Página/12 En Colombia

Desde Medellín

Velas blancas, marchas con posters sobre el hastío y remeras que denuncian la impunidad son el pan de cada día entre los defensores de derechos humanos en Colombia. Este año, sin embargo, la preocupación y las movilizaciones van en aumento. Los mismos denuncian que se incrementaron las agresiones en su contra aun cuando en La Habana y en todo el país se habla a todas voces de paz. Ayer fue presentado un informe sobre el tema por la ONG Somos Defensores donde, entre otras cifras alarmantes, se habla de amenazas a 322 hombres y mujeres en todo Colombia dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos, lo que significa un aumento del 216 por ciento de las mismas en comparación con el año pasado. Las agresiones, en general, subieron en todos los aspectos para esta población que, a menudo, ejerce su tarea de manera voluntaria, y, en el caso de las regiones más apartadas, se convierte en la única garantía de sobrevivencia y protección en zonas donde ni el Estado tiene presencia y los grupos armados ilegales se disputan el poder.

De acuerdo con el informe Los Nadies, titulado tal cual el poema de Eduardo Galeano, en lo que van del año fueron registradas 399 agresiones individuales contra defensores en todo Colombia. En cuanto a homicidios, se han sumado ya 34, entre ellos por ejemplo el del profesor Luis Fernando Wolff en Medellín, quien hacía parte del Frente Amplio por la Paz, que respalda las negociaciones con la insurgencia en Cuba. Es en esta región andina, Antioquia, así como en Cauca (suroriente) donde es más grave la situación de asesinatos contra los defensores. “De estos 34 homicidios, en 13 de ellos las fuentes consultadas confirman que los defensores habían denunciado amenazas antes su asesinato. En muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores(as) siguen siendo agredidos en estos hechos saliendo heridos o incluso muertos; esta misma situación fue detectada en los análisis de los años 2012, 2013 y 2014”, declara la organización que realizó la investigación condensada en el informe dado a conocer ayer.

Somos Defensores habla, además, del incremento de las detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos –van cuatro este año–, mientras se sigue haciendo uso arbitrario del sistema penal. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia citado en el informe (Siaddhh), en la mayoría de los casos los presuntos responsables serían, en su mayoría, fuerzas paramilitares. A estos grupos ilegales que desde 2005 comenzaron un proceso de entrega de armas con poco éxito y que resultaron reciclándose en las llamadas Bacrim, se les atribuye el 72 por ciento de los casos de agresiones contra promotores de derechos humanos. Los agentes estatales tendrían un 5 por ciento de los casos, mientras en el 22 por ciento de los casos se desconoce el agresor. “Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en tres casos, que vale la pena señalar, una de ellas es un homicidio cuyo presunto responsable es el ELN”, describe el citado informe.

Los indígenas, quienes en la última semana han sido fuertemente estigmatizados por los medios que señalan relación de éstos con la guerrilla, aparecen en este informe como las principales víctimas de homicidios entre los defensores de derechos humanos. De los 34 que perdieron la vida en el primer semestre del año, nueve eran líderes de comunidades indígenas, cinco eran activistas Lgbti, y cuatro eran integrantes de asociaciones comunitarias y en defensa de la tierra.

Asimismo, los sindicalistas, líderes estudiantiles periodistas y los campesinos continúan siendo víctimas de homicidio y agresiones en todo el país, en especial en Cauca y Caquetá (Sur), donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen especial presencia.

“No nos cansamos de decir que en medio de una coyuntura política tan importante e histórica como la actual, donde está priorizada la búsqueda de la paz, aún no se dimensiona la valía del liderazgo social y de defensores en los territorios, para la construcción de una democracia real”, afirma la ONG Somos Defensores, que cuenta con el apoyo de las embajadas de Canadá y Noruega, y de la ONG Diakonia Suecia. Ellos insisten en recordar que los actores en la Mesa de Conversaciones en La Habana “han insistido en que la construcción de la paz debe hacerse desde y para las regiones, con las organizaciones sociales y las comunidades”, pero la realidad es otra, “pues ni los protegen ni los respetan”.

La preocupación se da además por la falta de procesos judiciales eficientes en estos casos de agresiones. Falta eficacia de la fiscalía para investigar, “el 95 por ciento de los casos nunca pasó de la etapa de investigación preliminar (...) y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos”, señala el informe.