzas para que el próximo año se dé el big bang. Queremos provocar el parto de la república catalana y que todo catalanismo político actúe al unísono para hacer posible la autodeterminación, y el día después, cada uno con lo suyo. Aspiramos a que tras el parto de la república, las izquierdas seamos hegemónicas para que la constitución republicana se pueda escribir con tinta roja y no azul. El partido que ganó las elecciones fue CiU, y buscamos empujar a la burguesía catalana a hacer lo que nunca se atrevió: a plantar cara al Estado español.

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