Al menos 38 iraquíes, seis de ellos militares, murieron y otros 64 fueron heridos ayer en varios ataques en diferentes partes del país. También ayer, la Comisión Electoral de Irak renunció en pleno tras denunciar “presiones” del Ejecutivo y del Legislativo, sumiendo en dudas las elecciones generales a celebrarse en poco más de un mes, las terceras desde la caída de Saddam Hu-ssein tras la invasión de Estados Unidos en 2003. El lunes, al menos doce personas murieron y otras diez resultaron heridas en diferentes ataques y explosiones en varias ciudades de Irak.

Ayer, un suicida hizo explotar el camión cisterna que conducía cerca de un punto de control del ejército iraquí en el acceso al puente de Al Muzni, en el norte de Bagdad, lo que provocó la muerte de seis militares y dejó heridos a otros 26. La fuente policial explicó que hombres armados, que se cree que pertenecen a la organización del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) y que viajaban en un coche, atacaron un puesto de control del ejército en la zona de Ain al Yahsh, en el sur de Mosul, a 400 kilómetros al norte de Bagdad, lo que causó la muerte de cinco soldados.

Desconocidos armados asesinaron a un policía que trabaja en la protección de instalaciones petroleras, a quien dispararon cuando estaba parado en la puerta de su casa en Al Quyara, al sur de Mosul. Un comerciante de Turkmenistán fue atacado por desconocidos mientras conducía su coche en la zona de Al Masaref, en el norte de Mosul, mientras que en el oeste de esa ciudad un civil murió por disparos de unos armados en frente de su casa en la ciudad de Al Auadiya.

Un oficial de la policía murió y otras cuatro personas resultaron heridas, después de que un hombre lanzara una granada contra una patrulla policial en la zona de Al Jazyaz, en el centro de Mosul. La fuente añadió que varias zonas de Faluya, al oeste de Bagdad, fueron objetivo de bombardeos con artillería y tanques por parte de las fuerzas armadas iraquíes, causando la muerte de seis civiles y heridas a otros diez.

Dos civiles murieron en un ataque de desconocidos al vehículo en el que viajaban, en la ciudad de Al Sharqat, al norte de Bagdad. Un capitán de policía murió y su esposa resultó herida en otro ataque a su coche en la calle Al Qadasiya, en el norte de Tikrit, al norte de Bagdad.

Cuatro civiles fallecieron por disparos cerca de la ciudad de Buhriz, en el sur de la ciudad de Baquba, al noroeste de Bagdad. Por otro lado, unos desconocidos atacaron un convoy militar en el norte de Bagdad, matando a seis personas, entre ellas cinco soldados, y dejaron a otras quince heridas. Tres guardaespaldas de varios disputados del Parlamento iraquí murieron y otros siete resultaron heridos tras dos explosiones en las que se pretendía asesinar a esos políticos.

Por otro lado, la Comisión Electoral informó en un comunicado que presentó la dimisión ante el presidente de la comisión, Serbet Rasul Mustafa, para protestar por presiones que dijo haber recibido, tanto del gobierno como del Parlamento, debido a sus diferencias en la interpretación del código electoral.

La manzana de la discordia es el artículo 8 de la ley, que estipula las condiciones necesarias para presentarse a los comicios legislativos, previstos para el próximo 30 de abril. El gobierno del primer ministro Nuri al Maliki considera que aquellos que están acusados por la fiscalía de perpetrar un delito no pueden concurrir a los comicios, pero el Parlamento pone la condición de que haya un fallo judicial definitivo.

El comunicado precisó que la Comisión Electoral pretende mantener la misma distancia del Ejecutivo como del Legislativo, ya que no quiere formar parte de esa disputa ni verse obligada a aplicar decisiones contra alguna de las partes.

La dimisión de la Comisión Electoral arroja un manto de duda sobre la viabilidad de unas elecciones que, de celebrarse, ocurrirán en medio de una crisis de seguridad marcada por los atentados y los choques entre las fuerzas de seguridad y grupos extremistas.

Irak sufre un repunte de la violencia sectaria entre sunnitas y chiítas, así como de atentados de la insurgencia contra las fuerzas de seguridad, que causaron en 2013 la muerte de 8868 personas, de las que 7818 eran civiles, según cifras difundidas por la ONU.