Varios partidos y sindicatos de Bolivia volvieron a exigir que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fuera enjuiciado por las 80 muertes de la represión de las protestas que lo sacaron del poder el viernes pasado. El líder de los cocaleros Evo Morales pidió su extradición de Estados Unidos y que se lo procesara por crímenes de guerra. Desde Washington, el ex presidente aseguró –una vez más– que tuvo que renunciar obligado por una conspiración de grupos “narcosindicalistas” que “podrían hacer caer al nuevo presidente, Carlos Mesa”. Mientras, en Tarija miles de bolivianos marcharon para reclamar que se permita exportar el gas natural y no se detengan las inversiones en la zona. La decisión de los habitantes de esta región rica en yacimientos gasíferos va a contramano de las protestas que hubo en todo el país durante el último mes para oponerse al proyecto gubernamental de exportación de este hidrocarburo a México y Estados Unidos y que finalmente provocó la caída de Lozada. El proyecto aún revive los históricos enconos de los bolivianos frente a su vecino chileno que los despojó de su acceso al océano Pacífico.
“Es muy posible que se tome el poder en forma no democrática y que transformen a Bolivia en una especie de Afganistán que exporta cocaína”, dijo ayer Lozada en una conferencia de prensa desde el lujoso hotel de Washington donde está alojado. Según él, tuvo que renunciar ante un golpe “muy bien orquestado”. Son grupos “vinculados a Sendero Luminoso. No se olvide que La Paz era un santuario” de ese grupo terrorista peruano, dijo el ex mandatario. También negó haber pedido asilo político en Estados Unidos, donde entró con visa de turista, y anunció que después de su periplo por Washington viajará a Miami, donde vivirá en los próximos dos meses. Lozada dijo que piensa quedarse un tiempo en Estados Unidos porque tiene miedo de que en Bolivia su familia pueda sufrir un atentado terrorista. Pero aseguró que está dispuesto a presentarse ante la Justicia boliviana si ésta así lo dispone. “En esencia el presidente es siempre responsable de todo”, dijo. También pretende seguir adelante con su responsabilidad como líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En Bolivia, el MNR se reunía para decidir si el partido convocará a elecciones después de la huida de su jefe y la del subjefe, José Guillermo Justiniano, quien también abandonó el país.
El MNR está dividido sobre la posición que mantendrán a partir de mañana en el Parlamento, cuando los legisladores bolivianos debatan por primera vez sobre la represión ordenada por el gobierno de Lozada. El dirigente de este partido y presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Arren, respaldará al nuevo gobierno, pero la diputada del MNR Teresa Paz ha anunciado que no lo apoyará. Mientras el nuevo gobierno se va perfilando, los prefectos, que representan al Ejecutivo en los distintos departamentos del país, pusieron sus cargos a disposición del nuevo presidente. Lo mismo hizo el defensor del Pueblo, Iván Zegada, que, perseguido por las críticas a su silencio durante la represión de las protestas populares, ayer anunció su renuncia luego de que sus funcionarios lo intimaran a hacerlo.
El proyecto gubernamental de exportación de gas a través de Chile revive conflictos del siglo XIX, cuando tras la guerra entre Chile y Bolivia (1879-84) el segundo perdió acceso al mar. El canciller del nuevo gabinete formado por Mesa, Juan Ignacio Siles, ratificó ayer la reivindicación del acceso de Bolivia al océano Pacífico “a través de un puerto libre, útil y soberano”. Su par chilena, Soledad Alvear, advirtió que Chile no considera la entrega de soberanía territorial a Bolivia a cambio de que ese país canalice sus exportaciones de combustible por puerto chileno.
Entretanto, las voces que en Bolivia piden la extradición de Lozada siguen aumentando. Dionisio Núñez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que su partido agotará todos los esfuerzos para lograr la extradición de Lozada y anticipó que se le acusará por genocidio económico y crímenes de lesa humanidad. “Vamos a llevar estos casos a los tribunales en Bolivia o en el exterior porque no estamos hablando de accidentes sino de crímenes de lesa humanidad”, dijo Sacha Lorenti, dirigente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia (APDHB). Por su parte, el abogado Víctor Gutiérrez, del partido Nueva Fuerza Republicana, anunció que presentará una demanda formal ante la Justicia contra Sánchez de Lozada. Y recordó el antecedente del juicio contra el ex dictador boliviano Luis García Meza, que gobernó ese país entre 1980 y 1981. En los ‘90 fue extraditado desde Brasil y condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Actualmente cumple su condena en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro, cerca de La Paz.
Luego del abrazo entre el nuevo gobernante, Carlos Mesa, y el líder aymara Felipe Quispe, Morales aún no ha confirmado la celebración de un encuentro con el flamante presidente. “Vamos a esperar que se organice. Nosotros también necesitamos un amplio debate”, dijo el líder del MAS. Por otro lado, Morales afirmó que intentará que el 15 de noviembre, cuando en la ciudad boliviana de Santa Cruz se inaugure la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro y Hugo Chávez “puedan estar juntos frente a miles de compañeros” bolivianos. También dijo que, como en la cumbre estará el presidente español José María Aznar, aprovechará la ocasión para pedirle que piense “cómo resarcir los daños que han hecho durante 500 años”, durante la conquista de América.