Por Darío Pignotti

“En Chiapas sigue habiendo guerra.” A diez años del levantamiento zapatista, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas traza un mapa alarmante: “Unos 60.000 militares” ocupan la provincia mientras reaparecen los focos “paramilitares, demostrando estar bien armados y, me temo, con sed de sangre”, dice un representante de la ONG.
En San Cristóbal de las Casas, la mayor de las cuatro ciudades tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la madrugada del 1º de enero de 1994, los últimos días de diciembre transcurren dominados por una “calma nerviosa, no sabemos qué pueda pasar, los zapatistas van a querer celebrar y los paramilitares ya demostraron que no quieren festejos” relata Eduardo Serrano, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. “Nadie sabe qué, pero tal vez algo pueda suceder”, advierte a Página/12 el vocero de la organización creada por el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, venerado en las comunidades indígenas zapatistas donde lo llaman tatik, “padre” en lengua maya.
Jubilado por el Vaticano, que amenazó llevarlo a juicio canónico en razón de sus “desviaciones” indigenistas (según documentos internos), el ex obispo debió dejar Chiapas y fue sustituido por Felipe Arizmendi, un religioso obediente a Juan Pablo II. Con ese movimiento de piezas, Roma debilitó la red de diáconos y catequistas que predicaron la teología de la liberación entre totziles, tzetzales y choles bajo el liderazgo de Ruiz durante décadas. La operación también fue un golpe para el zapatismo y las ONG de derechos humanos vinculadas con el ex obispo.
Como es característico entre los militantes de organizaciones de matriz católica, que son decenas en Chiapas, Eduardo Serrano es medido al referirse al nuevo cuadro de poder eclesiástico, aunque no deja de marcar posición sobre Felipe Arizmendi. “Respetamos al señor obispo, pero no respondemos a la curia, somos una organización independiente”, aclara.
Otro Acteal
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas, de los cuales 21 eran mujeres –cuatro de ellas embarazadas– y 15 niños, fueron asesinados por una célula paramilitar ante la pasividad de la policía, estacionada a 200 metros en Acteal, una aldea enclavada en la serranía de los Altos de Chiapas.
–Después de Acteal no hubo otras masacres. ¿Eso habla de un progreso en la situación?
–La guerra de baja intensidad en Chiapas y la colaboración entre el ejército y los grupos paramilitares siguen prácticamente igual que hace seis años, cuando Acteal. Lo que ha cambiado es que ahorita la guerra casi no aparece en los medios; eso es consecuencia de la contrainsurgencia.
–¿Por qué?
–Porque desde que ocurrió el levantamiento en 1994, así viene funcionado la guerra psicológica: primero dijeron que esto era una “guerra de papel”; después de los 45 muertos de Acteal ya no podían seguir con eso, entonces inventaron que no hay guerra, que en Chiapas hay peleas entre familias, odio religioso. Son todas tácticas de guerra contrainsurgente.
–¿Hay condiciones para otro Acteal?
–Creemos que sí, por eso hemos hecho un llamado a las autoridades para que tomen precauciones para que algo así no vuelva a ocurrir. Lo que hace posible otro Acteal es que el Estado dejó impunes a los responsables intelectuales y políticos, no hay jerarcas presos en Cerro Hueco (presidio provincial) y sólo apresaron a algunos matadores. Pero lo más peligroso es que en el último mes se han venido repitiendo las intimidaciones paramilitares, algo muy parecido a lo que sucedió antes de Acteal.
–¿Es una percepción o hay documentación que lo pruebe?
–Cuando tú trabajas desde hace tiempo en la zona ya sabes cómo está el clima, y nosotros vemos que los paramilitares están envalentonados, como diciendo: “Estamos de vuelta”. Pero también tenemos documentadas denuncias recibidas desde las poblaciones, denuncias que demuestran el aumento de la violencia y las provocaciones en todo el Estado. En los Altos, los pobladores de Cotsilnam y Aldama dicen que por la noche hay entrenamiento paramilitar y que hay pintadas amenazando a diáconos acusados de zapatistas. En Chulúm Juárez y Nueva Revolución, en el norte, el grupo paramilitar Paz y Justicia avisó a la comunidad que serán desalojados a fin de diciembre. En poblados de la selva ocurrió cosa parecida.
La hora de los caracoles
Del diálogo con el activista Eduardo Serrano, así como de las consultas realizadas por este diario a otras fuentes en Chiapas y el Distrito Federal, surge una impresión: tanto el zapatismo como las fuerzas que le son afines están en fase de repliegue.
–Después de la marcha que llevó al EZLN, incluido el Subcomandante Marcos, al Distrito Federal en 2001, ¿el zapatismo perdió iniciativa política?
–No estamos en condiciones de responder eso. Por nuestro trabajo de campo podemos dar testimonio de que ahora las comunidades están dando prioridad a una nueva forma de poder local vía “caracoles”.
–¿De qué se trata?
–En agosto, los zapatistas decidieron crear cuatro centros de poder local donde rigen los usos y costumbres indígenas como ley suprema. Cada “junta del buen gobierno” imparte justicia, atiende la salud, la educación, el comercio, crea su registro de matrimonios y defunciones, y recoge los aportes voluntarios de la comunidad, una forma de impuesto.
–¿Esto implica desobediencia civil ante el Estado?
–Ellos dicen que las “juntas del buen gobierno” son una respuesta al “mal gobierno”, porque traicionó los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas de 1996. Eso implica no pagar impuestos ni reconocer a la policía ni a la justicia oficial.
–A través de Radio Insurgente, el EZLN insta a mantener la unidad. ¿Creció la división?
–Nosotros no podemos hacer una afirmación de ese tipo. Pasa que el zapatismo, al defender la autonomía respecto del Estado, también rechaza los programas asistencialistas como el Progresa y Procampo, y hay campesinos que prefirieron recibir esas ayudas. Los zapatistas dicen que eso es un arma de doble filo porque así quedan obligados a pagar impuestos al gobierno, o “al mal gobierno”, como dicen ellos. Pero lo más peligroso es que hemos recibido denuncias de que los grupos paramilitares obligan a recibir esos programas de ayuda, y quien no acepta es expulsado. ¿Por qué los grupos de choque hacen eso? Porque en realidad, lo que quieren es atacar la autonomía de los “caracoles”.