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El primer ministro Tony Blair no sabía, su ministro de Defensa, Geoff Hoon, tampoco. Mucho menos enterado parecía estar el secretario del ministro, Adam Ingram, a cargo del Departamento de las Fuerzas Armadas. En suma, en el gobierno laborista, ayer todos parecían ignorar “hasta hace muy poco” el informe de la Cruz Roja Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en las prisiones en Irak, a pesar de que la organización lo había entregado a las máximas autoridades de la coalición en Irak en febrero y que expresó por primera vez su inquietud por el tema hace ya un año.
En la Cámara de los Comunes, el ministro Hoon pidió ayer disculpas a los iraquíes que hubieran sufrido malos tratos, pero defendió la conducta del gobierno, diciendo que el Reino Unido había respondido de inmediato a las denuncias. El ministro debió soportar con estoicismo las estocadas del portavoz de defensa de los conservadores, Nicholas Soames. “Esta es una señal más de un gobierno que ha perdido completamente el control de lo que sucede en Irak. Si es verdad que el ministro de Defensa no sabía nada sobre el informe presentado en febrero, también lo es que debería haberlo sabido. Es muy complaciente y negligente de su parte no haberse informado al respecto”, indicó Soames. Al igual que el Senado estadounidense con Donald Rumsfeld, el Parlamento británico cuestionó al gobierno que no hubiera informado a la Cámara sobre las denuncias. “Esta Cámara de los Comunes votó a favor de enviar nuestras tropas a la guerra. Si surge la más remota duda sobre sus acciones, esta Cámara debe ser informada de inmediato”, indicó el diputado de los liberal-demócratas Paul Keech.
El informe de la Cruz Roja, filtrado al periódico estadounidense The Wall Street Journal, es el resultado de visitas de la organización a 14 lugares de detención en Irak entre marzo y octubre del año pasado. El documento no siempre diferencia con claridad las actividades de las fuerzas de los Estados Unidos y las de Gran Bretaña, pero permite identificar una serie de incidentes ocurridos bajo custodia británica, en especial el arresto de nueve personas, que terminó con la muerte de una de ellas en Basora el 13 de septiembre de 2003 y violaciones a los derechos humanos en el sector de interrogatorios del Campo de Umm Qasr, la primera localidad iraquí que cayó en manos de la coalición durante la guerra.
Hoy, Amnistía Internacional publica un duro documento sobre una serie de instancias en que las fuerzas británicas mataron a civiles –incluyendo a una niña de 8 años– sin que mediara una amenaza real. En el informe, Amnistía subraya que las autoridades británicas hicieron “la vista gorda” en casos de asesinatos ilegales perpetrados por grupos que simpatizaban con la coalición. Y en la Alta Corte de Justicia de Londres se añadirán ocho casos más a los 12 presentados la semana pasada de muertes ilegales de iraquíes en Basora, zona a cargo de las tropas británicas. Los abogados de estos 20 iraquíes, apoyados por varios diputados británicos, exigen que la Justicia autorice una investigación judicial independiente para determinar lo que sucedió en estos casos.
El impacto político de las denuncias es cada vez más pronunciado. Una encuesta publicada ayer en el matutino The Independent indica que un 55 por ciento cree que las tropas británicas deberían abandonar Irak el 30 de junio, fecha de la transferencia del poder formal a un gobierno iraquí de transición nombrado por la coalición. El mes pasado, los guarismos eran exactamente inversos: un 51 por ciento pensaba que las tropas deberían quedarse. Según varios analistas británicos, las denuncias de violaciones a los derechos humanos están minando la última justificación que habíapara la invasión de Irak. “Se habló de armas de destrucción masiva y no se hallaron. Entonces se dijo que la guerra había sido para liberar a la población iraquí e implantar la plena vigencia de los derechos humanos. Todas estas fotografías muestran un panorama bastante diferente, ¿no?”, señaló ayer el analista político Michael Cox.