“No queremos un ALCA light”, declara Nora Cortiñas, la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora que hace 26 años milita por los derechos humanos. Esta psicóloga social –se recibió en 1993, “mucho después de que se lo llevaran a Gustavo”, su hijo desaparecido– viajó hoy a la ciudad boliviana de Santa Cruz para asistir a la Cumbre de los presidentes iberoamericanos. Allí se presentará en un seminario sobre impunidad y, como integrante de la Autoconvocatoria no al ALCA, hablará en una mesa redonda contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En diálogo con Página/12, Cortiñas habló sobre su trabajo en la Misión Internacional Contra la Impunidad y por la Solidaridad con Bolivia, que indagó sobre la represión ordenada en octubre pasado por el ahora ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. También se refirió a la consulta popular sobre el ALCA que se hará entre el 20 y el 26 de noviembre en escuelas e iglesias de todos los países de América del Sur. “Buscamos que el gobierno argentino haga un plebiscito vinculante. Hasta ahora, los argentinos no saben nada sobre el ALCA. Y queremos que la gente que vote en esta consulta sepa por qué pone su voto”, sostiene.
–El fin de semana el canciller Rafael Bielsa fue a Miami para discutir el futuro del ALCA y dejó entrever que hay un clima de consenso para seguir con las negociaciones.
–Pero nosotros negamos de plano el ALCA. No queremos un ALCA light. Queremos que el gobierno escuche nuestro rechazo y que Latinoamérica pueda decidir con quién comerciar. Las condiciones las queremos poner nosotros, sin ninguna intervención de Estados Unidos. Y, punto por punto, el ALCA es sometimiento. Ya en la Guerra del Golfo, en el ‘91, el actual secretario de Estado, Colin Powell, decía que el objetivo del ALCA era garantizar a las empresas norteamericanas el control del territorio desde el Artico hasta la Antártida y libre acceso para sus productos, capital y tecnología.
–En la Cumbre de Santa Cruz va a expresar su oposición al ALCA. Esta es la cuarta vez en el año que viaja a Bolivia.
–Estuve en marzo, después de la primera represión de febrero, donde murieron 33 personas, la mayoría en la plaza de Murillo, en La Paz. Fui como integrante de esta misión internacional. Estuve en julio y volví en octubre, luego de la revuelta que terminó con la caída de Lozada. Nuestro objetivo era tener contacto con los familiares de las víctimas y heridos de la Guerra del Gas y con las organizaciones sociales, las autoridades y el Parlamento para investigar sobre las acciones que ya se iniciaron contra los responsables de la violencia estatal. Lo que vimos es que la masacre fue selectiva: el 80 por ciento de los muertos eran indígenas, los más pobres entre los pobres. El gobierno tiró a matar. Muchos heridos de la represión todavía siguen en condiciones gravísimas. Gente que ha perdido un brazo, un pie. Y sus familias no tienen ni cómo alimentarlos ni trasladarlos a los hospitales. Nosotros denunciamos esta situación ante las autoridades. Hasta nuestro viaje, el Estado boliviano no se había presentado en ningún hospital ni ante ningún familiar de las víctimas.
–Las madres de las víctimas de plaza Murillo crearon una asociación como la que usted preside.
–Sí, la Asociación de Madres y Viudas de las víctimas de Murillo. Pero las madres están muy desmoralizadas porque todavía no hubo una respuesta positiva de parte de la Justicia. Con respecto a la represión de octubre, los organismos de derechos humanos de Bolivia quieren crear una Comisión de la Verdad que nosotros apoyamos. Hay que hacer un juicio rápido contra el ex presidente por el genocidio que cometió. Pero la comisión debe ser independiente de cualquier manejo partidista.
Entrevista y texto: Milagros Belgrano.