Sáb 03.04.2004

EL MUNDO

Cuando la penalización contra la ETA se vuelve una alta política de Estado

Arnaldo Otegi, líder de la organización política que representaba a la ETA, fue condenado ayer a 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por enaltecer la violencia. El dirigente de Batasuna se enfrenta el próximo 29 a otro juicio por amenazas a la Ertzaintza.

Por Aitor Guenaga *
Desde Bilbao

El dirigente de la ilegalizada Batasuna y parlamentario de Socialista Abertzaleak (SA) Arnaldo Otegi está siendo cercado judicialmente por sus encendidos discursos ante sus seguidores y sus invectivas contra la Ertzaintza (policía vasca). El próximo 29 de abril volverá a ser juzgado por el mismo tribunal que lo acaba de condenar por enaltecimiento del terrorismo. La fiscalía lo acusa de un delito de amenazas contra la policía vasca a raíz de unas declaraciones realizadas en torno del cierre de las sede de Batasuna, en una rueda de prensa celebrada el 21 de agosto de 2002.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado esta semana a Otegi a 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Otegi, acompañado por su abogada, la también parlamentaria de SA, Jone Goirizelaia, aseguró que “este tipo de sentencias sí que de verdad hacen apología de la lucha armada en este país”. En la citada resolución judicial del alto tribunal vasco fue absuelto el también parlamentario de Batasuna Jon Salaberria, quien portó junto a Otegi el féretro de la activista de ETA Olaia Kastresana, destrozada al hacer explosión el artefacto que manipulaba en Torrevieja (Alicante), en julio de 2001.
El líder de la ilegalizada Batasuna, en un acto político tras el funeral celebrado por la terroristas de ETA, mostró su “aplauso más caluroso a todos lo ‘gudaris”, dijo que era la “generación nacida en el Estatuto la que se adhiere a la lucha armada para expresar su compromiso político” lo que, a su juicio, demostraba que “aportar por el Estatuto no hace sino prolongar el conflicto, y Olaia Katresana es una prueba”.
La sentencia no considera probado que Otegi y Salaberria “fueran conscientes” de que el féretro que portaban “estuviera cubierto por una bandera con el anagrama de la organización terrorista ETA”, ni que mientras lo llevaban “profirieran los imputados gritos o se manifestaran de alguna forma a favor de ETA”. Por ese motivo, Salaberria, que ya fue condenado en septiembre pasado a un año de prisión y siete de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo, fue absuelto.
Por contra, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Roberto Saiz, recoge un pormenorizado análisis de las declaraciones de Otegi. El tribunal infiere que “a fuer de negar legitimidad al Estatuto y por derivación a todo el orden constitucional establecido, orienta la solución” al conflicto “hacia los mismos postulados de quienes pretende subvertir el orden constitucional, justificando así como necesarias sus actividades, que incluye en la expresión genérica luchar armada”. La Sala cree que Otegi, con sus declaraciones, elige la tesis de que “la lucha armada de la organización terrorista ETA resulta indispensable para conquistar un derecho de autodeterminación imposible de alcanzar por cauces distintos de los de acción violenta”.
La letrada de Arnaldo Otegi anunció ayer que recurrirán la sentencia condenatoria en casación ante el Tribunal Supremo y puntualizó que, en todo caso, el parlamentario de SA no ingresaría en prisión porque sus antecedentes se “han cancelado y no son computables”. La Audiencia Nacional condenó a Otegi a seis años de prisión por el secuestro del empresario Luis de Abaitua y cumplió la pena.
Otegi, en cualquier caso, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el 29 de abril. Este juicio, que ha sido pospuesto ya en dos ocasiones (la última el pasado miércoles) está motivado por unas declaraciones amenazantes realizadas por el acusado en una rueda de prensa en 2002. Otegi, en referencia a los partidos del tripartito vasco, y al “lenhendakari”, dijo “que no se les pase por la cabeza utilizar losmecanismos de que disponen para golpear a Batasuna, cerrar sus sedes y colaborar con la estrategia genocida del Estado español”, en alusión a la Ertzaintza. En el juicio han sido citados como testigos políticos del tripartito vasco, dirigentes de sindicatos de la Ertzaintza como Erne, CC OO, y el viceconsejero vasco de Seguridad, Mikel Legarda.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

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