Las viejas leyes de Estados Unidos para Cuba conviven con la nueva política que declama. Son las herramientas legales que hasta ahora el gobierno de Barack Obama no ha querido o no ha podido desmontar. Normas de principios del siglo XX, también de la Guerra Fría, e incluso las llamadas Ley Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996. La más antigua que afecta a la isla es la llamada Trading with the Enemy Act, que significa Ley de Comercio e Intercambio con el Enemigo. Es de 1917 y se acerca a cumplir cien años con una particularidad. El único país del mundo afectado por su alcance es Cuba. Ni siquiera se aplica a Corea del Norte, la última nación con la que compartía ese incómodo privilegio hasta 2008. Con el agravante de que el presidente de EE.UU. la prorrogó por un año más el 5 de septiembre de 2014, o sea, cuando ya había iniciado las gestiones para encauzar las relaciones con La Habana.

La Ley de Comercio con el Enemigo fue promulgada en el Congreso de Estados Unidos hace 98 años. Le otorga al jefe de Estado la facultad para restringir al mínimo el intercambio con países denominados “hostiles”. Para contextualizarla, vaya la mención de un dato histórico. En octubre de 1942, diez meses después de ingresar en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano de Franklin Roosevelt le aplicó esa ley a un banco de EE.UU. acusado de comerciar con Alemania. ¿Quién estaba detrás de esa relación? Prescott Bush, padre y abuelo de los dos presidentes de esa dinastía que gobernaron la nación durante tres períodos. Entre 1989 y 1993 George HW y de 2001 a 2009 George W. Bush.

La sección 5 de la Ley de Comercio con el Enemigo votada el 6 de octubre de 1917 delega en el presidente la posibilidad de aplicar sanciones económicas en época de guerra o en cualquier otro período de emergencia nacional. Obama la extendió en el tiempo hace menos de un año. El es apenas un imitador: anteriores jefes de Estado la prorrogaron por más de medio siglo sucesivamente. La primera consecuencia que sufrió el gobierno cubano se remonta a 1963, cuando en virtud de la ley se hicieron regulaciones sobre los activos de la incipiente revolución que había liderado Fidel Castro. Ya estaba vigente el bloqueo que se mantiene inalterable hasta hoy en su arquitectura legislativa.

Cuando se habla del bloqueo o se lo compara de manera equivocada con un embargo, a menudo no se recuerda una situación. La Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio lo considera un acto de guerra económica de acuerdo con lo establecido en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima que adoptó la Conferencia Naval de Londres de 1909.

La Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana sostiene en un documento que “la acción de prorrogar la Ley de Comercio con el Enemigo para Cuba se repite cada año, por lo que se ha convertido en un procedimiento rutinario de la Casa Blanca, que luego de más de 50 años no ha renunciado a esta obsoleta y fracasada política hacia Cuba...”. Esa norma no es la única vigente. Hay más. Se pueden mencionar la Ley de Asistencia Exterior de 1961; la de Administración de las Exportaciones de 1979; la Torricelli de 1992 y la Helms-Burton de 1996.

La primera es del 4 de septiembre de 1961, cuando se prohibió todo tipo de asistencia a Cuba y se autorizó al presidente estadounidense a establecer y mantener el embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y la isla. La de Administración de las Exportaciones del ’79 concedió al jefe de Estado la autoridad para extender los controles a las exportaciones por razones de política exterior y dispuso que en adelante no se requeriría de la existencia de una situación de emergencia nacional o de una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía de Estados Unidos, para imponer o continuar la aplicación de medidas económicas contra países extranjeros.

Más conocida porque lleva el nombre de su autor, el ex senador demócrata Robert Torricelli, esta ley fue promulgada durante el gobierno del ex presidente George Bush padre, el 23 de octubre de 1992 y en plena campaña electoral. Su propósito, entre otros, fue granjearse las simpatías del electorado anticastrista del estado de Florida.

También llamada Ley para la Democracia Cubana (CDA, por sus siglas en inglés), con ella, Estados Unidos reforzó las medidas económicas contra Cuba y estableció el entramado normativo para justificar la extraterritorialidad del bloqueo. La Ley Torricelli prohíbe a compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con el gobierno de la Isla o sus ciudadanos y la entrada a territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos, entre otras medidas unilaterales.

La Ley HelmsBurton es del 12 de marzo de 1996 y se aprobó durante el gobierno de Bill Clinton. Se la conoce también como Ley Libertad, y lleva los nombres de sus principales promotores: el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante demócrata por Illinois, Dan Burton, que expresaron el sentir de los sectores más conservadores de la política estadounidense. En la práctica representa que cualquier compañía no norteamericana que mantenga relaciones comerciales con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y hasta sus ejecutivos pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Su mensaje de represalia es tan punitivo como extraterritorial: las compañías internacionales deben elegir entre comerciar con Cuba o hacerlo con EE.UU.

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