El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias publicó su informe final en el que dictaminó que el fundador del Wikileaks, Julian Assange, debería recuperar su libertad de movimiento. En su dictamen, el ente dependiente del organismo multinacional señaló que el ciberactivista debe ser además indemnizado por haber sido víctima de cinco años de detención arbitraria por parte del Reino Unido y Suecia. El informe final, elaborado por una agrupación que depende de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, asegura que la orden de arresto emitida por la fiscalía sueca para interrogarlo por un presunto delito sexual derivó en un arresto injustificado.

Desde el balcón de la embajada ecuatoriana, Assange se dirigió al público para celebrar la decisión de Naciones Unidas que lo benefició tanto a él como a su familia (foto). En su mensaje, Assange criticó que el Gobierno británico diga ahora que se opone al dictamen de la ONU cuando no lo recurrió dentro del plazo establecido de quince días y recordó que ambos gobiernos pertenecen al sistema de Naciones Unidas y deben acatar la autoridad de sus organismos.

La Procuraduría sueca dijo que el dictamen del organismo consultor de la ONU no afecta el caso y que Assange debe comparecer ante la Justicia de ese país para ser interrogado, mientras que la policía británica ratificó que lo detendrá si sale de la embajada por haber violado su libertad bajo fianza cuando se refugió allí. Sin embargo, el activista australiano aseguró que el dictamen era una victoria significativa que lo reivindicaba por completo y que le había provocado alegría.

Por su parte el ex juez español Baltasar Garzón, que integran la defensa de Assange, dijo que Suecia y el Reino Unido están obligados a cumplir con el requerimiento del organismo en tanto miembros de la ONU. Agregó que ambos países cooperan con el Grupo de Trabajo, y que por lo tanto sería ridículo ignorar sus decisiones ahora que van contra su opinión.

Otra de las abogadas de Wikileaks, Melinda Taylor, dijo que el fallo del organismo de la ONU mostraba que el ciberactivista fue sometido a tortura psicológica y agregó que su detención arbitraria había incluido actividades de vigilancia abierta y encubierta mientras buscaba refugio en la embajada de Ecuador.

Assange llevó su caso al panel de la ONU en 2014, por considerar que era un refugiado político cuyos derechos estaban siendo cercenados porque se le imposibilitaba viajar a Ecuador para aislarse en ese país. Si bien el Grupo de Trabajo falló a favor del activista, la decisión no fue unánime. Tres de los cinco miembros del organismo apoyaron la postura de Asange, mientras que otro disintió y el quinto, una mujer, se recusó a sí misma por ser australiana.

Assange rechaza las denuncias de dos mujeres que dicen que abusó sexualmente de ellas en Estocolmo en 2010 y dice que todo es parte de un complot para que Suecia lo extradite a Estados Unidos, donde hay una investigación penal abierta por las revelaciones de Wikileaks. Por su parte, el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Christophe Peschoux, criticó ayer la lentitud de la investigación de la Fiscalía sueca contra Assange y recordó que en cinco años después de haberla iniciado todavía sigue en fase preliminar y no se formularon cargos en su contra. “La investigación debió recolectar evidencia y formular cargos, lo que no ha ocurrido desde 2010”.

El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco juristas de gran reputación que sirven a título individual y trabajan independientemente de cualquier gobierno u organización. Se trata de personalidades del mundo del derecho que no forman parte del personal de la ONU ni reciben un salario por este trabajo.