La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aplazó el debate sobre la responsabilidad de Maduro.
Imagen: EFE.

En Venezuela comenzaron a verse señales de alivio a la crisis política después de que el gobierno de Nicolás Maduro liberara a cinco dirigentes opositores presos y la oposición suspendiera la marcha que había convocado para el jueves al Palacio de Miraflores, a pedido de la Iglesia venezolana y del Vaticano. El clima de distensión se completó con el acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuya mayoría reposa en manos de la oposición, que acordó posponer por unos días el debate para determinar la responsabilidad política del presidente Maduro, en lo que la Cámara considera el “quiebre del hilo constitucional”. El Papa saludó el acercamiento entre las partes y dijo que apuesta todo por el diálogo iniciado el domingo como único camino para solucionar el conflicto (ver aparte).

El anuncio de la excarcelación de los reos opositores estuvo a cargo de la canciller Delcy Rodríguez y fue confirmado por el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, y el alcalde del municipio caraqueño Sucre, el también opositor Carlos Ocariz. Cuando un grupo de periodistas le preguntó en Ginebra –donde asistió a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas– si la liberación de los opositores representaba una primera señal de la voluntad del gobierno para que el diálogo iniciado con la oposición tuviera éxito, Rodríguez respondió con un lacónico “sí”.

Sobre el alcance de las negociaciones con el gobierno para que los opositores recuperaran la libertad, Ocariz afirmó que nada tuvieron que ver con un acuerdo con el oficialismo. “No hubo ningún pacto de una cosa por otra, en lo absoluto”, señaló el alcalde, aunque reveló la existencia de gestiones dirigidas a que otros opositores presos recuperen la libertad y afirmó que no quería anunciar nombres ni fechas tampoco para no interrumpir ese proceso.

Aunque no se llegó a la cifra exigida, la liberación de por lo menos 13 opositores encarcelados –sobre 101 registrados, según el último informe de la ONG Foro Penal Venezolano– fue una exigencia planteada por Voluntad Popular (VP), el partido encabezado por el ex alcalde preso Leopoldo López, para sumarse más tarde, tras haberse rehusado a participar desde el comienzo al diálogo.

Washington valoró el gesto de Caracas de liberar a los opositores y pidió hacer lo mismo con el resto de los presos por motivos políticos en el país, con el fin de facilitar un diálogo efectivo entre el gobierno venezolano y el antichavismo. “Damos la bienvenida a los informes de que se ha liberado a algunos prisioneros políticos detenidos por el gobierno de Venezuela. Llamamos a la liberación inmediata de todos aquellos que están presos por sus ideas políticas”, dijo un vocero del Departamento de Estado estadounidense.

Por ahora, VP aparece como el único de los cuatro mayores partidos de la MUD que se mantiene al margen del diálogo con el gobierno, al revés de lo que resolvieron las otras tres fuerzas, Acción Democrática (AD, del presidente del parlamento, Henry Ramos Allup), Primero Justicia (PJ, del ex candidato presidencial Henrique Capriles) y Un Nuevo Tiempo (UNT, del también ex candidato presidencial preso Manuel Rosales).

En un contexto de acercamiento, la MUD aplazó una decisión y dejó sin efecto otra, en ambos casos, con el objeto de facilitar las condiciones para que el diálogo continúe. Suspendió la sesión de la Asamblea Nacional convocada para ayer, en la que estaba previsto que la mayoría opositora debatiera las supuestas pruebas que indican que el gobierno del presidente Maduro rompió el orden constitucional.

“La sesión fue pospuesta debido a que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país”, explicó el jefe de la bancada de la oposición, Julio Borges. La otra suspensión tiene que ver con la marcha de protesta convocada para mañana, que tenía la pretensión de llegar hasta las puertas del palacio presidencial de Miraflores, pese a que el gobierno había advertido que no estaba autorizada.

La cancelación de la marcha, anunciada por Ramos Allup, fue acordada por AD, PJ y UNT, pese a la disidencia de VP, cuyo diputado Freddy Guevara pidió a la MUD que no vuelva a “diferir una decisión política si el presidente no respeta la Constitución”. La manifestación del jueves era motivo de preocupación porque el chavismo había advertido que no estaba autorizada y movilizó desde ayer, antes de conocerse que la protesta no tendría lugar, a miles de simpatizantes que marcharon frente a la sede la Asamblea Nacional y tenían previsto concentrarse frente a Miraflores para acampar allí hasta el jueves. La suspensión de la marcha hasta la sede del gobierno fue pedida expresamente ayer al mediodía por el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, en declaraciones a la televisora Globovisión.

El subsecretarios de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, que llegó a Caracas y conversó con Maduro, se reunió también con Torrealba, Ramos Allup, Borges y un grupo de diputados opositores.