El juez Rodolfo Canicoba Corral y los fiscales de la Unidad AMIA deben responderle hoy a Interpol sobre la vigencia y los fundamentos de las órdenes de captura con alertas rojas contra los sospechosos iraníes del atentado contra la mutual judía. Canicoba Corral puede pedir un mes de prórroga, pero indefectiblemente le deberá contestar a la Comisión de Control de Ficheros de la Organización Internacional de Política Criminal, una oficina que integran tres ex jueces y que es una especie de control de derechos humanos de Interpol.

El pedido de ratificación y fundamentos llegó a principios de agosto y tenía como límite el día 23, pero generalmente se otorga una extensión hasta la reunión del Comité Ejecutivo de Interpol que está convocada para el 23 de septiembre. Actualmente, el secretario general es el alemán Jürgen Stock, quien sucedió al norteamericano Ronald Noble, un hombre que hizo ingentes esfuerzos para que Argentina e Irán, dos miembros de Interpol, se pongan de acuerdo para buscar alguna vía de avance en el caso AMIA.

La Comisión de Control pregunta, en concreto, por tres órdenes de captura con alertas rojas. Son las que rigen para Moshen Rabbani, el ex agregado cultural de Irán en la Argentina; Mohamed Asghari, tercer secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires, y Alí Fallahyan, ex ministro de Inteligencia de Irán. No hay ninguna presentación respecto de los otros dos que tienen órdenes de captura: quien fuera en 2013 candidato presidencial, Mohsen Rezai, ni para el ahora diplomático Ahmad Vahidi. Según parece, la iniciativa de reafirmar las órdenes de captura surge de un pedido de Irán, que busca alguna chance con los tres menos conocidos internacionalmente y no se juega a pedir por los dos nombres más relevantes. En su momento hubo un sexto prófugo por el atentado, el libanés Imad Mougniyeh, muerto en Damasco en 2008, cuando le pusieron explosivos en su auto, un ataque presuntamente perpetrado por Israel.

Lo cierto es que la Comisión de Control le pidió al juez y a los fiscales que sustenten nuevamente las órdenes de captura, algo que se deberá hacer para que las alertas rojas sigan vigentes. Como es obvio, las respuestas deben provenir de la Justicia y no del Poder Ejecutivo, ya que las órdenes de captura fueron dictadas y sólo pueden ser levantadas por el juez.

Las alertas rojas no rigen por tiempo indeterminado: tienen un vencimiento a los diez años. De manera que la Justicia argentina tendrá que volver a afrontar su aprobación en la Asamblea General del año próximo. En noviembre de 2007, en la Asamblea General que se hizo en Marraquesh, Marruecos, las alertas rojas fueron establecidas para los cinco iraníes y el libanés con 78 países que votaron con Argentina, 14 en contra y 26 se abstuvieron. Pero aún durante el curso de los diez años en que rigen, la Comisión de Control verifica que sigan siendo lícitas y fundamentadas.

En general, con las alertas rojas hay pocas controversias. Se aplican a un narco o a un criminal y el país del que es oriundo, lógicamente, no lo defiende. En el caso AMIA las cosas son muy distintas: Irán defiende a sus ciudadanos imputados por la Justicia argentina. De manera que se convierte en un litigio entre dos países miembros de Interpol.

La lógica es que las alertas rojas sigan vigentes porque los iraníes nunca aceptaron declarar ante la Justicia nacional. Desde ya que con la respuesta de Canicoba Corral y los nuevos fiscales de la Unidad AMIA seguramente se prorrogarán hasta la Asamblea General de Interpol de fines del año próximo. El debate allí sin duda será duro, entre otras cosas porque cambió bastante la escena internacional: Estados Unidos y otros cinco países clave, entre ellos Rusia y China, firmaron este año un acuerdo con Irán y ayer mismo el Reino Unido abrió nuevamente su embajada en Teherán. Antes ya lo hicieron Estados Unidos y Alemania. El país persa pasó a tener mayor importancia porque se lo considera un aliado en la lucha contra ISIS y también porque hoy en día les interesa que Irán vuelva al mercado del petróleo para seguir bajando su precio.

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