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El gobierno británico negó ayer que el fiscal general, Peter Goldsmith, cambiara de opinión sobre la legalidad de la guerra en Irak con respecto al derecho internacional, con el fin de dar garantías a los mandos militares. Según el diario The Observer, el fiscal general fue obligado a reconsiderar su opinión “equívoca” para convencer a los responsables de las fuerzas armadas británicas de que la guerra era legal incluso sin que una resolución de la ONU autorizara explícitamente el recurso a la fuerza. La polémica estalló a raíz de la retirada de los cargos contra una empleada de los servicios secretos británicos, Katharine Gun, que divulgó un informe secreto estadounidense sobre las escuchas telefónicas de delegados del Consejo de Seguridad de la ONU antes de la guerra de Irak. La ex ministra de Desarrollo Internacional Clare Short, que dimitió en mayo pasado denunciando la política británica en Irak, aseguró que la opinión de Goldsmith había sido “manipulada” para convencer a las fuerzas armadas de la legalidad de la guerra.