El ex presidente colombiano Alvaro Uribe admitió ayer que no tiene pruebas en contra de su sucesor Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en la pasada campaña presidencial de 2010. El ex mandatario dijo que, si bien no tiene evidencias que comprometan al jefe de Estado, presentó a la Procuraduría General –Ministerio Público– información en contra de la campaña que llevó a Santos a la Casa de Nariño hace cuatro años. “En aras de la verdad manifiesto que no he recibido información contra la persona del presidente de la República, pero sí serias y graves informaciones contra su campaña”, declaró Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 y ahora es una de las figuras más destacadas de la oposición. La denuncia de Uribe agita desde comienzos de mayo la actual campaña electoral en la que Santos busca ser reelegido. Paralelamente, la Unión Patriótica (UP) y Marcha Patriótica, los movimientos políticos más izquierdistas del país, mostraron un inédito respaldo a la reelección de Santos en la segunda vuelta del próximo 15 de junio, pero el Polo Democrático Alternativo se abstuvo de hacerlo.

Tras la primera vuelta del domingo pasado, Santos pasó a un ballottage con el opositor Oscar Iván Zuluaga, cuyo jefe político es Uribe. Según el ex presidente, cerca de dos millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron utilizados en la campaña del oficialista Partido Social de Unidad Nacional, que él apoyó cuando era aliado de Santos, para cubrir gastos de la contienda electoral de 2010. Uribe aseguró además que ese dinero formaba parte de un fondo de doce millones de dólares que, de acuerdo con un narcotraficante preso en Estados Unidos, crearon varios jefes de un cartel de las drogas para impulsar ante el gobierno un plan de entrega que incluiría beneficios judiciales.

Santos admitió que Juan José Rendón, un publicista venezolano que trabajó en sus campañas, le informó de esa propuesta que le presentaron abogados de los narcotraficantes, la cual fue presentada por el gobierno a la Fiscalía General para ser analizada. Sin embargo, el organismo respondió a los narcotraficantes que debían entregarse para cumplir al menos 20 años de prisión, por lo que no se llegó a un acuerdo. Los delincuentes que crearon el fondo fueron capturados durante el gobierno de Santos en Colombia y Venezuela.

Dirigentes de la coalición de gobierno aseguran que la denuncia de Uribe, además de extemporánea, se enmarca en una “guerra sucia” en el actual proceso electoral, ya que fue hecha pocas horas después de que un escándalo empezara a afectar a la campaña de Zuluaga por un presunto caso de espionaje para sabotear las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en Cuba. Tras hacer la denuncia a través de la prensa, Uribe fue citado tres veces por la fiscalía para que entregara la información que aseguró tener, pero el ex presidente argumentó que no tiene garantías en ese organismo.

Uribe sostuvo que esa falta de garantías obedece a que el fiscal general, Eduardo Montealegre, se ha referido con el término de “neofascistas” a quienes se oponen al proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla. El ex mandatario venía prometiendo desde hace varios días que entregaría dicha información a la Procuraduría que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos. Se prevé que la fiscalía pedirá a ese órgano de control que le entregue copia de los documentos presentados por Uribe.

Pese a esta campaña, que busca restarle votos y empañar su imagen de cara a la segunda vuelta, el presidente Santos recibió ayer el apoyo de las fuerzas de izquierda. El sorpresivo respaldo a Santos, un político neoliberal, lo realizaron la UP y Marcha Patriótica como una forma de mantener los diálogos de paz que su gobierno inició con las FARC en noviembre de 2012, que ya han firmado tres acuerdos parciales en materia de tierras, participación política y narcotráfico. “Pensamos que lo mejor en este momento es apoyar al candidato que ha abierto los diálogos y que va por el camino de la solución política y negociada”, dijo en una rueda de prensa la líder de la UP, Aída Avella.

Avella, quien pasó 17 años en el exilio en Suiza tras salir ilesa de un atentado que sufrió en 1996 en Bogotá, concurrió en las elecciones del pasado domingo como compañera de fórmula a la vicepresidencia de Clara López, del Polo Democrático Alternativo (PDA), coalición que obtuvo el cuarto lugar con casi dos millones de votos, lo que representa el 15,23 por ciento. La UP nació en 1985 a raíz de acuerdos entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, y durante los años ’80 y ’90 sufrió el asesinato sistemático de unos 4000 de sus militantes, dirigentes y, entre ellos, dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes y concejales.

Por su parte, Marcha Patriótica, movimiento político que nació en 2012 como un conglomerado de organizaciones campesinas y estudiantiles que desde el gobierno de Santos fue relacionado en diversas ocasiones con las FARC, también se expresó a favor de la reelección del actual presidente. La líder de Marcha Patriótica, la ex senadora Piedad Córdoba, dijo que el fin del conflicto es el “gran anhelo” de Colombia. “La paz tiene que ver con todo. Lograr la paz generará condiciones para por fin construir un nuevo país”, manifestó.

El que fue compañero de la UP en la carrera presidencial, el PDA, debatió el jueves también qué postura adoptar para la segunda vuelta y se decantó por el voto en blanco o la abstención defendida por el senador Jorge Robledo, en detrimento del apoyo a Santos sugerido por el senador electo Iván Cepeda. Antes de la primera vuelta, el mandatario había recibido el apoyo de Progresistas, otro bloque de izquierda liderado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El respaldo de la izquierda a Santos resulta inédito y responde a la coyuntura de las negociaciones con las FARC, ya que durante los cuatro años, ese sector ha sido un firme opositor a sus políticas neoliberales y ha protagonizado múltiples protestas sociales.