El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó ayer la condena a España por la prolongación de la estancia en la cárcel de la presa etarra Inés del Río Prada, al aplicarle de forma retroactiva la “doctrina Parot”, una sentencia de 2006 que calcula las liquidaciones de condena sobre la totalidad de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento previsto en el Código Penal de 1973, que es de 30 años. Por unanimidad, el Tribunal de Estrasburgo rechazó el recurso que había planteado el gobierno de Mariano Rajoy contra el fallo que una de sus secciones dictó el 10 de julio de 2012, en el que condenaba a España por violar los derechos fundamentales de la reclusa.

Del Río, detenida en 1987, fue condenada a 3828 años cárcel por 23 asesinatos. La aplicación de la “doctrina Parot” establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 retrasó la puesta en libertad de Del Río, que de otra manera habría tenido que producirse en 2008. La sentencia, leída ayer por el presidente del tribunal, Dean Spielmann, ratifica que dicha medida vulneró dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950: el 7 (derecho a no ser castigado con una pena mayor que la vigente cuando se cometió el delito) y el 5 (libertad y seguridad). Por ello, insta al Estado español a dejar en libertad a Inés Del Río “a la mayor brevedad” y lo obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales, en un plazo de tres meses.

El fallo del tribunal de Estrasburgo supone un duro revés para el gobierno del Partido Popular (PP), que pretendía, con la aplicación de la “doctrina Parot”, mantener el máximo de tiempo posible en la cárcel a los terroristas condenados por múltiples asesinatos. Si bien la sentencia de ayer sólo aborda el caso particular de Del Río, sus conclusiones podrían tener efectos prácticos más allá del mismo, por la repercusión sobre todos los otros presos sujetos también a esta medida. Así, se abre la puerta a la excarcelación de más de medio centenar de etarras que están actualmente en la cárcel por la “doctrina Parot” y, a mediano y largo plazo, la sentencia podría beneficiar a otros 70 reclusos de la banda terrorista.

Tras conocerse el fallo, los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, salieron ante los medios para asegurar que la decisión de Estrasburgo “no supondrá, en ningún caso, un escenario de impunidad para los presos de ETA”. Ambos insistieron en que la sentencia “sólo afecta al caso concreto de Inés del Río” y que “ahora será la Audiencia Nacional a quien le corresponda decidir cómo se aplica ese fallo”. El pleno de la misma se reúne este viernes en Madrid y podría abordar ya, además del caso de esta reclusa, el criterio a seguir con los otros presos bajo la misma doctrina.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Angeles Pedraza, por su parte, declaró esa misma tarde en su cuenta de Twitter que siente daño, dolor, sufrimiento, miedo y vergüenza. “El Tribunal de los Derechos Humanos ha decidido a favor de terroristas, violadores, criminales y asesinos” manifiesta la asociación que, además, recuerda que siempre estuvo a la defensa de la “doctrina Parot”: “Lamentamos que la balanza del TEDH se haya inclinado más hacia la impunidad de los terroristas que a hacer justicia a las víctimas”.

En contraste con el malestar del PP y de las agrupaciones de víctimas del terrorismo, en el País Vasco cientos de personas celebraron la decisión del tribunal europeo. En Bilbao y San Sebastián, los actos convocados a la espera del pronunciamiento judicial contaron con la presencia de los principales dirigentes de la izquierda aberzale (independentista). Los partidos políticos, sindicatos nacionalistas y organizaciones sociales que organizaron las manifestaciones reclamaron la puesta en libertad de todos los reclusos a los que se les aplicó esta doctrina y festejaron que se empiece a “resquebrajar el muro de la política penitenciaria del Estado”.

El caso de Inés del Río y el dictamen favorable de Estrasburgo vuelve a poner sobre la mesa un debate que lleva décadas abierto en el Estado español. El severo trato carcelario a los acusados de terrorismo es motivo constante de tensiones entre el gobierno central, las asociaciones de víctimas y los partidos de la izquierda vasca. Por eso es que los abogados de Del Río procederán, en las próximas horas, no sólo a realizar los trámites legales necesarios para reclamar la puesta en libertad inmediata de su defendida sino la de 56 presos de ETA afectados por la sentencia del Supremo de 2006 sobre el caso Parot, al entender que es una doctrina “muerta” tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los letrados pidieron al gobierno del PP que “escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor”.

En el caso concreto de Inés del Río, la cárcel donde estaba presa aplicó las redenciones de pena a su condena y estableció que debía salir de prisión el 2 de julio de 2008. Sin embargo, un mes antes de esa fecha, la Audiencia Nacional consideró que debía serle aplicada la “doctrina Parot” y estableció que su salida no debía producirse hasta el 27 de junio de 2017. En caso de que en los próximos días quede en libertad, habrá cumplido 26 años y tres meses de condena, ya que fue detenida el 7 de julio de 1987 en Zaragoza, cuando llevaba una camioneta cargada con 34 kilos de amonal en dirección a Torremolinos (Málaga) para iniciar una campaña de atentados en Andalucía, en pleno auge de la lucha armada por la independencia del País Vasco.