Después de un año de investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sur de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que hubo barreras estructurales desde el Estado que impidieron avanzar en su trabajo y esclarecer el caso. El próximo sábado, el GIEI dejará su misión en ese país.

El informe de los expertos, aunque admitía la colusión entre el cártel de drogas Guerreros Unidos y la policía municipal de Iguala, puso en duda la versión oficial de la matanza, al negar que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en la hoguera de un basurero del municipio de Cocula. Si no hubo incendio en el basural, los testimonios de los sicarios detenidos perdían credibilidad. “Hemos podido documentar la renuencia de la Procuraduría General de la República a profundizar en las líneas de investigación distintas al basurero de Cocula”, sostiene el reporte.

Los expertos también destacaron el blindaje de información referida al Ejército. Con el objeto de indagar los motivos de la pasividad de los militares en la noche de la matanza, el grupo solicitó interrogar al 27 regimiento, pero el pedido fue rechazado por el alto mando y por el propio presidente Enrique Peña Nieto.