El Parlamento catalán dio ayer un nuevo paso unilateral hacia la independencia al aprobar una resolución que contempla la celebración de un referéndum el próximo año, mientras que los tribunales españoles avalaron las denuncias del gobierno nacional contra dos altos cargos del gobierno local por desobediencia.

La resolución fue aprobada con los votos de los partidos independentistas Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) y la abstención o rechazo del resto. Los diputados del partido liberal Ciudadanos y del conservador Partido Popular (PP) rechazaron votar, con las manos en alto, en señal de protesta. Cataluña sigue así con lo anunciado la pasada semana por su presidente, Carles Puigdemont, quien dijo que convocará un referéndum de independencia en septiembre del año que viene, cuando esta región española estará lista para la desconexión de España. El político anunció entonces que haría todo lo posible para seguir con su plan unilateral para convertir a Cataluña en un Estado independiente.

Así, la resolución aprobada ayer confirma la celebración de la consulta “como muy tarde” en esa fecha, haya o no acuerdo con el gobierno español. También incluye la creación de un consejo asesor y de una comisión de seguimiento para impulsar un proceso constituyente en esta región del noreste español donde viven 7,5 millones de personas. Tras ganar las elecciones locales de hace un año, Puigdemont anunció que iniciaba el camino hacia la independencia. Desde entonces se dieron algunos pasos, pero el gobierno español del conservador Mariano Rajoy los impugnó todos ante los tribunales.

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) español ordenó a la Fiscalía que actué penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber permitido la votación que abrió la puerta a la vía unilateral de secesión de Cataluña. “Estoy convencida de que cumplí estrictamente el reglamento del Parlament (Parlamento catalán) al permitir una cosa extraordinariamente normal como es hablar, debatir y votar”, aseguró Forcadell luego de recibir la decisión del tribunal, dejando claro que volvería a actuar de la forma en que lo hizo “Está en juego la democracia y la razón de ser de un Parlamento”, añadió la diputada catalana en conferencia de prensa en la cámara regional, para luego advertir que los tribunales españoles no conseguirán pararlos, ni atemorizarlos, ni coartar la libertad de expresión.

El TC se pronunció ayer después de que la Abogacía del Estado, que actúa a instancia del gobierno de Mariano Rajoy, presentó un “incidente de ejecución” ante una sentencia dictada por el propio constitucional, que prohibió explícitamente a los diputados catalanes tomar medidas contrarias a la ley que tuvieran como objetivo romper con la unidad de España. Ahora, pide a la Fiscalía que exija la “responsabilidad penal” que corresponda a Forcadell y cualquier otro que estuviese implicada en aquella acción de desobediencia. La Fiscalía ya se había pronunciado a favor de actuar contra la presidenta del Parlament (Parlamento catalán) al entender que había actuado contra la ley.

La medida adoptada por el TC llega tres días después de que la Fiscalía pidiera diez años de inhabilitación para el ex presidente catalán Artur Mas por haber celebrado la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 (9-N) pese a que había sido prohibida. Por su parte, el Tribunal Supremo también ordenó ayer seguir adelante con el proceso contra Fracesc Homs, el ex consejero de Mas y actual diputado en el Congreso español, por haber participado en la organización de esa consulta.

El plan de secesión de Cataluña es uno de los mayores desafíos que afronta España, con un gobierno interino liderado por Rajoy desde diciembre, después de dos elecciones generales consecutivas en las que ganó su Partido Popular (PP) pero sin mayoría para gobernar.

El presidente catalán, Puigdemont, quien asumió en enero, renovó la semana pasada la confianza de la cámara para seguir adelante con la hoja de ruta de secesión.