Varias de las compañías más grandes de Estados Unidos exigieron al Congreso norteamericano que impulse avances en la reforma del sistema de inmigración. Directivos de Tyson Foods, Coca Cola, McDonald’s, Choice Hotels, Cargill, Lowes Hotels y Exelon reclamaron en un documento enviado a los legisladores una solución práctica para la situación de millones de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos. El Senado, controlado por los demócratas, aprobó el año pasado una reforma que permitiría la legalización de más de 11 millones de extranjeros, pero el liderazgo republicano en Diputados respondió que no debatiría el plan del Senado, que discutiría una versión propia y que lo haría por partes.

Ocho meses después, en febrero, el presidente del Congreso, el republicano John Boehner, dijo que no había condiciones para aprobarla antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo, provocando malestar en el gobierno demócrata del presidente Barack Obama. En la carta, las empresas subrayaron que contratar legalmente a trabajadores en tareas que los estadounidenses no están dispuestos a desempeñar es indispensable para sus negocios. “Los empleadores deben procurar, primero, la contratación de estadounidenses”, señala la carta, pero, si no pueden encontrar suficientes trabajadores estadounidenses deberían tener la posibilidad de contratar trabajadores extranjeros rápida, fácil y legalmente.

Según las empresas, muchos trabajadores con bajas calificaciones laborales sólo pueden obtener visas para labores de zafra (estacionales) y no pueden recibir visas para trabajar todo el año. Los empresarios apoyan el otorgamiento de visas de más largo plazo –contenido en la legislación aprobada por el Senado–, junto con mejores sistemas de vigilancia de la frontera y de identificación en los lugares de trabajo. Al menos el 62 por ciento de los estadounidenses apoya una reforma migratoria que abra una vía para que los inmigrantes indocumentados accedan a la ciudadanía; nivel casi idéntico al que se registró hace más de un año, aunque el tema está lejos de las prioridades de los norteamericanos, según un sondeo publicado anteayer. Casi dos de cada tres estadounidenses respalda que los inmigrantes que viven ilegalmente en el país se conviertan en ciudadanos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, según la encuesta difundida por el Instituto Brookings y el instituto de investigación religiosa PRRI.

Por otro lado, un 17 por ciento de los consultados prefiere que los inmigrantes indocumentados obtengan un estatus legal pero sin ciudadanía, mientras que el 19 por ciento –uno de cada cinco estadounidenses– se pronunció a favor de deportarlos. El estudio consistió en encuestas telefónicas que tuvieron lugar durante abril, en español e inglés, a 1538 adultos que ya habían respondido un sondeo similar en marzo de 2013. Entonces, un 63 por ciento se expresó a favor de apoyar la ciudadanía para los inmigrantes ilegales.

“En más de un año hemos visto un apoyo absolutamente invariable”, dijo Robert Jones, presidente de PRRI. El apoyo a la reforma cruza todo el espectro político en Estados Unidos, con mayoría entre demócratas (70 por ciento), republicanos (51 por ciento) e independientes (61 por ciento). “No sólo hay un acuerdo bipartidista de que el sistema migratorio en Estados Unidos está roto, sino que hay una sensación de que algo debe hacerse”, señaló Jones. El Senado estadounidense aprobó el año pasado una ambiciosa reforma del sistema migratorio, que prevé, bajo condiciones estrictas y al finalizar un período transitorio de al menos 13 años, conceder la nacionalidad estadounidense a unos 11 millones de inmigrantes ilegales.

Sin embargo, desde entonces el proyecto permanece empantanado y sin esperanzas en la Cámara de Representantes (diputados), controlada por la oposición del Partido Republicano. Según el estudio, una cuarta parte de los estadounidenses opinan que la reforma debe ser la mayor prioridad del presidente Barack Obama y del Congreso.