George W. Bush ya tiene su propio “caso Kelly”. Ayer, el Departamento de Justicia estadounidense abrió una investigación para determinar si la Casa Blanca reveló el nombre de una espía de la CIA. La investigación apunta a identificar al “funcionario de alto rango” que filtró a siete periodistas el nombre de Valerie Palme, agente secreta y esposa de Joseph Wilson, el ex embajador que denunció la falsedad de los informes que aseguraban que Saddam Hussein había intentado comprar uranio en Níger. Wilson y los demócratas acusan a Karl Rove, el arquitecto de la campaña de reelección de Bush, de haber filtrado el nombre de Palme en venganza por el Nigergate. “Dar el nombre de un agente secreto equivale a apuntar con una pistola a su cabeza”, dijo ayer el senador demócrata Charles Schumer, que exige que la investigación no esté en manos del Departamento de Justicia.
A principios del año pasado, la Casa Blanca ordenó al embajador norteamericano en Gabón, Joseph Wilson, investigar si Saddam Hussein había comprado uranio en Níger para hacer armas nucleares. Wilson viajó a Níger y más tarde informó al gobierno que esa compra nunca había existido. Así y todo, en enero pasado Bush mencionó la supuesta compra de uranio de Saddam en un discurso ante el Congreso norteamericano como una de las pruebas que justificaban la invasión de Irak. Indignado, Wilson publicó en julio pasado su informe en el diario The New York Times y recién entonces la Casa Blanca tuvo que admitir que el dato nunca debió ser incluido en el discurso de Bush. Las aguas parecieron aquietarse cuando el director de la CIA, George Tenet, admitió la responsabilidad de haber dejado que una información falsa se “colara” en el discurso.
Pero hace unas semanas, un funcionario de la Casa Blanca que todavía no ha sido identificado llamó al menos a siete periodistas, entre ellos el columnista Robert Novak del Washington Post, para comunicarles que una funcionaria del Departamento de Estado, Valerie Palme, era en realidad una agente de la CIA. Cuando la noticia salió en todos los medios norteamericanos, la Casa Blanca se apuró a defender a Karl Rove, el estratega político de Bush, y el que, según los demócratas, habría ideado esta venganza contra Wilson. “El presidente dio la orden a la Casa Blanca de cooperar plenamente con la investigación” del Departamento de Justicia, dijo ayer el vocero de la sede presidencial, Scott McClellan. Y agregó que los funcionarios de la Casa Blanca recibieron la orden de conservar todo el material que pueda ser relevante en la investigación, como listas de llamadas, correos electrónicos y memos. Desde Chicago, donde se encuentra recaudando fondos para su campaña de reelección, Bush dijo ayer que el responsable de filtrar a la prensa el nombre de Palme “será castigado”. Y se declaró convencido de que el Departamento de Justicia “hará un buen trabajo” en la investigación.
Pero el ex general Wesley Clark y otros precandidatos demócratas a las elecciones presidenciales del 2004, exigieron que el caso sea investigado por un organismo judicial independiente ya que “la Casa Blanca no puede investigarse a sí misma”. El Departamento de Justicia está en manos del fiscal general John Ashcroft, colaborador del presidente y uno de los impulsores de la Ley Patriota. Esta ley, aprobada en el 2001, que contempla graves restricciones a los derechos civiles de los norteamericanos en pos de la “seguridad nacional”. El precandidato Richard Gephardt advirtió sobre un “obvio conflicto de intereses” si la cuestión queda en manos de Ashcroft. Por su parte, el senador demócrata Charles Schumer, indicó que la revelación de la identidad de Palme se hizo “por razones de frivolidad”, supuestamente para castigar a Wilson por su posición ante la guerra en Irak. Mientras, los medios norteamericanos acusan a la Casa Blanca de “vengarse” de los críticos de la política exterior de Bush. El caso, que promete más polémica, recuerda al del científico inglés David Kelly, quien apareció muerto después de que el gobierno británico filtrara su nombre como fuente de la cadena BBC.