Una purga masiva en la cúpula policial paraguaya se producirá en los próximos días, tras acusaciones de entorpecimiento de la pesquisa para hallar a Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas, secuestrada y encontrada muerta el miércoles. Un senador y una analista también apuntaron a la posibilidad de que los secuestradores tuvieran protección de “fuerzas corruptas” de la policía, pero rechazaron la supuesta vinculación de la guerrilla colombiana de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el asesinato. La versión sobre esta relación es la principal hipótesis del fiscal general Oscar Latorre, que informó que los captores le pidieron consejos a la guerrilla sobre cómo manejar el secuestro. Por su parte, el senador José Nicolás Morinigo, cuyo partido País Solidario está vinculado a la Internacional Socialista, advirtió que el hecho “puede ser utilizado para reprimir movimientos sociales” como consecuencia de que tres integrantes del partido político de izquierda Patria Izquierda están detenidos.
El asesinato de la joven, de 31 años, que estuvo secuestrada durante casi cinco meses y por cuyo rescate se pagaron 800 mil dólares, desató una crisis institucional en Paraguay, país que retornó a la democracia en 1989 con el derrocamiento del ex dictador Alfredo Stroessner. La intención de la purga policial es descabezar “verdaderos feudos intocables” de los cuadros policiales que habrían ocultado información durante la pesquisa para dar con el paradero de la secuestrada. El objetivo es además, “moralizar la institución” para devolverle la credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, el jefe de Estado confirmó en sus funciones al jefe de Policía, comisario Carlos Zelaya, y a su ministro del Interior, Nelson Mora. Una dura pugna se instaló en el seno de las fuerzas de seguridad al ventilarse datos de inteligencia que dieron cuenta que algunas autoridades conocían el paradero del cautiverio de Cecilia. Las acusaciones apuntan al comisario Merardo Palacios, ex jefe de la Comisaría de Ñemby, en cuya jurisdicción se encontró el cuerpo de la mujer. Palacios fue sumariado e investigado por ocultar información sobre el hallazgo de la vivienda, mucho tiempo atrás. Se lo acusa de haber actuado en forma extorsiva al presionar a sus superiores para ser nombrado jefe de Inteligencia policial a cambio de proceder al allanamiento. En una declaración a la fiscalía, Palacios se desdijo de una afirmación a la prensa, en la cual señaló que el ministro del Interior estaba enterado de sus informes sobre la existencia de la vivienda sospechosa.
El fiscal general paraguayo Oscar Latorre señaló que ha obtenido información que apuntan a que los delincuentes tuvieron asesoramiento del extranjero. “Accedimos a un correo electrónico donde solicitan, al que consideramos el líder de la banda, que los colombianos identifican como perteneciente a Rodrigo Granda, un asesor que les facilite las negociaciones con la familia”, explicó. Sin embargo, Latorre descartó que la muerte de Cubas corresponda a un crimen político y señaló que la investigación determinará si hubo objetivos políticos secundarios. El fiscal confirmó que cinco personas están detenidas, mientras que otras cinco tienen orden de captura pendiente, y aseguró que están preparando “otras tantas órdenes”. Confirmó, además, que tres de los detenidos están vinculados al partido de izquierda Patria Libre.
La analista Nilda Rivarola se opuso a la versión del fiscal y opinó que “Todo parece ser local. Si hubieran sido las FARC estaría mejor hecho”. Rivarola dijo, sin embargo, que el partido Patria Libre, involucrado en el caso reivindica públicamente su vinculación con la guerrilla colombiana, pero señaló que “yo no creo que haya colombianos metidos en el asunto”. “Las FARC nunca hacen este tipo de cosas. Ellos intercambian a sus secuestrados por dinero. Pero no los matan”, señaló Rivarola, considerada una de las más prestigiosos analistas de Paraguay. La experta sugirió que los secuestradores pudieron “haber obtenido protección de parte de fuerzas corruptas” y remarcó que “está situación es normal en Paraguay”. La analista rechazó que el caso sea una “venganza política” y advirtió que”está claro que después de este asesinato se va a empezar a reprimir y a encarcelar a todo el mundo” en Paraguay, donde los movimientos de campesinos son muy poderosos.
Por su parte, el senador José Nicolás Morinigo dijo que “no se pueden ideologizar estos actos criminales, porque abren las puertas a una visión errónea de la realidad”. El legislador señaló que el asesinato de la hija de Cubas “es un hecho criminal realizado por una banda delictiva” y remarcó que “hay mucha preocupación en Paraguay con los movimientos sociales, especialmente el movimiento campesino”. Cuando se le preguntó sobre la posible implicancia de las FARC con el hecho, respondió que Patria Libre “tiene una vinculación política que no necesariamente significa una relación de carácter criminal con el secuestro”.