Una jueza estadounidense concedió ayer la extradición a España del coronel salvadoreño retirado Inocente Orlando Montano Morales por su presunta implicación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, ocurrida en 1989 durante la guerra civil en el país centroamericano.

La jueza Kimberly Swank ordenó que Montano quede detenido por el servicio federal de comisarios para su entrega a España, previa aprobación final de la Secretaría de Estado.

Tanto el Departamento de Justicia como la embajada de España ante Estados Unidos confirmaron que un juzgado de Carolina del Norte concedió la extradición a España de Montano, si bien no precisaron cuándo se producirá. Montano, ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, es reclamado por España por actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad, así como por el asesinato de ocho personas el 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña.

Montano residía en Estados Unidos desde 2007, específicamente en la ciudad de Boston. El ex coronel cumplió una condena de 21 meses de cárcel en una prisión de Carolina del Norte, tras haber sido condenado en 2013 en el estado de Massachusetts por fraude y perjurio al mentir sobre su situación migratoria, supuestamente para evitar volver a El Salvador y evitar ser juzgado por la matanza.

De los seis jesuitas asesinados por los soldados, cinco eran de nacionalidad española y uno salvadoreño. Los españoles eran Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, rectores de la Universidad Centroamericana (UCA) y reconocidos integrantes de la Teología de la Liberación, Armando López y Juan Ramón Moreno y Segundo Montes. El salvadoreño Joaquín López. Todos fueron ejecutados con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana Jolé Semeón Cañas. También fueron asesinadas dos mujeres colaboradoras de los jesuitas.

La jueza Swank explica en su orden, que Montano “se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente las ejecuciones extrajudiciales de sacerdotes jesuitas en El Salvador”. La jueza dictaminó que “existe causa probable para creer que el acusado cometió los delitos de asesinato terrorista” de los que se le acusa en España. Montano ha negado toda participación en la matanza y sus abogados han impugnado las pruebas presentadas en su contra.

El juez español Eloy Velasco aceptó en mayo de 2011 investigar el caso a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés). En 2008 el CJA interpuso una querella criminal en Madrid contra el antiguo presidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard y 14 antiguos oficiales militares por su papel en la masacre de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989 en UCA.

En El Salvador en 1991 se abrió una causa por la llamada Masacre de la UCA, pero de acuerdo con los alegatos del Juez Velasco, se trató de una farsa en la que no se enjuició a los autores intelectuales del crimen.

En 1993 entró en vigencia una ley de amnistía que protegió los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado por militares y guerrilleros. Dicha ley aún está vigente. España y Estados Unidos tienen un acuerdo de extradición, que permite el envío de Montano a España.