La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se defendió ante aquellos que cuestionan su gobierno, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriera un proceso por supuestas irregularidades en la campaña electoral. La acción del TSE se basa en presuntas anormalidades de las finanzas en la campaña por la reelección de 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato.

La jefa de Estado criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad a los jueces tras el anuncio de que el TSE comenzara a investigarla por supuesto financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección. “La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño”, dijo. “En un momento de acentuadas diferencias, son fundamentales los ejemplos de serenidad, apaciguamiento, respeto por la diversidad y búsqueda de un ambiente más ameno y amigable en el país”, señaló.

Esta es la primera vez que el TSE abrió un proceso de ese tipo contra un jefe de Estado de la República y su vice. La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en multas a la campaña o hasta incluso quitar a la presidenta y su vice del poder. Si el tribunal condenara a Dilma y a Temer, su victoria quedaría impugnada. En ese caso, debería asumir el presidente de la Cámara baja, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien tendría que convocar a nuevos comicios. Se trata de Eduardo Cunha, que fue denunciado por corrupción en el caso Petrobras y a quien varios parlamentarios le pidieron la renuncia.

La decisión de reabrir la acción de la impugnación de los mandatos fue resuelta por cinco votos contra dos. El proceso se encontraba paralizado desde agosto debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude a la petrolera. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido utilizados para financiar la campaña política de la presidenta. La rendición de cuentas de Rousseff relativas a la campaña de 2014 fue aprobada a fines del año pasado por unanimidad, pero con salvedades, por el tribunal electoral. Debido a esas salvedades, el relator de la rendición de cuentas de Rousseff, Gilmar Mendes, ordenó que las autoridades pertinentes continuaran investigando las sospechas de irregularidades.

Según el coordinador jurídico de campaña del PT, Flávio Caetano, las acciones que analiza la Justicia Electoral se basan en asuntos que fueron resueltos durante la campaña electoral o durante la rendición de cuentas. “El tribunal demoró diez meses para decidir que la acción debe ser recibida, lo que demuestra la fragilidad de la acusación”.

Por otra parte, la mandataria es investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo. El TCU aconsejó anoche al Congreso que rechace los balances del gobierno correspondientes a 2014 porque en ellos se cometieron faltas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se violó de forma sistemática las reglas de transparencia y gestión fiscal. Los miembros del tribunal acompañaron por unanimidad la recomendación del juez instructor del caso, Augusto Nardo, quien encontró indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas.