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Las petroleras le traerán un dolor de cabeza al gobierno boliviano de transición que lidera Carlos Mesa. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a una treintena de empresas del sector, anunció ayer que rechaza los cambios anunciados por el gobierno en la ley de hidrocarburos y dejó entrever que algunas de las compañías podrían optar por marcharse del país. El próximo 28 de marzo una consulta popular definirá en general una nueva política de gas y en particular la política de hidrocarburos.
Con 54,8 trillones de pies cúbicos de reservas estimadas, los hidrocarburos son una de las principales esperanzas de un país que, como describió Mesa, está “técnicamente quebrado”. Por eso, el gobierno prepara modificaciones a la ley vigente, lo que tendría entre otras consecuencias un aumento a los impuestos a pagar por los ingresos, los que se medirían de acuerdo con la producción por barriles de cada campo, como ya se usa por ejemplo en Colombia y Perú. Para el presidente de la CBH, Raúl Kieffer, la ley vigente “tuvo sus objetivos y fue exitosa a nivel internacional. Se crearon las reservas y se trajo la inversión (unos 3500 millones de dólares). Querer cambiar ahora, cuando se está a mitad de cruzar el río, es un tema problemático. Las normas hay que respetarlas”.
Pero para el gobierno no hay marcha atrás. La ley será reajustada aunque todavía no se sabe en qué medida, porque el proyecto está en elaboración. El ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, ha anticipado que los cambios serán sólo para los contratos futuros y para los actuales que violen la ley tal como está hoy.
“Que se vayan”, contestó tajante el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, cuando se le preguntó sobre la presunta intención de las petroleras de irse del país en desacuerdo por el cambio de las normas. Kieffer, que se niega a profundizar en sus declaraciones hasta que conozca al menos un borrador de anteproyecto, ha aclarado que no hay una intención conjunta de irse y que una vez llegado el momento cada miembro de la CBH decidirá qué camino seguir.
El gas y los hidrocarburos serán los temas del referendo que convoca el gobierno para marzo. Según ha enfatizado Mesa, en la consulta, más allá del asunto de la exportación de gas y el uso de puertos chilenos o peruanos, lo que debe definirse es la política a aplicar en el futuro en ambos sectores.
La iniciativa de exportar gas a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno fue el embrión de las protestas populares que precipitaron la caída del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre pasado –Mesa era el vicepresidente–. Sectores radicales, de marcada influencia, defienden ahora que el gas no debe ser vendido al exterior sino usado internamente. Algunos analistas económicos coinciden en que para un país “técnicamente quebrado” como Bolivia es imprescindible exportar el gas, aunque con mayor transparencia que las gestiones que desarrollaba el anterior gobierno.
De esa perspectiva, la necesidad de captar ingresos es vital para el futuro del país, en especial ahora que la posibilidad de recibir recursos externos concesionales a largo plazo y con bajos intereses se evaporó con la decisión del consorcio LNG de cortar negociaciones con Bolivia, a raíz del clima social, y comprarle gas a Indonesia. La anunciada ayuda estaba supeditada a la comercialización con Estados Unidos y México. Mesa dijo que al definirse una política de gas e hidrocarburos se podrán conciliar las dos opciones: atender la demanda doméstica y exportar. “El gas es un elemento fundamental para captar ingresos que favorezcan al pueblo de Bolivia”, enfatizó el mandatario.