El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, relevó del cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa al general Alfredo Sosa Díaz, quien pidió la amnistía de 18 militares retirados procesados por delitos de lesa humanidad. El general removido de su puesto había solicitado anular un artículo de la Ley de Reconciliación Nacional para realizar los indultos, que habrían alcanzado a un diputado y un hombre de confianza del nuevo mandatario.

Según indica el periódico guatemalteco Prensa Libre, Sosa Díaz interpuso un acción de inconstitucionalidad contra el artículo octavo de la Ley de Reconciliación Nacional. El artículo señala que no tendrán amnistía los delitos de genocidio y desaparición forzada. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) lo dejó vigente. El jefe militar había accionado en su calidad de ciudadano, sin consulta o autorización de su mando militar, encabezado entonces por el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y el ministro Williams Mansilla. Desde el momento en que se conocieron las acciones de Sosa Díaz, el ejército se desligó del caso. “El Ministerio de Defensa Nacional reafirma su postura de mantenerse al margen de los asuntos políticos, judiciales y empeña sus esfuerzos en aquellos asuntos que demanda la sociedad y competen a la función militar de hoy”, indicó el comunicado divulgado el 13 de enero. Para relevar al militar separado, fue elegido Manuel Pérez Ramírez.

El jefe militar había acudido a la CC apenas días después de que 18 militares fuera de servicio fueron detenidos por delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Entre los militares retirados se encontraban el ex jefe del Estado Mayor de Defensa, Benedicto Lucas y el ex jefe de Inteligencia Militar, Manuel Callejas. El argumento que sostuvo Sosa Díaz es que negar la amnistía ocasiona una división y confrontación en el país, que contravienen los fines del Estado de garantizar la vida, libertad, justicia y seguridad.

Además de la detención y enjuiciamiento de los militares retirados, el Ministerio Público (Fiscalía) también exigió quitar la inmunidad y enjuiciar a Edgar Justino Ovalle Maldonado, teniente coronel retirado, diputado y principal asesor del presidente Morales, por una desaparición forzada y delitos de lesa humanidad durante la guerra civil guatemalteca (1969-1996). Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y fue uno de los estrategas del partido que llevó a la presidencia de Morales, incluso fue él quien incorporó al jefe de Estado electo al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) en septiembre de 2012.