El dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado el 16 de octubre de 1998 en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón y su detención sentó las bases sobre el concepto de Justicia universal, en un claro avance contra los delitos de lesa humanidad cometidos en el mundo. Al cumplirse quince años de un episodio clave para la Justicia internacional, el abogado español Joan Garcés y la ex investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre Chile, Virginia Shoppeé, comparten sus recuerdos sobre un hecho que despertó el interés de las víctimas y los observadores a ambos lados del Atlántico.

Trece días antes de que el genocida chileno fuera detenido, Sho-ppeé repasaba, como acostumbraba a hacerlo, las últimas noticias referidas a Chile en los diarios del país trasandino. Estaba en su oficina de la sede en Londres de Amnistía Internacional. En un momento, la investigadora leyó un despacho de la agencia France Presse que la sorprendió. El general retirado Pinochet estaba a punto de emprender un viaje a Europa, que incluía al Reino Unido. Shoppeé creyó que ese viaje le brindaba la oportunidad de continuar con el trabajo de denuncia iniciado por Amnistía Internacional. Decidió hablar con Javier Zúñiga, director del programa de AI sobre América, y redactó el primero de muchos documentos que sobre Pinochet publicaría la organización. El texto recomendaba a los gobiernos europeos detener a Pinochet en virtud de las disposiciones de la Convención contra la Tortura. La investigadora, sin embargo, nunca pensó que la detención de Pinochet fuera posible. “Publicamos ese documento porque pensamos que era lo menos que podíamos hacer, pero no esperábamos una gran repercusión”, reconoció Shoppeé. Había estado en Chile siete meses antes y se había reunido con políticos, víctimas y familiares de víctimas y con representantes de ONG. “Ninguno de ellos pensaba en la detención de Pinochet. Las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno se consideraban un caso cerrado”, señaló.

El proceso judicial para detener al dictador chileno había comenzado en julio de 1996 gracias a Joan Garcés, ex asesor de Salvador Allende. El abogado español pensó que podía acusarse a Pinochet utilizando los principios de la jurisdicción universal, que en teoría permitía a los Estados investigar y perseguir a personas por delitos cometidos en otros países. Garcés recuerda que se sintió alentado por los progresos realizados respecto de las atrocidades cometidas por el régimen militar de Argentina. La Audiencia Nacional española había admitido en 1996 una querella presentada por víctimas de tortura y desaparición forzada en Argentina, después de que el Parlamento admitiera en 1985 que la jurisdicción universal podía aplicarse en casos de crímenes contra la humanidad, terrorismo y genocidio. El abogado español presentó una querella similar sobre Chile y su equipo empezó a reunir pruebas para presentarlas ante el juez Garzón. Decenas de víctimas de la represión militar chilena viajaron a España para testificar.