Desde Lima

Buscando votos, Keiko Fujimori refuerza la apuesta por la mano dura. Como antes lo hizo su padre, el encarcelado ex dictador Alberto Fujimori. En un clima de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, amplificada por los medios y su extendida cobertura de todo tipo de delitos, la candidata presidencial del clan Fujimori propone restaurar la pena de muerte y que las fuerzas armadas salgan a las calles y se involucren en actividades de competencia policial. Dos propuestas peligrosas y poco eficaces para resolver los problemas de inseguridad ciudadana, pero populares, especialmente la primera de ellas, y que pueden dar votos.

Pena de muerte para los violadores de niños menores de siete años, es la última propuesta que Keiko clama en sus mítines de campaña para el ballottage del 5 de junio. La candidata lanza la oferta levantando la voz, con un tono que recuerda a su padre, el dictador condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La gente la aplaude. Las encuestas dicen que cerca de un 70 por ciento está de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de niños. Y ahí Keiko espera ganar votos.

Los casos de violaciones a menores son alarmantemente frecuentes –hay unos tres mil sentenciados por este delito y otros cuatro mil procesados– y con su propuesta de pena de muerte Keiko busca explotar electoralmente un tema tan sensible y sacar provecho a la indignación ciudadana frente a tan espantoso crimen. Su propuesta de pena de muerte no solucionará el drama de las violaciones, pero la candidata del fujimorismo espera que la ayude a ganar las elecciones.

“Para luchar contra la delincuencia hay que aplicar medidas drásticas. Un violador de niños no merece vivir”, dice Keiko, explicando su propuesta de restaurar la pena de muerte. “Proponer la pena de muerte es una propuesta electorera, que no va a solucionar el problema. Es un populismo sin sustento jurídico”, responde el abogado penalista Mario Amoretti.

“De nuevo el populismo punitivo. Su padre hacía lo mismo, pero igual la delincuencia creció”, dice, por su parte, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal. “Con esta propuesta de pena de muerte el Estado peruano tendría que matar a unas cuatro mil personas, que son los procesados por violación a menores”, apunta Rivera, graficando las dimensiones que podrían adquirir las ejecuciones judiciales si prosperara la propuesta fujimorista.

Con sus propuestas para restaurar la pena de muerte y sacar a las fuerzas armadas a las calles, Keiko Fujimori recorre el mismo camino de su padre, que también apostó por la pena de muerte para ganar popularidad y gobernó de la mano con los militares. En el Perú la pena de muerte se eliminó a fines de los años 70, con el regreso del país a la democracia. La Constitución de 1979 abolió la pena de muerte para todos los delitos, excepto para los casos de traición a la patria durante una guerra externa, algo que desde entonces nunca se ha aplicado. En la vigente Constitución que Alberto Fujimori promulgó en 1993, un año después de su golpe de Estado, se amplió la pena de muerte para los delitos de terrorismo, pero ésta nunca se ha aplicado. Los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte lo impiden.

Aplicar la pena de muerte para delitos distintos a los de traición a la patria en caso de guerra externa –delito para el que ésta nunca ha sido eliminada– iría en contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Perú forma parte, la cual prohíbe que un país amplíe la pena de muerte para delitos para los cuales esta sanción no está considerada o ya ha sido abolida. Imponer la pena de muerte para el delito de violación, ya abolida, supondría la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una salida del país de la CIDH sería un regreso al pasado, a la negra década del régimen fujimorista de los 90, cuando Alberto Fujimori retiró al Perú de la Corte Interamericana por los cuestionamientos de este organismo a su política de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de la autocracia fujimorista en el año 2000, el país se reintegró a la CIDH. Si el fujimorismo vuelve al poder, ahora con la hija del ex dictador, el Perú podría quedar nuevamente fuera del organismo regional de derechos humanos.

El rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, el economista neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, ha expresado su rechazo a las propuestas de reimplantar la pena de muerte y sacar a las fuerzas armadas a las calles para enfrentar la delincuencia. Una encuesta de Ipsos publicada el último domingo, le da a Kuczynski 43 por ciento y a Keiko un 39 por ciento, con 13 por ciento que dice que no votará por ninguno de los dos y 5 por ciento de indecisos.

Con propuestas populistas como restaurar la pena de muerte y usar a las fuerzas armadas en tareas policiales, Fujimori espera recuperar la ventaja que ha perdido luego de triunfar cómodamente en la primera vuelta –ganó con 39 por ciento contra 21 por ciento de su rival– y ganar los votos que necesita para llevar al fujimorismo de regreso al poder. Por ahora, su rival Kuczynski crece en las encuestas sin hacer mucho, empujado por el voto antifujimorista. Pero su tibieza para criticar al fujimorismo le puede hacer perder votos, los que podrían terminar yéndose al voto blanco, beneficiando a Keiko.