La presidenta brasileña Dilma Rousseff prepara una agenda de izquierda para resistir fuera del poder, si llega a ser apartada del cargo con el juicio político que se realiza en el Senado. Mientras, el vicepresidente, Michel Temer, en caso de asumir la jefatura de Estado, formará un equipo especial para reinaugurar la era de las privatizaciones en Brasil.

En el marco de la votación que se realizará en el Senado el 11 de mayo y que podría dejar a Rousseff suspendida por seis meses, la mandataria estudia una agenda de izquierda para establecer una marca cercana a los movimientos que la defienden en las calles. La organización del gobierno y del Partido de los Trabajadores (PT) pasa por cómo encarar una resistencia sin reconocer al gobierno de Temer durante los seis meses en los cuales ella estaría apartada de la presidencia hasta un veredicto final del Senado. El alejamiento de la presidenta del poder debe ser aprobado por mayoría simple de los 81 senadores. Si en 180 días el Senado no resuelve la cuestión, Rousseff volverá al cargo, pero el país, tras seis meses de Temer, se encontrará en otras condiciones. “Un gobierno de Temer, golpista, no tendrá paz en las calles”, dijo el presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), que prepara un acto para del 1° de mayo en San Pablo, para denunciar el golpe, ocasión que podría contar con la presencia de Dilma. “El objetivo del golpe es darle al empresariado la posibilidad de derogar las leyes laborales que rigen desde 1943”, concluyó Freitas.

Reunida con sus asesores más fieles y dirigentes sociales en el Palacio del Planalto, la mandataria quiere evitar que Temer se atribuya por ejemplo los trabajos de licitaciones en cuatro aeropuertos (Puerto Alegre, Fortaleza, Florianópolis y Salvador). “Es muy probable que Dilma convoque al consejo de política indígena y que haga anuncios sociales en materia de salud en las periferias, la entrega de viviendas populares, además de participar en un acto de recibimiento de la antorcha olímpica de los Juegos de Río 2016”, afirmó un allegado al ex presidente Lula.

En torno de Rousseff está planteada la hipótesis de nuevas elecciones, alentada por el presidente del Senado, Renan Calheiro, y calificadas como “el verdadero golpe” por Temer, ya que el calendario electoral las fecha para octubre del 2018. Calheiro, que pertenece al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que integra Temer, que ayer se reunió con el vicepresidente, es un hombre clave porque el Senado cumplió su segunda sesión de la comisión de juicio político y de él depende gran parte de los trabajos y la llamada “pacificación” en caso de que Rousseff sea apartada del cargo.

Con la posibilidad de llegar a ser presidente interino y tal vez definitivo, Temer armó una agenda económica vinculada a nombres del liberalismo y al mundo financiero, que la presentó a los grupos de poder nacionales e internacionales para cerrar filas en torno de la recuperación económica del país. Un estrecho colaborador de Temer informó que el vicepresidente prepara la creación de un consejo especial de cinco personas, liderado por el ex gobernador de Rio de Janeiro Wellington Moreira Franco, para reflotar un plan de privatizaciones y administrar la política de concesiones vigentes. “La novedad sería la participación privada (llamada PPP) para gerenciar en el sistema público de salud, una agenda que siempre fue obstruida por el PT”, afirmó la fuente cercana a Temer.

El plan de concesiones de puertos, aeropuertos y carreteras forma parte del actual gobierno de Rousseff, pero Temer busca apoyos en el Partido Social de Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para avivar la confianza de los inversores. Las únicas resistencias a la participación del PSDB en una gestión de Temer, fueron impuestas por el senador, ex candidato presidencial y ex gobernador de Miras Gerais, Aécio Nieves, presidente del partido, quien anunció ayer que el próximo martes lanzará una agenda de emergencia para Brasil para condicionar al vicepresidente.

Temer está conformando a cielo abierto su gabinete y ya obtuvo el sí del que sería su ministro de Economía, Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central en la era de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y ex presidente del Banco de Boston. Como condición pidió participar de la elección de un jefe de un Banco Central Autónomo. Para ese cargo, hoy ocupado por un funcionario de carrera elegido por Rousseff, Alexandre Tombini, están considerando a Ilan Goldfajn, economista jefe del Itaú, el banco privado más poderoso de Brasil.

Mientras tanto en el Senado, la comisión de juicio político discutió ayer sobre las “pedaleadas fiscales”, el delito por el cual se enjuicia a Rousseff, el mismo que se le adjudica al senador instructor del caso, el opositor Antonio Anastasia, cuando fue gobernador de Minas Gerais hasta 2014. Hoy está previsto que los abogados denunciantes, vinculados al PSDB, ofrezcan testimonio en la comisión de impeachment y el viernes lo harán los defensores de la presidenta, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Economía, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu. Cardozo sostiene que no existe delito de responsabilidad para juzgar a Rousseff y que el proceso de trata de una “venganza” del presidente de Diputados, Cunha.