La violencia desatada en Líbano por la recolección de basura podría convertirse en una crisis de Estado. Más de cien manifestantes resultaron heridos por la represión policial que tuvo lugar el fin de semana contra protestas provocadas por el conflicto que el gobierno mantiene con la empresa recolectora de residuos. La tensión escaló tanto que el primer ministro, Tammam Salam, advirtió ayer que el país está al borde del colapso político y financiero y deslizó que si la situación empeora, podría renunciar. El funcionario libanés prometió que los culpables de la represión lanzada el sábado contra los manifestantes en el centro de Beirut tendrán que rendir cuentas, anuncio que, sin embargo, no aplacó la intensidad de las protestas. Y pidió paciencia a los manifestantes, que volvieron a las calles, corearon lemas contra las autoridades y llamaron a la revolución.

La llamada crisis de la basura comenzó tras el cierre el 17 de julio del basural de Naame, donde se realiza el relleno sanitario para la región de Beirut y el Monte Líbano. La finalización del contrato entre el gobierno y la empresa Sukleen, encargada de recoger la basura en esa zona, provocó que los desperdicios comenzaran a acumularse en las calles de la capital libanesa, la que, como el resto del hemisferio norte, vive uno de los veranos más calurosos del último siglo. Ante la inacción gubernamental, un grupo de personas molestas por la situación decidió crear la plataforma “¡Hueles mal!” y se encargó de convocar a marchas para pedir una salida al conflicto, reclamo que se sumó a otros pedidos por los continuos cortes de luz, el mal estado de los hospitales y de otra infraestructura estatal y básica del país.

Con avidez, los manifestantes urbanos llegaron a la conclusión de que la inacción gubernamental es consecuencia directa de la siempre latente crisis que desde hace más de un año no permite que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para convocar a elecciones presidenciales. El mandato del presidente Michel Suleiman terminó en mayo de 2014, sin embargo, la frágil coalición de gobierno no logra ponerse de acuerdo sobre el detalle de la convocatoria electoral y, por lo tanto, el país sigue sin mandatario y con un gobierno prácticamente paralizado por la falta de consenso y representación.

Por eso, lo que comenzó como un conflicto por la recolección de la basura fue mutando hasta convertirse en una crisis política y transparenta la crisis política que ya existía y se mantenía en suspenso, amparada en una sociedad civil que parecía desmovilizada tras décadas de guerras civiles, ocupación militar extranjera y, ahora, sacudida por el conflicto vecino en Siria. Tanto el sábado como ayer la policía reprimió las masivas protestas en Beirut disparando gases lacrimógenos, desde tanques que lanzaron agua y bombas de sonido contra los manifestantes, que respondieron lanzando piedras y botellas de agua.

Según la Cruz Roja libanesa, los heridos superaron el centenar, decenas de los cuales fueron hospitalizados. Al menos 35 de los heridos son policías, según anunció ayer esa fuerza a la prensa local. Uno de los puntos elegidos por los manifestantes para congregarse fue el Parlamento, símbolo de la división política actual y de la parálisis del gobierno. El recinto legislativo se encuentra actualmente dividido en dos grandes bloques. Por un lado, los que simpatizan con el presidente de la vecina Siria, Bashar al Assad, y se definen como antiimperialistas de cara a la influencia de las potencias occidentales en Medio Oriente.

Por otro lado están los dirigentes que simpatizan con las potencias occidentales, reclaman una apertura a sus inversiones y su cooperación. Este sector apoya, al menos verbalmente, a la oposición armada en Siria que busca derrocar a Al Assad. Pero para mantener viva la coalición de gobierno en Beirut, que incluye a elementos de ambos bloques, es vital que el país no sea arrastrado a participar activamente en la guerra civil vecina, algo cada vez más difícil para una nación de 4,5 millones de habitantes que ya recibió a más de 1,3 millón de refugiados sirios.

“Todos somos responsables de lo sucedido ayer (por el sábado). Esos incidentes no pasarán sin que los responsables rindan cuentas. Cada uno debe asumir su responsabilidad y no protegerá a nadie”, aseguró el primer ministro libanés en rueda de prensa. Salam dijo que los manifestantes tienen derecho a protestar y pedir cuentas a los políticos, también criticó la actual parálisis del gobierno, que impide tomar decisiones sobre el asunto de la basura o de los cortes de electricidad. En esa línea denunció que, por los mismos motivos, el Parlamento está bloqueado y la jefatura del Estado se encuentra vacante. “Si el gobierno es incapaz de tratar los temas que preocupan a los ciudadanos, ¿para qué sirve?”, preguntó el primer ministro. Human Rights Watch (HRW) instó a las autoridades libanesas a investigar el uso excesivo de la fuerza en las protestas y pidió garantizar que la policía no utilice la violencia contra manifestantes pacíficos.