Por José Manuel Calvo *
Desde Washington

Los 660 detenidos en el centro militar estadounidense de Guantánamo (Cuba), pertenecientes a más de cuarenta nacionalidades, tienen la oportunidad de salir del limbo jurídico en el que están desde hace casi dos años. El Tribunal Supremo decidió ayer que escuchará los argumentos de los abogados de 16 detenidos y que emitirá su opinión antes del verano. Oportunamente, Al Gore, candidato demócrata a la presidencia en el 2000, ha acusado a George W. Bush de utilizar la lucha contra el terrorismo y sacrificar las libertades para afianzarse en la Casa Blanca.
Los abogados defensores de 12 kuwaitíes, dos británicos y dos australianos internados en Guantánamo expondrán ante los magistrados del Supremo lo que ningún tribunal inferior ha querido escuchar hasta ahora: que la Constitución estadounidense y la legislación internacional prohíben períodos indefinidos de detención sin dar a los presos la posibilidad de defenderse. “Estados Unidos ha creado una cárcel en Guantánamo que funciona al margen de la ley”, dice uno de los recursos elevados al Supremo. Sus clientes se encuentran en situación de “custodia ilegal”, dicen los abogados, que además de exigir en su nombre que se les comunique por qué están detenidos y que puedan comparecer ante los tribunales, quieren hablar en privado con los presos y que éstos puedan recibir a sus familiares.
Estas mismas peticiones han sido hasta ahora rechazadas por varios tribunales. Lo que va a hacer el Supremo –explicó ayer el propio organismo, que equivale a un Tribunal Constitucional– es decidir “si los tribunales de Estados Unidos carecen o no de jurisdicción para valorar los recursos relacionados con la legalidad de las detenciones de ciudadanos extranjeros detenidos en el exterior en conexión con hostilidades y encarcelados en la base de Guantánamo, Cuba”. Con un lenguaje menos cuidadoso que el que emplea el Supremo, la posición mantenida hasta ahora por el gobierno y respaldada por otros tribunales es que los detenidos en Guantánamo –la mayoría procedentes de la guerra de otoño de 2001 en la que se derribó el régimen talibán en Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre– son “combatientes enemigos”, no prisioneros de guerra con derechos reconocidos por la legislación internacional. Para respaldar este punto de vista se utiliza una sentencia del Supremo de 1950 en la que se estipuló que unos alemanes detenidos por Estados Unidos en China no tenían derecho a ser juzgados en tribunales estadounidenses.
Los abogados que se ocupan de los presos de Guantánamo, pertenecientes al Centro de Derechos Constitucionales, aseguran que sus defendidos no pertenecen a Al-Qaida y no tuvieron nada que ver con los atentados del 11/9. Hasta ahora, el gobierno ha recomendado que seis de los detenidos –entre ellos, el australiano David Hicks, uno de los defendidos por los abogados que serán escuchados por el Supremo– sean los primeros en comparecer ante los tribunales militares puestos en pie dentro de la campaña global antiterrorista. Contra estos tribunales y contra la política de Bush para luchar contra el terrorismo ha alzado su voz Al Gore.
El hombre que ganó en número de votos pero que perdió las elecciones de 2000 acusó al presidente de poner en marcha “una nueva y larga era de represión” (ver nota aparte) en la que “utiliza el miedo como herramienta política para consolidar su poder”. En el caso concreto de Guantánamo, censuró las detenciones indefinidas y pidió la aplicación de la Convención de Ginebra: “Si no lo hacemos, ¿cómo podemos esperar que se trate con respeto a los soldados estadounidenses capturados en el extranjero?”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.