Tal como anunció el domingo, a pocas horas de sufrir el duro revés de la derrota del Sí en el plebiscito por la paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reunió ayer a los jefes de los partidos de la base oficialista y abrió el juego a las demás fuerzas –en especial el Centro Democrático del triunfador Alvaro Uribe– para encarrilar entre todos nuevas negociaciones con las FARC, en tanto la guerrilla incorporó un nuevo punto de discusión al rechazar el carácter jurídico de la consulta.

Bogotá amaneció ayer con la actividad típica de los días hábiles, aunque al visitante no se le escapa la preocupación de los ciudadanos –aun los que votaron por el No– ante la incertidumbre de qué ocurrirá una vez que el acuerdo logrado tras casi cuatro años de negociaciones cayera en el vacío.

Además, Santos ratificó ayer en el cargo al jefe del equipo de paz del gobierno, Humberto de la Calle, y lo nombró junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa interlocutor con la oposición uribista para reconducir la negociación con las FARC.

Santos dijo que designó a De la Calle, así como a la canciller, María Ángela Holguín, y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que comiencen los diálogos que “permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar la guerra con las FARC”. “El país necesita unidad. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto daño nos hacen”, argumentó en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde mantuvo una reunión con líderes políticos.

El gobernante dio así un espaldarazo al jefe negociador, quien ayer puso a disposición del mandatario su cargo tras el triunfo del No en el plebiscito celebrado la víspera para consultar a los colombianos sobre el acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre con las FARC.

Santos dijo además que recibió “con entusiasmo” que el Centro Democrático, cabeza visible del “no” en el plebiscito, designara tres voceros “para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz”.

En un comunicado difundido previamente, ese partido anunció la designación del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, de su compañero de fórmula en las elecciones de 2014 Carlos Holmes Trujillo, y del senador Iván Duque para reunirse “con los delegados que el gobierno designe”. “Vamos a continuar. Vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para dejar a las próximas generaciones un país en paz, tranquilo, sin conflicto armado. El país que se merecen”, subrayaron desde el Centro Democrático.

El jefe de Estado aseguró que se reunió “con los voceros de los partidos que hacen parte de la Unidad para la Paz” y con los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano, y de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, para tratar la coyuntura del proceso con las FARC tras la derrota en el plebiscito. “Les agradezco su respaldo para seguir buscando la paz y para establecer los diálogos necesarios para no echar al traste casi seis años de grandes esfuerzos que culminaron con el acuerdo con las FARC”, resaltó.

Santos agradeció además “las manifestaciones de apoyo y de estímulo para no desfallecer en la búsqueda de la paz” que, aseguró, ha recibido de varios jefes de Estado.

“Con la voluntad de paz de todas las partes, estoy seguro de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos. De ser así, el país saldría ganando y el proceso terminaría fortalecido. De nuestra parte, existe toda la voluntad y la determinación para que así sea”, aseguró. Sin embargo, pidió “actuar con prontitud y poner límites de tiempo”, al señalar que “la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido” en materia de paz

El comando de las FARC, en tanto, reiteró ayer su compromiso con el proceso de paz en el país, pero señaló que el plebiscito de ayer, que rechazó por escaso margen ese acuerdo, “no tiene efecto jurídico”, sino “político”.

En un comunicado difundido en Cuba y recogido por medios colombianos, el estado mayor guerrillero aseguró que “la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político, el acuerdo final ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna, ello le concede innegable e irrevocable efecto jurídico”.

La posición de las FARC incorpora como nuevo elemento en la discusión la calidad jurídica del plebiscito, que tuvo carácter vinculante según lo había resuelto la Corte Constitucional.

“Reafirmamos ante Colombia y el mundo que los frentes guerrilleros permanecerán en cese el fuego definitivo como medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el gobierno”, se consigna también en el texto leído por el líder de la insurgencia Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

Este domingo, el 50,21 por ciento de los colombianos rechazó el acuerdo de paz frente a un 49,78 que votó por la implementación del pacto, en un resultado sorpresivo que abre una etapa de total incertidumbre en el país. Tanto el gobierno como las FARC habían manifestado previamente a la celebración de la consulta, que un triunfo del No implicaría que el acuerdo final de paz no podrá aplicarse.

Las FARC destacaron que la paz “debe prevalecer por encima del odio y la violencia” y señalaron que conseguirla es “constitucionalmente un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. “Los sentimientos guerreristas de quienes quieren sabotearla, jamás serán más poderosos que los sentimientos de concordia, inclusión y justicia social”, afirmó la guerrilla.

Desde La Habana, el equipo negociador de las FARC convocó “al movimiento social y político a respaldar resueltamente mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera”, con lo que se podría augurar un estado de agitación callejera de moderada intensidad para los próximos días y meses. Ayer al mediodía, por ejemplo, grupos de estudiantes marcharon hacia el palacio de gobierno para reclamar que se revitalice el acuerdo de paz.

En el interior del edificio, Santos iniciaba en ese mismo momento el complejo esfuerzo de tejer alianzas dentro y fuera de la base oficialista para buscar un “gran acuerdo nacional” que le dé el impulso que necesita para revitalizar el diálogo, siempre y cuando la jefatura guerrillera se avenga a esa discusión, pues por ahora las FARC sólo mostraron actitudes dialoguistas y expresaron consignas de férreo apoyo a la paz.

Para ese nuevo colectivo político, Santos aguarda la decisiva intervención de su antecesor Uribe, quien anunció que quiere “aportar a un gran pacto nacional” por la paz que corrija los “errores” del acuerdo entre el gobierno y las FARC.

Mientras tanto, decenas de países de la región, más la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas salieron presurosas a apoyar el proceso de paz y a ofrecer sus buenos oficios, si es que sirvieran para algo, porque a nadie se le escapa que el retorno del conflicto colombiano sería no sólo una catástrofe humanitaria sino también un enorme fracaso de la política y la diplomacia.

El gobierno de Estados Unidos se sumó a los apoyos, aunque aclarando que deberán tomarse “decisiones difíciles” en el país a partir del resultado de la consulta (ver aparte).

El mundo financiero reaccionó con cautela al resultado del plebiscito, pero una leve suba del dólar y bajas en algunas acciones estarían marcando que el mercado no quiere la incertidumbre política originada tras el triunfo del No. Algunos especialistas advirtieron, incluso, que las calificadoras de riesgo podrían bajarle la puntuación al país.

Consultores políticos y analistas –que prefirieron no referirse al hecho de que ninguna encuesta detectó no ya el resultado final sino una estrechez de al menos cinco puntos porcentuales entre uno y otro voto– aseguraron que el principal punto del acuerdo de paz que los ciudadanos rechazaron fue el de la creación de una justicia transicional que iba a encargarse de juzgar a aquellos guerrilleros que confesaran sus delitos y les iba a imponer penas de “restricción de libertad”, una figura que no garantizaba condenas de cárcel efectiva.