Una parte de la sociedad colombiana está de acuerdo con el proceso de paz aunque no en los términos propuestos por el presidente Juan Manuel Santos. Para Carlos Andrés Prieto, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esto explica la victoria apretada que obtuvo el mandatario frente al candidato uribista Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta del pasado 15 de junio. Si bien los resultados reflejaron una derrota del uribismo, la reelección de Santos producirá –según el experto– una rearticulación de la ultraderecha colombiana. “Esta elección marca el camino de aquí en adelante. Se van a discutir posiciones respecto de cómo va a ser esa oposición uribista. Hay que esperar un poco para ver lo que pasa y cómo esto va a afectar tanto el desarrollo legislativo como al gobierno”, indicó.

El triunfo en primera vuelta de Zuluaga, que consiguió el 29 por ciento de los votos frente al 25 por ciento de Santos, representó la vigencia del ex presidente y senador electo Alvaro Uribe (2002-2010) en la vida política colombiana y su capacidad para disputar el poder. “Una parte de la población estaba de acuerdo con la forma en que Uribe manejaba el tema del conflicto. Otra parte tuvo un voto de oposición a los cuatro años del presidente Santos. Otra directamente desconocía o no estaba al tanto del alcance de lo que estaba haciendo el gobierno y eso generaba también desconfianza”, explicó Prieto.

Frente a un posible avance de la derecha más beligerante, Santos sumó en segunda vuelta el respaldo de dirigentes de la izquierda y el progresismo, como el de la ex candidata presidencial y líder del Polo Democrático Alternativo, Clara López, y el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para el experto de la FIP se trató más bien de un apoyo a las negociaciones de paz que el gobierno mantiene con la guerrilla de las FARC desde octubre de 2012. Sin embargo, subrayó que el espaldarazo dado por la izquierda a Santos puede servir para “buscar una agenda más progresista y más amplia” en su próximo mandato.

Prieto, especialista en parapolítica y justicia transicional –encargada de reparar las violaciones masivas de derechos humanos una vez superada una dictadura o un conflicto armado–, se refirió también al futuro de los paramilitares y guerrilleros en un hipotético escenario de paz. “Un buen número de paramilitares y combatientes de la guerrilla está cumpliendo ya la desmovilización. Se está viendo cómo el Estado está preparando la reintegración de estos grupos. El otro tema es cuánto están participando algunos ex paramilitares dentro de lo que son las nuevas bandas criminales. Según un último estudio de reincidencia, hay una tasa elevada de desmovilizados y entre un 24 y un 28 por ciento está en la ilegalidad”, dijo. De acuerdo con Prieto, 54 mil paramilitares y guerrilleros se han desmovilizado entre los últimos ocho y diez años, 30 mil colectivamente y unos 24 individualmente. “Es un número bastante importante. Pero si uno mira el tema de las bandas criminales, la tasa de paramilitares o ex combatientes es relativamente inferior, por lo que estos grupos están compuestos en su mayor parte por las nuevas generaciones del crimen organizado”, agregó.

El experto colombiano evaluó además el proceso a seguir con los paramilitares y miembros de la guerrilla de aprobarse los acuerdos entre el gobierno y las FARC. “Hay varios escenarios. Uno es el jurídico, donde muchos afirman que cualquier cosa que se firme en La Habana no tendría un efecto retroactivo en cuanto a los paramilitares o a los guerrilleros. Pero el Estado ha avanzado mucho en los últimos 10 años en la forma en que examina y combate a los grupos del crimen organizado, por lo que uno espera que tenga la capacidad de combatir a estos reductos guerrilleros, independientemente de lo que ocurra en La Habana”, sostuvo.

Respecto de las víctimas del conflicto armado, que lleva más de 50 años, Prieto afirmó que la Justicia, aunque lentamente, responde ante los casos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual y reclutamiento de niños. “La Justicia está avanzando en el esclarecimiento de los casos y en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes. Cuando uno habla con los expertos se tiene la sensación de que aún falta mucho por descubrir, aunque judicialmente uno ve que se ha avanzado. Incluso cuando muchos organismos siguen reportando algunos casos de falsos positivos –el asesinato extrajudicial de civiles a manos de paramilitares para hacerlos pasar por guerrilleros–. Uno espera que el Estado pueda responder algún día sobre los crímenes que se han cometido”, consideró.

Una de las promesas electorales de Santos fue la eliminación del servicio militar obligatorio en caso de firmar la paz. Algo que para Prieto representó más un anuncio coyuntural en el tramo final de la campaña que una propuesta para la Colombia post conflicto. “En las últimas semanas antes de la elección se tocaron muchos temas coyunturales, dejando en el fondo los grandes temas de la agenda pública. Uno podría pensar que Santos busca modificar en el imaginario el tema del conflicto. Es una forma de cambiar la percepción de la guerra y de las instituciones militares en el caso de que este proceso de paz salga a flote. Entre líneas se puede leer como que está anticipando algunos cambios que pueden venir. La idea –aclaró– es que toda la institucionalidad esté al unísono con el cierre del conflicto.”

Entrevista: Patricio Porta.