Una porción mayoritaria de la comunidad internacional acaba de proponerse una meta ambiciosa y compleja: intentar que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos aplicándoles un marco regulatorio a escala mundial. Veinte países, entre ellos China, Rusia y la India, votaron en la ONU a favor de una resolución en ese sentido, que dice textualmente: “Crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. La iniciativa fue aprobada el 26 de junio, fija dos años de plazo para que se genere un cuerpo jurídico normativo y vio la luz en un contexto donde el problema ha sido visibilizado por campañas globales de la sociedad civil, como “Desmantelando el poder corporativo”.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sancionó por mayoría la resolución que Ecuador ya había presentado el año pasado. El grupo Brics, con la excepción de Brasil, que se abstuvo, le dio un voto positivo a la iniciativa. También se pronunciaron a favor Cuba, Venezuela, Indonesia, Pakistán, Vietnam y varios países africanos. Argentina, Chile, México y Perú estuvieron entre las trece abstenciones, y en contra hubo catorce naciones lideradas por Estados Unidos y potencias europeas como Alemania, Inglaterra, Francia e Italia.

El encuadramiento jurídico que pretende obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos no salió de un repollo. Es el desenlace provisorio de una dinámica de luchas a escala planetaria que se instaló en Naciones Unidas. Cruzó las fronteras nacionales y comprometió a gobiernos, organizaciones civiles y espacios colectivos que se unieron en las denuncias contra la contaminación del medio ambiente, las amenazas a la soberanía alimentaria, la explotación del trabajo infantil y el despojo de tierras a los pueblos originarios, entre otros problemas.

Mientras sesionaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en la misma ciudad se reunía el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una organización que analizó doce casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por transnacionales. “Con el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales acabamos de elaborar el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales”, señaló Juan Hernández Zubizarreta, el español que preside el TPP. Es también autor de Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa y El negocio de la responsabilidad, ambos libros publicados en 2009.

Un especialista en el tema, como el austríaco John Ruggie, ex representante especial de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, se mostró crítico con la votación. Dijo que retrotrae la cuestión a los años ’70, cuando se instaló el debate por primera vez y no se avanzó en medidas concretas. Además, cuestionó que se incluyera sólo a las multinacionales y no a las empresas locales. Es “una disfunción clásica de hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado diferente”, escribió en una carta que publicó la web del Instituto de Derechos y Humanos y Empresa, que él mismo preside.

Sus detractores, como Hernández Zubizarreta, señalan que su lógica no apuesta a crear nuevas obligaciones en el derecho internacional que sean vinculantes. El español recordó en un artículo reciente que escribió junto a Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), que, de los principios promovidos por Ruggie aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”.

El documento de cincuenta páginas titulado “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” dice que “los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales”.

A juzgar por los doce casos que trató el TPP en Ginebra, aquello no ocurre en varios países. Denunció que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de la empresa suizo-británica Glencore en Filipinas, Zambia, Perú, República Democrática del Congo y Colombia; la canadiense Pacific Rim en El Salvador; la británica Lonmim en Sudáfrica y la británico-holandesa Shell en Nigeria; las estadounidenses Coca Cola en Colombia y Chevron en Ecuador; la israelí Mekorot en Palestina y la española Hidralia Energía en Guatemala.

Las ETN, como se denomina a las transnacionales –sostienen en el TPP– “poseen un poder que no tiene contrapeso jurídico alguno”. Durante la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra, éste denunció que “las violaciones perpetradas por las ETN no constituyen casos aislados y sin conexión; son prácticas sistemáticas que se repiten alrededor del mundo, como expresión de la arquitectura de la impunidad”.

Algunos de los hechos más recientes fueron el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, donde murieron 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres); la masacre de 2012 en Marikana, que mató a 34 mineros en Sudáfrica; la destrucción medioambiental causada por la Shell en la región de Ogoni, Nigeria, y por Chevron en la Amazonia ecuatorial, y las graves consecuencias para la salud de los trabajadores en la minas de carbón de Colombia, explotadas por multinacionales que en el pasado se aliaron a grupos paramilitares para desplazar mano de obra barata.

En la votación donde se decidió crear el grupo de trabajo encargado de redactar la norma de derechos humanos para poner freno a los delitos cometidos por las trasnacionales, Ecuador, China, Sudáfrica e India hicieron un llamamiento para que fuese aprobado por consenso un tratado vinculante que garantice a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la Justicia.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón les pidieron a los demás países que integran el Consejo de Derechos Humanos que se opusieran a la resolución. Fue en vano. Se aprobó con un aplauso espontáneo que dejó un par de sorpresas, como las abstenciones de Argentina y Brasil.

[email protected]